Pescado de mar, uno de los alimentos más caros en Cuba

SANTA CLARA, Cuba. – Desde hace más de una década, una frase popular pasó a formar parte del refranero cubano cuando se quiere indicar cierto trueque desfavorable para alguna de las partes implicadas, y que adquiere similar simbolismo que la expresión española “gato por liebre”. El dicharacho “pollo por pescado” no es más que el resultado de ese amplísimo diccionario coloquial emanado de la reiterada escasez en Cuba.

El pescado fue por algunos años un alimento incorporado a la libreta de abastecimiento para dietas médicas y la población en general. Específicamente, solía venderse al mes medio kilo per cápita del llamado jurel o chicharro, hasta que el pollo de importación vino a sustituir hasta los días de hoy el demandado producto. De hecho, ante la escasez sempiterna en las carnicerías, en 2017 los propios medios oficiales aseguraron que se decidía “eliminar el concepto de pollo por pescado y acordar la distribución del primero como parte del proceso del reordenamiento de la canasta familiar”. 

En un país rodeado de mar resulta paradójico y hasta surreal que no se comercialice el pescado o los mariscos en establecimientos del Estado, y que conseguirlo en zonas urbanas alejadas de pueblos costeros sea prácticamente impensable. Datos recientes recopilados por El Toque en una serie de reportajes confirman que “cada una de las islas del Caribe que comparten condición geográfica con Cuba mantienen niveles de consumo de pescado superiores a los de la mayor de la Antillas” y que este archipiélago queda por detrás de países con poblaciones similares como Haití, Honduras y Guatemala. 

Actualmente, el pescado y los mariscos solo se adquieren con regularidad en el mercado informal a precios bastante altos y, en el caso de la provincia de Villa Clara, en los últimos meses ha mermado su venta “por la izquierda” debido a los cortes eléctricos de más de 12 horas en ciudades o poblados de la costa norte como Caibarién e Isabela de Sagua, lo cual impide la adecuada conservación y posterior tráfico del alimento.

En otros tiempos menos complejos, Yordanis Pérez, residente en Caibarién con familia en Santa Clara, trasladaba los paquetes de filetes y ruedas de pargo o de masa limpia de macabí y los proponía por Revolico con servicio a domicilio. Acostumbraba a llegarse hasta la ciudad cabecera dos o tres veces por semana para mantener este negocio en el que salían ganando desde los consumidores habituales de su mercancía hasta los propios pescadores de su municipio. 

“Lo llevaba bien congelado y empaquetado para que no diera el olor en las guaguas, pero ahora con los apagones es imposible, se echa a perder”, advierte este intermediario, que también coincide en que ciertamente el demandado alimento ha alcanzado precios demasiado altos en comparación con meses anteriores, equiparándose a la carne de cerdo, la más cara y especulativa que se consigue en Cuba. En grupos públicos de compraventa se promocionan ofertas como esta: apenas dos libras de filete de pargo, róbalo o cherna a 2.500 pesos. Las langostas y camarones superan con creces la cifra anterior. 

“Ha subido porque hay quien tiene miedo a traficarlo y que se lo decomisen”, agrega el caibarienense. “Además, muchos pescadores andan parados porque no tienen combustible o porque les han metido multas, otros porque sus embarcaciones no cumplen con lo que dice la ley. Los que se mantienen pescando prefieren venderle lo que cogen a los restaurantes que les pagan hasta en dólares o a los minuteros [vendedores de pan con pescado empanizado]”.

En 2020 entró en vigor una nueva Ley de Pesca en Cuba tras más de dos décadas sin actualizarse la anterior legislación, que correspondía al año 1996. Con la normativa se buscaba integrar a aquellos “pescadores comerciales no estatales” que a partir de su aprobación podían solicitar una licencia o contratarse con empresas pesqueras. La medida intentó incorporar a esos pescadores privados al régimen de seguridad social y reducir así la captura ilegal. Sin embargo, los propios medios oficiales reconocen que muchos han estado renuentes a contratarse con las empresas pesqueras, que supuestamente son las que cuentan con “avituallamientos para apoyar la labor que realizan”, como el hielo para conservar la mercancía. 

De la entrada en vigor de la Ley de Pesca a la fecha nuevas resoluciones han venido a modificar este panorama legal en Cuba, sobre todo las que permiten a los pescadores vender sus productos sin necesidad de estar contratados por una empresa estatal. “El problema es que cuando le vendes al Estado no ves el dinero hasta un tiempo y por eso mucha gente prefiere sacarlo por la calle”, explica René Fleites, pescador de las costas de Trinidad, en Sancti Spíritus. “El precio ha subido porque también nos cuestan las varas que andan por los 10.000 y 15.000 pesos o los carretes de cordel. Nos ponen muchos obstáculos como que hay especies que no puedes coger, por ejemplo, las que tienen un pesaje específico, o salir en embarcaciones que ellos dicen que no están aptas”. 

En la provincia de Villa Clara, el periódico Vanguardia informó que, hasta junio pasado, los inspectores de la Oficina Nacional de Inspección Estatal (ONIE) habían impuesto 34 multas con un valor de 97.000 pesos por concepto de violaciones de la Ley de Pesca, sobre todo a personas que no contaban con licencia, que utilizaban “artes no establecidas”, por realizar la pesca submarina en días no instituidos y la captura de especies tóxicas o vedadas. Además, el medio indicó que, en dependencia de la “gravedad de la infracción detectada”, también pueden aplicarse medidas accesorias como la suspensión o cancelación de la licencia, el decomiso del producto o las embarcaciones y artefactos usados. Casi todos los multados operaban en el área del pedraplén que conduce a la zona turística de Los Cayos.

Todo lo anterior, sumado a la peligrosidad que implica lanzarse al mar en condiciones precarias, ha derivado en los precios tan altos del pescado. Jonás, otro pescador de Caibarién, ilustra que es imposible que los que realizan esta actividad por su cuenta puedan garantizar un surtido estable para entregar una parte al Estado tal y como dicta la ley. “Lo primero es que el combustible hay que comprarlo en la calle, y barato no está”, dice. “A veces, lo que cogemos son buchitos que a duras penas nos alcanza para consumir uno mismo y vender. Si el Estado dice que no tiene recursos, imagínate nosotros que nos metemos al agua con cuatro palos y trozos de poliespuma jugándonos la vida”. 

Específicamente, en la llamada Villa Blanca los pescadores particulares manifestaron a las autoridades, en agosto pasado, sus insatisfacciones con las normas que se les aplican sobre las tallas mínimas, que difieren de las permitidas para los estatales, que sí pueden pescar animales de mayor tamaño; y la imposibilidad de adquirir artículos para sus embarcaciones como baterías y piezas de repuesto.  

Mientras tanto, en Villa Clara, que existe un número considerable de establecimientos dedicados, en teoría, a la venta de productos del mar ―son conocidos como Pescavilla―, desde hace tiempo se sigue ofertando “pollo por pescado” (ya sea croquetas, picadillo o salchichas). La semana pasada, en el Pescavilla del reparto Sandino, se vendían únicamente cabezas de langosta al precio de 80 pesos la libra. El dependiente que atendía el pesaje explicó que habían tenido bastante salida: “La gente las coge, las hierve y alguna masita les saca para hacer arroz”. En otra situada en la calle Martí por estos días “ha volado” el “picadillo fluvial” porque, según un trabajador, “son muy pocos los paquetes que trae el carro para tanta demanda” y enseguida saca una cuenta que más bien se asemeja a un lamento: “Antes no se vendía casi, la gente los compraba para los perros y los gatos”.