El Gobierno busca blindar por ley las decisiones del Banco de España para evitar recursos ante Economía
El Gobierno vuelve a utilizar una enmienda a una proposición de ley en trámite -la de la Autoridad de Defensa del Cliente Financiero– para blindar las decisiones administrativas decretadas por el Banco de España, y evitar que puedan ser recurridos ante el ministerio de Economía. Se trata de una modificación de la Ley de Autonomía del Banco de España -de 1994- y que, según fuentes socialistas consultadas por Europa Press, busca «fortalecer la independencia» del regulador financiero. En concreto, defienden que la intención es situar los fallos emitidos por el banco central al nivel de los firmados por otras instituciones, como la CNMV, Competencia o el FROB.
El gobernador de la institución, el exministro José Luis Escrivá, ya anticipó que promovería una reforma de la norma para reforzar los dictámenes o sanciones que el Banco de España emita, durante el discurso de su toma de posesión. El cambio –defienden desde el PSOE- responde además al Mecanismo Único de Supervisión cuyas funciones dependen del Banco Central Europeo (BCE). Es más, añaden, la enmienda tratará de elevar al regulador español a los «más altos estándares internacionales de independencia supervisora». El apartado del artículo de la ley que los de Sánchez pretenden cambiar –de nuevo- a través de un proyecto de ley ajeno, lleva sin actualizarse desde en abril de 1998.
Moncloa ya utilizó el trámite del proyecto de ley sobre la implementación de un tipo mínimo del 15% a las multinacionales para ‘colar’ su reforma fiscal en el proceso de enmienda en la Comisión de Hacienda. Una práctica que –durante los últimos meses- comienza a ser habitual. De hecho, los de Sánchez aprovecharon la ley de paridad, para arrebatar la capacidad de veto a la senda de estabilidad al Senado, mediante otra enmienda que logró el apoyo de una mayoría en el Congreso.
El PP no ha dejado de denunciar esta práctica. «La primera medida que ha tomado el Gobierno es meter por la puerta de atrás la eliminación del veto que tenía el Senado sobre los Presupuestos», dijo en julio el portavoz de economía popular, Juan Bravo, en una entrevista concedida a elEconomista.es. Desde entonces, Génova no ha dejado de criticar que el Ejecutivo introduzca «enmiendas intrusas» a los borradores en trámite parlamentario. «Vulnera los esenciales principios de la técnica legislativa», criticaron hace días los senadores Pepa Pardo y Miquel Jerez tras vetar la ley de Eficiencia del Servicio Público de Justicia en el Senado. La norma contenía hasta 23 enmiendas sin relación con el texto original, critican fuentes de Génova.
