El Gobierno negocia ‘in extremis’ con Podemos para que se abstenga y salve la reforma fiscal
El ministerio encabezado por María Jesús Montero afronta una jornada crítica para salvar la reforma fiscal o al menos, la tributación mínima del 15% para grandes grupos y multinacionales comprometida con Bruselas y ligada al desembolso del quinto pago de los fondos europeos. Tras una jornada ‘maratoniana’ en el Congreso de los Diputados, los socialistas consiguieron salvar la transposición de esta directiva tras cerrar un acuerdo en la Comisión de Hacienda con EH Bildu, ERC y BNG para extender un año el impuesto a las energéticas. Sin embargo, este compromiso choca con lo pactado con Junts, por lo que Podemos no está dispuesto a dar su apoyo en balde y ya ha amenazado con votar en contra, como ya hizo en diciembre con el subsidio por desempleo.
Por ello, el Gobierno ha iniciado una negociación ‘in extremis’ con este grupo con la que busca convencer a sus cuatro representantes en la Cámara Baja para que se abstengan en la votación de este jueves en el pleno, lo que permitiría que la norma saliera adelante al contar con el resto de apoyos del bloque de investidura. Su apoyo parece descartado después de que sus portavoces hayan condicionado su voto favorable a que se mantenga el impuesto a las energéticas tal y como se diseñó para responder a la crisis de precios de la guerra de Ucrania, sin excluir a las entidades que hagan inversiones para reducir su impacto climático. El diputado Javier Sánchez Serna explicó que su grupo no se había unido al pacto de la izquierda por considerar que lo que el socio mayoritario del Ejecutivo había puesto sobre la mesa era una «promesa vacía».
La vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Hacienda y el responsable de Presidencia, Félix Bolaños, están en contacto con Belarra para explorar vías de acuerdo. El equipo de Montero se inclinaría por diseñar «incentivos a la descarbonización» pese al rechazo que han expresado los morados en público a este tipo de planteamientos. «A nosotros no nos vale con retratar a Junts y al PNV, sino que queremos el impuesto» inciden desde esta formación, según recoge EFE. Al tiempo que el partido de Carles Puigdemont incide en que ellos lo que han pactado es que «no habrá impuesto, ni gravamen, ni nada parecido».
El Ejecutivo se mueve por tanto, en un complicado baile de equilibrios, por el que tiene que buscar la forma de contentar a los socios nacionalistas de izquierdas y a los situados a la derecha, muy preocupados por no comprometer las inversiones o los puestos de trabajo generados en las principales compañías energéticas o en la banca -donde se ha acordado un nuevo tipo del 7%, que gravará los ingresos a partir de 5.000 millones de euros-. Al tiempo que tiene que contener al grupo de Belarra, que ya puso en práctica su capacidad de bloqueo a las medidas ligadas a los fondos de Recuperación, Transformación y Resiliencia a finales del año pasado con la reforma impulsada por el Ministerio de Trabajo y Economía Social.
Casi un año después, el Gobierno se expone de nuevo a perder parte de los 7.200 millones de euros con los que está dotado el próximo paquete de fondos europeos. Si bien, no es lo único que arriesga con este paquete fiscal que se ha visto adelgazado durante la tramitación parlamentaria por la falta de apoyos -impuestos al diésel o a las socimis- sino que este también había sido incluido en el plan de ajuste estructural remitido a la Comisión Europea hace apenas un mes.
