Los votantes tunecinos dan la espalda en las urnas a la reelección del presidente Kais Said | internacional
Los votantes tunecinos parecen haber dado la espalda en gran medida a la reelección de Kais Said, de 66 años, en las elecciones presidenciales de este domingo, en las que cinco horas antes del cierre de los colegios solo había votado un 14% de los censados. . Son los mismos ciudadanos que en 2011 inauguraron las revueltas de la primavera árabe al expulsar del poder al dictador Zin el Abidín Ben Alí y acudieron después a las urnas en los primeros comicios democráticos (con una abstención del 37% en 2014) desde la independencia de Túnez, en 1956. Ahora se han desinteresado de un sufragio en el que los principales aspirantes de oposición están en la cárcel o han visto vetada su candidatura.
Elegido en segunda vuelta en 2019 con una participación del 57%, el jurista independiente Said fue recibido con la esperanza de poner fin al desgobierno político y económico en medio de una sobresaltada transición en el país magrebí. Pero en 2021 disolvió el Parlamento, en un autogolpe denunciado por la mayoría de los partidos, y un año después reformó la Constitución para concentrar en su mano los poderes clave del Estado.
Los llamamientos a las urnas organizadas desde entonces en Túnez han revelado el alejamiento de los presionados ante las iniciativas del presidente. El referéndum para revisar la Constitución fue ignorado por el 70% de los inscritos en el censo electoral y las legislativas convocadas para contar con una cámara alineada con el régimen político de Said registradoron en 2023 una abstención de casi el 90%.
A pesar de la apatía ciudadana y de la consigna de boicot a las presidenciales lanzadas por varios partidos, su reelección parece asegurada. El nuevo Parlamento controlado por Said aprobó nueve días antes de la votación una reforma exprés de la ley electoral para privar de la misión de supervisar los comicios al único tribunal que había accionado con independencia ante los recursos de los candidatos de oposición.
Desde el pasado agosto, tres de los principales aspirantes fueron apartados de la carrera hacia la presidencia por la denominada Instancia Superior Independiente para las Elecciones (ISIE), una junta electoral central designada a dedo por Said. El Tribunal Administrativo, el que acaba de haber sido desposeído de sus atribuciones de arbitraje en las campañas electorales, falló a favor de su apelación, pero el ISIE zanjó la cuestión con la exclusión definitiva de los tres. La misma junta electoral central de designación presidencial ha vetado la presencia de observadores locales e internacionales y de varios medios de comunicación extranjeros, entre ellos EL PAÍS.
El pasado martes, la justicia tunecina condenó a 12 años de cárcel por irregularidades en la presentación de avales por parte del diputado liberal Ayachi Zamel, quien acababa de ser ratificado por la junta electoral como uno de los dos candidatos que iban a poder plantar cara a Said en las urnas. El jueves, otro tribunal le sentenció a 18 meses más de internamiento en prisión, en la que ha sido su tercera condena en campaña en varios procesos abiertos en su contra. Varios partidos de oposición han dado la orden de concentrar el voto en Zamel, quien continúa en la liza electoral desde una celda, con el objetivo de forzar una segunda vuelta si el presidente no logra ser reelegido en la primera con más del 50% de los sufragios. El movimiento islamista Ennahda —la mayor fuerza en el Parlamento, disuelto hace tres años y que fue proscrito por el régimen en 2023— ha dado libertad de voto a sus militantes.
El otro aspirante que logró pasar la criba del ISIE, Zuhair Magzahui, líder de una fuerza panarabista minoritaria y antiguo aliado de Said, se ha mantenido prácticamente al margen de la contienda electoral mientras la junta central vigilaba de cerca que sus gastos de campaña no superan los 45.000 euros. La infracción a este límite legal está penada con la cárcel en Túnez.
Primer estallido de la ‘primavera árabe’
Las terceras presidenciales celebradas en Túnez tras el primer estallido de la primavera árabe han contado con una influencia de voto inferior a las dos primeras. A las 13.00 horas (una hora más en la España peninsular) había votado un 14% de los censados, según informó el ISIE, que no tenía previsto facilitar nuevos datos inmediatamente tras el cierre de los colegios electorales, cinco horas después. Durante la mañana, la participación en las presidenciales parecía ser más elevada que en las legislativas de 2023, según constató la agencia Efe en centros de votación de la capital tunecina.
Más de 170 personas se encuentran detenidas en Túnez por su actividad política, de las que 110 están relacionadas con Ennahda, según un reciente informe de Observador de derechos humanos. “Las autoridades han arrestado o excluido de las elecciones a los candidatos de oposición, y han adoptado medidas arbitrarias contra organizaciones de la sociedad civil y medios de comunicación independientes”, advierte la ONG con sede en Nueva York. La erosión de las libertades civiles se ha extendido a partidos y organizaciones sociales.
Entre los líderes detenidos destaca Rachid Ganuchi, de 82 años, expresidente del Legislativo y líder Ennahda. Fue condenado a tres años de cárcel en febrero pasado. Otro dirigente de oposición, el socialdemócrata Jayam Turkisigue entre rejas desde febrero del año pasado, a pesar de que la legislación prohíbe que la prisión provisional se prolongue más de 14 meses Turki, de 59 años, es hijo de una exilada republicana española en Túnez y cuenta con pasaporte español. Se le aplica la legislación antiterrorista, acusado de conspirar contra el Estado por haber reunido a diplomáticos europeos.
Crisis económica y migratoria
La crisis social y el empobrecimiento de los ciudadanos es el principal punto débil del primer mandato de Said, que ha tenido que enfrentarse con la poderosa Unión de Trabajadores de Túnez, que cuenta con un millón de afiliados, en un país de 11 millones de habitantes. . La central sindical se ha opuesto frontalmente al plan de rescate económico impuesto por el Fondo Monetario Internacional para salvar al país magrebí de la bancarrota.
El presidente Said dio hace un año un golpe sobre la mesa de negociaciones del acuerdo migratorio con la Unión Europea, clave para frenar la llegada de pateras al Mediterráneo central, al rechazar por “irrisoria” la ayuda financiera de 127 millones de euros anunciada por Bruselas, frente a los 1.000 millones prometidos. el portazo de Said amenazó con socavar un pacto de “asociación estratégica” para el control de la inmigración irregular que la Comisión Europea pretende utilizar como modelo para otros Estados del norte de África. En esencia, Bruselas aporta ayuda económica para que se bloqueen las salidas de migrantes hacia la UE. El acuerdo llegó finalmente como respuesta a la llegada a Italia de 70.000 personas. Túnez era el origen del 62% de quienes desembarcaban en su territorio. Europa ha prometido un cambio en inversiones millonarias.