Casi el 85% de los empresarios percibe en el intervencionismo del Estado una amenaza para su negocio
El 83,5% de las empresas en España perciben el intervencionismo por parte del Estado como un aspecto clave a la hora de poder evolucionar en sus líneas de negocio. Según la Encuesta Empresarial Círculo 2024, elaborada por el Círculo de Empresarios en colaboración con Apie (Asociación de Periodistas de Información Económica). En el informe, el 83,3% también ven fundamental la transparencia gubernamental y el 82% destaca la seguridad jurídica.
En el estudio, las empresas encuestadas prevén un descenso del PIB al 2,4% en 2025, del 2,7% que se obtuvo en 2023. A lo que Miguel Iraburu, presidente de Grupo de Trabajo, destaca que «el crecimiento de los últimos años se basa en el consumo público, turismo y exportaciones, nosotros consideramos que esto tiene un consumo muy reducido ya que el consumo público no puede seguir creciendo para cumplir con las reglas fiscales y el turismo está llegando a su límite».
En cuanto a la tasa de paro, España se encuentra en el 11,3%, siendo el porcentaje más grande tanto de la UE como de la OCDE. Esto tiene un impacto clave en el clima social. Es una posición que se tiene que mejorar en los últimos años, ya que los más afectados son los menores de 25 años suponiendo el 24,7% del total.
Por ello, entre las cuestiones que más preocupan a los empresarios de la situación social española destacan el elevado nivel de paro estructural, la precariedad laboral, el notable porcentaje de jóvenes que no estudia ni trabaja. Para ellos, todo tiene una gran relación con la calidad del sistema educativo. Entre las iniciativas más beneficiosas para mejorar la calidad de la formación y de la empleabilidad, se mantiene en primer lugar la preferencia por el impulso de la formación profesional y de la formación dual (68%). También destacan el fomento de la capacidad crítica de los estudiantes y el valor del esfuerzo y del mérito (65,3%), y el impulso de la educación orientada al emprendimiento, la innovación, las habilidades digitales, los idiomas y las soft skills (56,5%).
El informe destaca que en deuda pública sobre el PIB, España está, con el 107,7%, en el cuarto puesto, solo por detrás de Grecia, Italia y Francia. «Cada año el país debe entre 70.000 y 80.000 millones de euros anualmente», destaca Iraburu.
Perspectivas empresariales
En cuanto a la situación económica y perspectivas para 2024 y 2025, la valoración que dan los empresarios es negativa, a que creen que en 2025 se deteriorará la economía. Esto se debe a la baja productividad (para el 65,6%), incertidumbre geopolítica (64,9%), reducción de la inversión (40,9%), el débil crecimiento que registran las empresas (40%), los efectos derivados de la inflación (30,8%), la lenta bajada de los tipos de interés (23,7%), el impacto de las normas fiscales europeas (19,6%) y el ritmo de ejecución de los proyectos asociados a los Fondos ‘NextGen’ (17,7%).
A pesar de las malas expectativas, cerca de la mitad prevén que su facturación se incrementará en los próximos 12 meses. Aunque esta cifra contrasta con el dato recogido por el estudio que afirma que sólo el 18,5% esperan una mejora de márgenes (37,3% estima una caída). Por otro lado, en torno al 30% esperan incrementos en sus exportaciones, inversión productiva y plantilla.
De cara al próximo año, las empresas destacan que incrementarán su inversión en digitalización (60,3%), Inteligencia Artificial (59,6%) y ciberseguridad (53,9%). También, cerca del 50% destinarán más fondos a la innovación y el 44,3% a políticas de I+D. Por su parte, la inversión en ESG se mantendrá constante en casi el 60% de las empresas consultadas y aumentará en el 31,6%.
Obstáculos a los que se enfrentan
El principal obstáculo al que se enfrentan las empresas es, por más del 60% de los encuestados, los costes laborales. Por otro lado, más del 50% creen que son las dificultades de acceso a talento cualificado, la elevada fiscalidad, incertidumbre sobre la política española y la carga burocrática, con más de 40% de porcentaje de voto.
Entre las prioridades exigidas a incluir en la próxima Ley de Transformación de la Administración Pública, el 74,9% de los encuestados señalan en primer lugar la evaluación de la eficiencia del gasto y de las políticas públicas. Cerca del 60% señalan la importancia de la coordinación entre las diferentes Administraciones Públicas para evitar duplicidades, y un poco más del 50% el fomento de la colaboración público-privada en la prestación de servicios públicos.
Preocupación por las pensiones
Ante los problemas relacionados con el sistema de pensiones en España, los empresarios ven necesaria es necesaria una reforma que no reste competitividad ni capacidad de crecimiento a la economía. Para ellos, es fundamental que se haga con visión de largo plazo para asegurar su equilibrio, eficiencia y respeto de la solidaridad intergeneracional. En este contexto, entre las medidas propuestas destacan la necesidad de reducir la tasa de paro (62,8%), seguida del fomento de incentivos, tanto a empresas como a trabajadores, para prolongar la vida activa más allá de la edad legal de jubilación (58,6%), y la constitución de un fondo de capitalización individual bajo el modelo de «mochila austriaca» (56,5%).
En cuanto al mercado de trabajo, más del 80% de las empresas encuestadas opinan que las normas que mayor impacto negativo tendrán en su empresa son la prevalencia del convenio autonómico sobre el estatal, las restricciones a la flexibilidad externa en materia por ejemplo de causalidad o indemnización de los despidos, y la reducción de la jornada laboral a 37,5 horas a la semana con el mismo salario.
Todo ello, ligado a la carga impositiva como un factor que perjudica notablemente la competitividad de las empresas y sectores respecto a sus principales competidores internacionales. Así lo manifiestan el 74,4% de los encuestados, una proporción ligeramente superior a la del año pasado, del 73,1%. Para solventarlo, creen que las reformas impositivas más favorables para una mayor competitividad empresarial son los incentivos fiscales a la inversión (77,2%), la reducción de las cotizaciones sociales a cargo de la empresa (58,3%) y aquellas que incentiven la innovación (52,3%).
Con todo, entre las prioridades de política económica en España a medio plazo, según las empresas encuestadas, se destacan el ajuste de las cuentas públicas a través de la evaluación de la eficiencia y la contención del gasto (69,4%) y el diseño de un marco fiscal impulsor de la actividad económica (50,2%).
