Así funciona un refugio pesquero en el Golfo de México. La meta: que por fin dejen descansar al mar
Hace dos horas que la costa quedó atrás. Al llegar a los puntos señalados por el GPS en el Golfo de México, los motores de las lanchas pasan del estruendo al susurro. En parejas, buzas y buzos entran a la Zona de Refugio Pesquero de Celestún, una de las más grandes de México. El ritual es absoluto: calzarse las aletas, ajustar el chaleco y las mangueras, limpiar el visor, cargar el tanque y los plomos, tomar una tabla para registrar el paisaje marino. Durante los próximos minutos, su vida depende de preparar con cuidado su inmersión a este lugar de esperanza. Buscan restaurar las pesquerías en declive o al borde del colapso, tarea que, según las leyes mexicanas, nadie tiene obligación de realizar.
Las Zonas de Refugio Pesquero (ZRP) son herramientas que el pueblo solicita al gobierno para conservar y repoblar pesquerías y ecosistemas marinos. La de Celestún, decretada en 2019, abarca 324 kilómetros cuadrados y es la única oficial en Yucatán. El verano pasado, su biomasa fue estudiada por el ‘Grupo comunitario de monitoreo submarino de las costas de Yucatán’, con apoyo de buzas comunitarias de Quintana Roo, personal del Instituto Mexicano de Investigación en Pesca y Acuacultura Sustentables (IMIPAS, antes Inapesca) y la asociación civil Comunidad y Biodiversidad (COBI). Su metodología mezcla conocimientos locales con rigor científico.
El problema que enfrentan a nivel local es mundial. La sobrepesca y la degradación ambiental acaban con la biodiversidad de los océanos. Muchos países carecen de voluntad o recursos para restaurarlos. En 2024, mientras las temperaturas de la superficie marina rompieron récords históricos, el informe Planeta Vivo mostraba que, en 50 años, perdimos 56% de las poblaciones marinas; en cuanto a las poblaciones actuales, el 37.7% son objeto de sobrepesca.
En México, se pescan más de 700 especies organizadas en 83 pesquerías, mismas que sostienen a 200,000 familias mexicanas. De acuerdo con IMIPAS, la Carta Nacional Pesquera (CNP) indica que el 17% de las pesquerías están deterioradas, 62% se aprovechan a su máximo sustentable —es decir, en el límite sano de explotación—, y del 15% no hay información sobre su estado. Oceana analizó el mismo instrumento e identificó que «34% de las pesquerías están en malas condiciones”, según la precisión de Esteban García Peña, coordinador de Investigaciones y Política Pública de esta organización internacional.
El daño está hecho, pero la Ley General de Pesca no asigna al gobierno la responsabilidad de recuperar las poblaciones de peces agotadas. “Falta establecer ese proceso de la mano del sector pesquero y sin dejar de lado la ciencia”, señala Nancy Gocher, directora de Incidencia en Oceana, a WIRED en Español. La ONG propuso una iniciativa para que el Estado asuma esa labor. Sin embargo, al constatar el desinterés legislativo —apenas cuatro de 60 propuestas sobre pesca han sido aprobadas desde 2018—, en 2021 presentó un amparo contra el Congreso de la Unión por omisión legislativa, alegando violaciones a los derechos humanos, como el acceso a un medio ambiente sano y a la alimentación. Tras ello, la entonces senadora Nancy Sánchez Arredondo se sumó a la elaboración de un proyecto de reforma para recuperar los recursos pesqueros deteriorados. Al no ser analizada y dictaminada por el Congreso, el proyecto fue congelado.
Ante esa incertidumbre, las comunidades deciden cuidar sitios donde, como dicen, el mar pueda descansar. Hoy hay refugios en Baja California Sur, Quintana Roo y Campeche, que suman más de 2 millones de hectáreas y benefician, directa o indirectamente, a 130 especies. “Cuando se planteó la primera propuesta, parecía una locura”, comenta Alicia Poot desde su oficina, investigadora del IMIPAS y jefa del Centro Regional de Investigación Acuícola y Pesquera (CRIAP) de Yucalpetén. “Algunos creen que es cerrar el mar, pero no. Es trabajar un área de manera sustentable, con vigilancia de la comunidad”.
Los límites de la abundancia
Un día antes de comenzar el monitoreo, el equipo de Celestún se reúne bajo una amplia palapa. Jacobo Caamal, experto en buceo científico de COBI, repasa el plan de los próximos días, aunque su gente lleva meses preparándose para la acción. Entre bromas, da consejos prácticos y usa cocos para mostrar cómo medir pepinos y caracoles de mar, pero su voz suena severa cuando aborda el tema de la seguridad.
Hablan de pepinos de mar porque, aunque no es parte de la gastronomía mexicana, su pesca trajo muchas ganancias a esta costa. En el mercado chino se paga bien, llegando a costar más de 150 dólares por plato. El alboroto por el equinodermo catapultó prácticas dañinas para el ecosistema y para la salud de los pescadores, como el buceo con compresora de aire o hookah, una máquina improvisada que a veces lleva toallas sanitarias como filtro contra el aceite (sirve poco) y pastillas de menta para mitigar el sabor a gasolina (sirve menos). En Celestún, nadie niega el riesgo de bucear con esa máquina. Muchos conocen a alguien que tuvo un accidente o que murió por descompresión.