Condenan a siete años de prisión a exintendenta por malversación
LA HABANA.- La exintendenta del municipio de Puerto Padre, Maricela Alonso Ojeda, ha sido sentenciada a siete años de prisión tras ser hallada culpable del delito de malversación, al apropiarse de bienes estatales destinados a la venta a la población.
De acuerdo con una nota oficial del Tribunal Provincial Popular de Las Tunas, replicada por el diario estatal Periódico 26, Alonso Ojeda no actuó sola. Mario Quirino Infante Sosa, señalado como cómplice en los hechos, recibió una pena de seis años de privación de libertad.
Ambos fueron procesados bajo la causa penal número 225 del 2024, que incluyó acusaciones relacionadas con corrupción administrativa, tales como tráfico de influencias y cohecho. Sin embargo, el tribunal determinó su culpabilidad únicamente por el delito de malversación.
Uso indebido de bienes estatales
Según la sentencia, la exfuncionaria abusó de su posición administrativa para desviar productos destinados a la población, en complicidad con Infante, quien se encargaba de la logística de traslado y comercialización ilícita de los mismos. El tribunal subrayó que estos actos constituyen malversación, de acuerdo con el artículo 297.1 del Código Penal cubano.
“La acusada aprovechó la distribución de productos estatales para apropiarse de parte de ellos en su beneficio personal, actuando conjuntamente con Mario Infante”, detalla el informe judicial.
Alonso Ojeda fue considerada autora principal del delito por su posición de autoridad y control sobre los bienes estatales, mientras que Infante fue catalogado como colaborador al facilitar la reventa de los productos desviados.
Además de la pena de prisión, ambos acusados enfrentan restricciones adicionales: no podrán ejercer cargos ni funciones relacionadas con la administración de recursos materiales y financieros, han perdido sus derechos políticos y se les ha prohibido salir del país hasta cumplir su condena en su totalidad.
El tribunal asegura que el proceso judicial se llevó a cabo respetando el debido proceso y las garantías legales de los acusados.
Investigaciones previas y otras implicaciones
El caso de corrupción de Alonso Ojeda había sido reportado en enero pasado por el portal Cubanos por el Mundo, que reveló su detención y la investigación de varios funcionarios municipales, incluidos Yanisleidys Fernández López, primera secretaria del Partido Comunista en Puerto Padre, y Juana Álvarez Fernández, secretaria de la Asamblea Municipal del Poder Popular. Ambas fueron mencionadas en el testimonio del administrador del Palacio de Pioneros, identificado solo como Mario, también implicado en los hechos.
Las acusaciones contra los implicados incluían desvío de recursos estatales para abastecer mipymes locales, falsificación de documentos, robo y venta ilegal de combustible estatal, así como abuso de poder. Se informó que al menos cinco procesos adicionales estaban en curso en el territorio, involucrando a distintos funcionarios.
En un movimiento no relacionado directamente con este caso, pero que no parece casual, este martes se anunció la destitución de Walter Simón Noris como primer secretario del Partido Comunista en Las Tunas, tras menos de un año en el cargo, sin que se precisaran las razones de su salida.
Corrupción en Cienfuegos: desvío de recursos en un parque fotovoltaico
La corrupción en las altas esferas del poder en Cuba no se limita a Puerto Padre. En Cienfuegos, un reciente escándalo que investigó Cubanet estuvo vinculado al retraso y sobrecostos en la construcción del parque fotovoltaico de Alcalde Mayor, en el municipio de Abreus, ha resultado en la destitución de varios funcionarios.
Durante una visita de Miguel Díaz-Canel a la provincia, se anunció la remoción de José López Zuñet, miembro del Buró Ejecutivo del Partido en Cienfuegos, y de Mayré Fornaris Soriano, quien apenas en febrero de 2024 había asumido como Primera Secretaria del PCC en el municipio de Rodas.
El proyecto, que inicialmente debía estar operativo en noviembre de 2024, ha sido pospuesto en múltiples ocasiones, con la última fecha de inauguración prevista para febrero de 2025. Sin embargo, el retraso se ha visto agravado por un incendio que destruyó parte de la obra, así como por el robo de componentes y el desvío de recursos, lo que ha elevado el costo de ejecución casi cinco veces por encima del presupuesto inicial de 1,150 millones de pesos y 16 millones de dólares.
Fuentes cercanas a la investigación señalan que varios funcionarios y empresarios privados en Abreus y Rodas están implicados en el contrabando de materiales destinados a la construcción del parque. Además, se ha vinculado este caso con la investigación que llevó a la destitución del ex vice primer ministro Jorge Luis Perdomo Di-Lella en octubre de 2024. Aunque las autoridades han mantenido un hermetismo sobre el alcance de la corrupción en este proyecto, la destitución de López Zuñet y Fornaris Soriano apunta a que las irregularidades llegan a los más altos niveles del gobierno.