67 denuncias desde cárceles cubanas en marzo
MADRID, España.- El sistema penitenciario cubano sigue siendo escenario de graves violaciones de derechos humanos, como alerta el más reciente informe del Centro de Documentación de Prisiones Cubanas (CDPC). Solo durante el mes de marzo, esta plataforma independiente documentó 85 eventos relacionados con personas privadas de libertad, de los cuales 67 ocurrieron dentro de prisiones y centros de detención distribuidos en 12 provincias del país y en el municipio especial Isla de la Juventud.
De esos 67 incidentes, 60 estuvieron directamente vinculados a violaciones de derechos humanos, un patrón que refleja la sistematicidad de los abusos en el sistema penitenciario cubano. Las provincias más afectadas fueron Mayabeque, La Habana y Camagüey, y entre los centros más reportados se encuentran el Combinado del Este, la prisión de Guanajay y Melena del Sur.
Muertes evitables y crisis de salud en las cárceles
Uno de los aspectos más alarmantes del informe es el registro de cuatro muertes en la cárcel de Boniato, en Santiago de Cuba. Estas muertes se suman a otras 14 documentadas en los meses anteriores. El total de fallecimientos se eleva a 18 solo en el primer trimestre de 2025. Las causas apuntan a: desnutrición, tuberculosis, insuficiencia renal y falta de atención médica oportuna. Los fallecidos fueron identificados como Israel Cabrera, Aliandris Arce Salazar, Giovanis Ferrer Verdecia y Ramón Alayo Anglada.
El informe resalta que los brotes de enfermedades contagiosas como la tuberculosis son recurrentes, favorecidos por el hacinamiento, la falta de agua potable y el deterioro sanitario generalizado. En la prisión Kilo 8, en Camagüey, se reportaron desmayos frecuentes entre los reclusos a causa del hambre, atendidos por los propios presos ante la inacción del personal penitenciario.
Hambre, corrupción y castigos como norma
A la crisis sanitaria se suma la situación alimentaria crítica, agravada por la corrupción interna. En al menos nueve prisiones se reportaron quejas sobre la mala calidad, escasa cantidad y falta de variedad de los alimentos. Los presos denuncian restricciones para almacenar comida enviada por sus familias, lo que ha generado niveles alarmantes de desnutrición.
Parte de esta situación se debe al robo sistemático de insumos por parte de algunos guardias, quienes los desvían para la cría de cerdos o el mercado negro. Además, el informe señala prácticas como la venta ilegal de minutos telefónicos y la circulación de drogas dentro de las cárceles, en muchos casos con la complicidad de las autoridades.
El castigo como mecanismo de control y represión se mantiene. Traslados arbitrarios de prisioneros, en muchos casos como represalia por denunciar abusos, fueron documentados durante el periodo. En algunos casos, los traslados derivaron en períodos de desaparición forzada, como ocurrió con el preso político Rolando Yusef Pérez Morera, cuyo paradero fue ocultado por las autoridades incluso ante su familia.
Violencia física, amenazas y aislamiento
El informe da cuenta de nuevos casos de tortura y violencia física, entre ellos, golpizas mientras los reclusos estaban esposados, como sucedió con Alejandro Morales Pereira en la prisión La Pendiente (Villa Clara) y con un preso identificado como Mauricio en Kilo 7 (Camagüey). Este último fue posteriormente trasladado a enfermería, donde los torturaron usando el método conocido como “el potro”, que implica inmovilización forzada a una cama.
La represión incluye también chantajes y amenazas. A Amaury Díaz García, por ejemplo, le advirtieron que aumentarían la condena de su hijo si no accedía a colaborar como informante. Otros presos políticos, como Ángel Castro Carrera y Jorge Martín Perdomo, fueron amenazados con nuevos procesos penales por denunciar las condiciones de detención.
También se documentaron violaciones al derecho de visita y a los beneficios penitenciarios. A Saylí Navarro Álvarez se le negó la visita de su madre por presentarse vestida de blanco, en alusión a las Damas de Blanco. De forma arbitraria se suspendieron los pases penitenciarios de José Ramón Solano y Daynel Cambell Curré, este último en huelga de hambre en protesta.
El informe del CDPC concluye subrayando que estos casos documentados son apenas una fracción de la realidad. El control total del régimen sobre el sistema carcelario, la falta de transparencia y la criminalización de quienes denuncian impiden una radiografía completa de la situación.