Querétaro y los centros de datos: el alto costo hídrico y social del paraíso tecnológico de México
En 2022, el gobernador Mauricio Kuri, del Partido Acción Nacional (PAN), aprobó una ley que privatiza toda el agua del estado, permitiendo a empresas vender concesiones entre ellas, directamente desde los acueductos. Esto no es nuevo: desde 1992, la Ley de Aguas Nacionales equipara el uso del agua entre hogares y corporaciones. Sin embargo, el auge de la IA y el nearshoring han llevado esta práctica al extremo.
El agua limpia de los acuíferos se destina a los centros de datos, mientras que la población local recibe agua residual tratada. Un informe del Museo Bajo de Tierra reveló que el 76% de las fuentes de agua en Querétaro están contaminadas por desechos industriales, siendo no aptas para el consumo humano.
Promesas vacías de empleo y sostenibilidad
El gobierno local declaró que cada centro de datos de Microsoft crearía 100 empleos directos y 20,000 indirectos. Sin embargo, dos años después de su inauguración, solo 17 personas trabajan en total en Ascenty1 y Ascenty2. Esto representa un incumplimiento del 83% de lo prometido.
Para justificar su expansión, las autoridades afirman que los centros de datos “no contaminan” y que no son una industria, por lo tanto, están exentos de impuestos ambientales. No obstante, el hecho de que el 70% de la energía en Querétaro provenga de combustibles fósiles, junto con el manejo de residuos electrónicos, los convierte técnicamente en industrias contaminantes.
En paralelo, Microsoft retiró en marzo de 2024 su objetivo de neutralidad de carbono para 2030, reconociendo que sus metas eran “actualmente inalcanzables”.
Desplazamiento de comunidades indígenas
Las comunidades indígenas, como el pueblo Maconí, son las más afectadas. En 2006, firmaron un tratado con el gobierno que prometía mejorar la infraestructura municipal a cambio de acceso al agua para construir el Acueducto II. El gobierno nunca cumplió. En su lugar, la comunidad fue dejada en una zona hoy devastada por la sequía.
En octubre de 2023, los Maconí organizaron una marcha y plantón de 10 días en la Plaza de Armas. El gobierno accedió a suministrar agua en pipas y energía eléctrica, pero no abordó la raíz del problema: el acaparamiento del agua por parte de la industria tecnológica.
La expansión de centros de datos también interactúa con el sistema ejidal, que permite la venta de tierras comunales si las comunidades votan a favor. Empresas inmobiliarias han profando espacios ceremoniales y suplantado a ejidatariospara influir en estas decisiones. En 2022, 72 activistas fueron asesinados en México, más de la mitad defensores indígenas del territorio.
El gobierno ha utilizado diversas formas de intimidación para ocultar información sobre los centros de datos. Académicos de la Universidad de Querétaro, institución pública, se han negado a apoyar litigios por miedo a represalias. Periodistas locales evitan cubrir el tema, y algunos han llegado a exigir pagos de hasta 150,000 pesos para hacerlo.
En Colón, una localidad justo al lado de Ascenty2, la mayoría de los residentes no sabe qué es un centro de datos ni qué es la inteligencia artificial.
Frente a este panorama, han surgido movimientos de resistencia. Voceras de la Madre Tierra, una organización de justicia ambiental, realizó en julio de 2024 una intervención pública ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Exigieron el reconocimiento del agua como derecho humano; la transparencia total sobre los proyectos de centros de datos; la regulación estricta del uso de agua en estas instalaciones. Pero el gobierno y las empresas no respondieron.