Saiz aprobará en noviembre el nuevo reglamento que facilitará la legalización de inmigrantes
El Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones ultima la aprobación del nuevo reglamento de extranjería junto a los representantes de empresarios y trabajadores de la Comisión Laboral Tripartita de Inmigración (CLTI) y las comunidades autónomas. La ministra del ramo, Elma Saiz, mostró en repetidas ocasiones su voluntad de conseguir la luz verde para esta normativa este año, y todo apunta que lo logrará en noviembre, como confirman fuentes del departamento de Migraciones a elEconomista.es.
Este nuevo reglamento prevé flexibilizar los requisitos que enfrentan los inmigrantes a la hora de regularizar su situación, principalmente para autorizar la residencia y dar permisos de trabajo, para mejorar las vías de entrada y permanencia regular, además de simplificar los procedimientos administrativos. Cobra especial importancia la renovación del reglamento ante el boom de inmigrantes ilegales que están llegando tras la pandemia.
Desde el departamento de Migraciones del ministerio de la Seguridad Social explican que estas semanas se están «analizando y estudiando todas las propuestas presentadas en plazo, con vistas a incluir todas aquellas que sean viables y mejoren el texto» tras la fase de audiencia pública. «Esperamos concluir el texto en los próximos días, para que el reglamento pueda entrar en vigor a la mayor brevedad posible, y siempre manteniendo el plazo marcado por la ministra», confirman estas mismas fuentes, en referencia al mes de noviembre.
El Gobierno prevé ofrecer más facilidades en este sentido para los extranjeros víctimas de explotación laboral e incorpora nuevas fórmulas de arraigo para facilitar el acceso al empleo para los no nacionales ya residentes en España. El Ejecutivo dará más peso al arraigo como fórmula que las personas que ya están en España y no están autorizadas para trabajar, puedan hacerlo. Recalcando, en todo caso, que las líneas generales que pudo conocer elEconomista.es en verano podrían variar tras la incorporación de propuestas en esta nueva fase de negociación en la que se encuentra el reglamento.
Por poner en contexto el arraigo, a finales de 2023 había 210.334 personas con autorización de residencia gracias a esta figura, 77.000 de ellas lo hacían por primera vez. El arraigo social y el familiar son las figuras que predominan a la hora de permitir residir a los foráneos. El 90% de las personas con autorización inicial de arraigo social están empleadas y han protagonizado un incremento del 159% personas afiliadas con este arraigo.
Nueva figura: arraigo de segunda oportunidad
El arraigo laboral ha estado prácticamente en desuso durante la última década, con efecto residual y ahora se sustituirá por el arraigo de segunda oportunidad, dando por hecho que el arraigo social ya funciona y genera empleo. La ‘segunda oportunidad’ se diferencia en dos supuestos, aunque para ambos se exigen dos años de permanencia en España. Bajo el primer supuesto, pide de seis meses a un año de trabajo acreditado en diferentes condiciones (de 30 a 15 horas semanales, respectivamente), siendo este periodo de actividad realizado en situación regular.
En el segundo supuesto, pide demostrar que los dos años previos ha contado con autorización de residencia temporal. Así, trata de cubrir aquellos casos de irregularidad sobrevenida como consecuencia de la imposibilidad de haber renovado la autorización de la que se disponía. Los estudiantes quedan fuera de esta fórmula: si terminan sus estudios, deben volver al país de origen, salvo que aprovechen el periodo de búsqueda de empleo.
El arraigo por formación ha arrancado desde 2022 (casi 44.000 solicitudes a finales de junio de 2024) en puestos agrícolas, personal de limpieza, camareros, peones de transporte, construcción o ayudantes de cocina. Uno de los objetivos es agilizar estos trámites dado su crecimiento exponencial y evitar formaciones inadecuadas para integrar a los extranjeros en el mercado laboral: el irregular podrá cursar la formación a la vez que solicita el asilo, a la par que ofrecen la posibilidad de trabajar por un máximo de 20 horas semanales, entendibles si aprueban los estudios formativos.
De esta forma, será un arraigo socioformativo o sociolaboral de nueva creación. Las Comunidades deberán evaluar previamente que estos extranjeros cumplan unos requisitos ahora suavizados. Solo se exigirán dos años de permanencia continuada antes de la solicitud de arraigo, cuando antes eran tres.
En el caso de la expedición de permisos de residencia por circunstancias excepcionales, en especial aquellos relativos al arraigo, reforzará el mecanismo con especial atención a mujeres extranjeras víctimas de violencia de género, violencia sexual y a las potenciales víctimas de trata.
El reglamento prevé mejorar la regulación de las actividades de temporada, favoreciendo las «contrataciones colectivas» en origen, un procedimiento para la concesión de autorizaciones iniciales de residencia y trabajo y de autorizaciones de residencia y trabajo para actividades de temporada respecto de aquellas personas extranjeras que no se hallen o residan en España a través de su tramitación colectiva en origen a partir de las ofertas presentadas por uno o varios empresarios. Esta fórmula está estrechamente relacionada con los trabajos de temporada y con la contratación circular, el modelo que ha venido defendiendo Saiz junto al presidente Pedro Sánchez en su gira por países africanos.
Los estudiantes tendrán un trato especial. Las personas que vienen a España a realizar estudios superiores no van a tener que renovar sus permisos cada año, si no que van a disfrutar de una autorización que dure lo que duren sus estudios. Facilitará también una vía rápida o un ‘fast-track’ para poder enlazar este permiso con una autorización de trabajo una vez acabados los estudios, de forma que los estudiantes van a poder trabajar desde el primer momento, una vez acabada la formación.
El departamento de Migraciones tiene varias tareas, según se desprende el Plan Anual Normativo del Ministerio que encabeza Saiz. Se comprometió a realizar un plan para ‘repatriar’ a los jóvenes que salieron de España en épocas de crisis, como publicó este medio, aunque no ha más novedades al respecto. También ha propuesto una flexibilización de las condiciones para atraer trabajadores no comunitarios cualificados, tal y como avanzó este medio.
