El impuesto a las energéticas cae por la falta de apoyo, pero el Gobierno salva el de la banca
El impuesto a las energéticas, que el Gobierno quería hacer permanente, se extinguirá el próximo 31 de diciembre, según afirman fuentes parlamentarias. Hacienda no logra el apoyo de Junts -clave para sacar adelante la iniciativa- a pesar de haber negociado con los de Carles Puigdemont hasta las 18 horas, momento en el que concluía el plazo para presentar enmiendas al articulado del proyecto de ley a través del cual Hacienda pretendía atajar el cambio. Montero sí logra mantener el impuesto a la banca, que será rediseñado para actuar sobre la evolución del ciclo de tipos de interés y las cuentas de las propias entidades, según ha confirmado el PNV en un comunicado. Aún así, la caída del gravamen a las eléctricas supondrá una merma en la recaudación a partir de 2025. La Agencia Tributaria ha ingresado 1.164 millones de euros a través de este tributo durante los dos últimos años.
Junts insistió en la necesidad de que la tasa no perjudicara a las empresas energéticas. Cabe recordar que Repsol amenazó con trasladar sus inversiones a Portugal si la permanencia del impuesto seguía adelante. La compañía que dirige Josu Jon Imaz tiene previsto invertir 1.100 millones de euros en un proyecto para convertir residuos urbanos en combustible en Tarragona. El PNV si habría aceptado la continuidad del impuesto.
Por su parte, los nacionalistas vascos han confirmado que las enmiendas pactadas con el PSOE permitirán que los impuesto a la banca y las multinacionales se apliquen a través de los regímenes tributarios forales del País Vasco y Navarra, en cumplimiento de la Ley del Concierto Económico. El PNV quería que la figura fuera un tributo y poder concertarlo y «graduarlo» en su territorio.
Más fácil ha sido la negociación en torno al gravamen a la banca. Fuentes del sector daban por descontado el acuerdo por el que este tributo se integrará en el sistema fiscal. Pese a que no se conocen los detalles del impuesto, el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, ya adelantó que estará adaptado a la banca para que no tenga efecto en el crédito. La pasada semana, las patronales AEB y CECA rechazaron que el Gobierno hiciera permanente este gravamen y alertado de un impacto directo sobre la capacidad de financiación de la economía real, con una merma estimada de 50.000 millones de euros de capacidad crediticia.
