El Tribunal Supremo permite que entre en vigor la ley contra el blanqueo de capitales

El Corte Suprema allanó el camino el jueves para la aplicación de una ley federal contra el lavado de dinero que requiere que las entidades corporativas revelen las identidades de sus verdaderos beneficiarios reales al Departamento del Tesoro.

Los magistrados suspendieron una orden judicial a nivel nacional emitida el 3 de diciembre por un juez federal de Texas que había llegado a la conclusión de que el Congreso se había excedido en sus poderes conforme a la Constitución de los Estados Unidos al aprobar la Ley de Transparencia Corporativa. La ley de 2021 fue impugnada ante los tribunales por pequeñas empresas.

Los jueces actuaron después de que el Tribunal de Apelaciones del Quinto Circuito de Estados Unidos, con sede en Nueva Orleans, permitiera que la orden entrara en vigor antes de la fecha límite del 13 de enero que la mayoría de las empresas habían enfrentado para presentar sus informes iniciales a la Red de Ejecución de Delitos Financieros del Departamento del Tesoro, conocida como FinCEN. .

Ex-presidente joe bidenLa administración había pedido a la Corte Suprema que suspendiera la orden judicial. Dijo que millones de entidades ya habían cumplido con el requisito de presentación de informes antes del fallo del juez de distrito estadounidense Amos Mazzant que bloqueó la aplicación de la ley a nivel nacional a pesar de que las pequeñas empresas no pidieron ese resultado.

La orden judicial fue obtenida por la Federación Nacional de Empresas Independientes, que junto con varias pequeñas empresas impugnaron la ley a través de abogados del conservador Centro de Derechos Individuales.

Un beneficiario final se define como un individuo que directa o indirectamente posee o controla una empresa. Esta ley exigía que las corporaciones y compañías de responsabilidad limitada, o LLC, reportaran información sobre sus beneficiarios finales a FinCEN, que recopila y analiza información sobre transacciones financieras para combatir el lavado de dinero y otros delitos.

Los partidarios de la medida han dicho que fue diseñada para abordar la creciente popularidad de Estados Unidos como lugar para que los delincuentes laven fondos ilícitos mediante la creación de entidades como LLC bajo leyes estatales sin revelar su participación.

«Los requisitos de presentación de informes de la ley son importantes para el gobierno a la hora de prevenir, detectar y procesar delitos como el lavado de dinero, el fraude fiscal y la financiación del terrorismo», escribió la procuradora general de la administración Biden, Elizabeth Prelogar, en un escrito dirigido a la Corte Suprema.

Mazzant, con sede en Sherman, Texas, dictaminó que el Congreso no tiene autoridad bajo sus poderes para regular el comercio, los impuestos y los asuntos exteriores para adoptar el «estatuto cuasi orwelliano» y que probablemente violaba los derechos de los estados bajo la Décima Enmienda de la Constitución.

Prelogar, en su escrito ante la Corte Suprema, argumentó que el fallo del juez era demasiado radical y equivocado, citando la autoridad del Congreso bajo la llamada Cláusula de Comercio de la Constitución para regular las actividades económicas que afectan el comercio interestatal.