El gobierno de Claudia Sheinbaum debe atender el problema de las áreas naturales protegidas de México
Claudia Sheinbaum asume el timón de un país que incumple con sus compromisos ambientales, que golpea los presupuestos para las áreas protegidas, que no ha actualizado la lista de especies en peligro en casi 15 años, y en el que apenas existen planes de manejo para una biodiversidad que representa nada menos que el 12% de las especies conocidas de la Tierra. Los frentes abiertos son muchos.
Ante todo, la vida. México incumple con el Acuerdo de Escazú, primer tratado ambiental de América Latina y el Caribe, porque no garantiza un entorno seguro para las personas defensoras de la tierra y el medio ambiente. De 2019 a 2023, en tierras mexicanas fueron asesinadas 151 defensoras. En 2021, México fue el país con el mayor número de asesinatos, con un total de 54. Más del 40 % de los asesinatos de defensores de la tierra y el ambiente durante 2023 en México se relacionaron con operaciones mineras.
Sin embargo, en México no solo están en peligro las vidas humanas. El país está lejos de alcanzar su promesa de proteger el 30% de sus zonas terrestres, cosa a la que se comprometió en el Marco mundial Kunming-Montreal del Convenio sobre la Diversidad Biológica. Hoy roza el 14% en protección terrestre y el 25% en marina. De hecho, acaba de recibir recursos internacionales para lograr esta y otras metas, antes de 2030.
En México, la deforestación avanza. Entre 2019 y 2022, el Sistema Nacional de Monitoreo Forestal contó 775,147 hectáreas deforestadas, más del 70% fueron selva. Un informe del Consejo Civil Mexicano para la Silvicultura Sostenible (CCMSS) precisa que la Península de Yucatán, región que supera la tasa nacional de deforestación, perdió 285,580 hectáreas de selvas entre 2019 y 2023. La desaparición de 6,000 de ellas se debió a la principal obra de infraestructura impulsada por el gobierno de Andrés Manuel López Obrador (AMLO) en la región: el Tren Maya. En 2021, durante la 26ª Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP26) México prometió detener la deforestación para el año 2030.
México hace poco para mitigar los daños al ambiente causados por el uso de combustibles fósiles. Aunque en 2015 el país se comprometió a reducir el 22% de sus emisiones de gases de efecto invernadero, entre las inversiones más robustas del gobierno de López Obrador destacan la refinería Dos Bocas y plantas de combustibles fósiles.
México también es vulnerable al clima extremo. En 2024, vivió una de sus peores sequías, las olas de calor mataron a 125 personas y, en primavera, se documentaron 300 monos aulladores muertos por el calor. A esto se suman huracanes intensos e impredecibles, como Otis, la erosión de las costas y el repunte de incendios. Durante el gobierno de López Obrador, la superficie afectada por el fuego rozó las 5 millones de hectáreas.
Entre todos los frentes abiertos enlistados por el especialista, uno destaca por servir como epítome del cuestionable grado de compromiso que México ha demostrado frente a los problemas ambientales en el los últimos años: la vulnerabilidad que sufren las Áreas Naturales Protegidas (ANP) del país.
Vida silvestre abandonada
“México no se puede dar el lujo de ignorar la agenda ambiental otros seis años”, señala Rodrigo Medellín, investigador del Instituto de Ecología de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), uno de los científicos más destacados en conservación de vertebrados terrestres y primer director de Vida Silvestre de la desaparecida Semarnap (hoy Semarnat). Mi encuentro con él ocurre antes de que caiga la noche en el Jardín Botánico de la UNAM. Lo entrevisto mientras apoya a un grupo de universitarias en la captura de murciélagos con redes de niebla. Medellín tenía 13 años cuando sostuvo un murciélago por primera vez. A medida que los animales alados caen en las finas trampas, escucho al investigador hablar sobre el abandono de la vida silvestre en el México.
Cada país debe tener una lista de especies en peligro actualizada. Funciona como base para planear su conservación. Hace cuatro años y medio, Medellín fue consultado para revisar esa lista, pero la nueva versión nunca se publicó, a pesar de que la Ley General de Vida Silvestre establece que debe ser revisada y, de ser necesario, modificada cada 3 años. La última versión es de 2010. “No hay planes de recuperación de especies en peligro. Hay dos o tres. No hay programas de seguimiento a especies prioritarias, ni revisión de las Unidades de Manejo para la Conservación de la Vida Silvestre. En todo el sexenio no se ha publicado una Norma Oficial Mexicana (NOM-059) de especies en riesgo”.
México forma parte del grupo de 12 países que, en conjunto, concentran el 70 % de las especies del planeta. Medellín opina que Claudia Sheinbaum deberá restaurar el trabajo de la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad (Conabio), una institución que, según el científico, colocó a México a la vanguardia mundial porque “indicaba dónde está la biodiversidad, cuánta hay, qué amenazas enfrenta y cómo aprovecharla de manera sustentable. Este gobierno la destruyó casi por completo”.
Surfistas, lugareños y científicos han frenado planes de construcciones hoteleras para defender las olas ideales de Punta Colorada, cerca de Puerto Escondido, pero la contaminación en la zona las sigue amenazando.
El laboratorio de Medellín investiga la ecología y conservación de especies vertebradas, los servicios ecosistémicos que prestan y el manejo de áreas naturales protegidas. Para hacer trabajo de campo de forma legal, su equipo necesita permisos, pero en los últimos años, “la Dirección General de Vida Silvestre se convirtió en una ventanilla chiquitita para emitir los permisos de investigación, colecta y exportación. La gente de esa dirección pone trabas a la investigación sin pensar en el impacto en la conservación y el desarrollo sustentable”.
Planes y evaluación de áreas protegidas
El gobierno de AMLO celebró pasar de 182 Áreas Naturales Protegidas (ANP) en 2018 a 225 en 2024. El número puede lucir grande, pero el diablo está en los detalles. “Podríamos decretar 10,000 áreas protegidas de una hectárea cada una. La superficie que incorporan es patética”, señala Medellín.
