Cuba registró 290 protestas en un año, muchas en territorios sin antecedentes
El informe “Otro año sin justicia (2025)” revela que la protesta en Cuba ya no es un hecho aislado, sino una forma persistente de resistencia.
MADRID, España.- En el cuarto aniversario del estallido social del 11 de julio de 2021, el programa Justicia 11J, de la asociación civil Iniciativa para la Investigación y la Incidencia, ha publicado su informe anual Otro año sin justicia (2025), en el que documenta 290 protestas ocurridas en Cuba entre julio de 2024 y junio de 2025. Estas manifestaciones se distribuyeron en 80 municipios de todas las provincias del país, incluidos territorios donde no se había registrado disidencia pública desde el 11J, lo que representa una expansión territorial sin precedentes.
“El informe revela que la protesta en Cuba ya no es un hecho aislado. Se ha vuelto una forma persistente de resistencia frente a un régimen que no ofrece salidas”, afirmó Camila Rodríguez, directora ejecutiva de la organización.
Según el documento, al menos el 24 % de las protestas fueron reprimidas directamente por el Estado. Al cierre del periodo analizado, 543 personas permanecen encarceladas por manifestarse, entre ellas 30 mujeres —14 madres—, 14 personas adultas mayores, 70 activistas, periodistas y defensoras de derechos humanos, y 72 personas con condiciones de salud críticas. Justicia 11J también denunció la existencia de disparidades raciales en el trato judicial y penitenciario, señalando que un 33 % de las personas negras y mestizas detenidas continúa en prisión, frente al 22 % de personas blancas.
La organización advierte que estas cifras reflejan solo una parte del fenómeno, debido a la censura, la persecución y el cierre del espacio cívico en el país. Aun así, señala patrones consistentes de represión, uso de castigos prolongados y violencia vicaria como estrategia para disuadir la movilización ciudadana.
Los principales detonantes de las protestas durante el periodo fueron el colapso del sistema electroenergético nacional —que provocó apagones de hasta 96 horas—, la devaluación del peso cubano, la escasez de productos básicos y un repunte inflacionario del 25 % al cierre de 2024. Otro momento de alta tensión fue en junio de 2025, tras la imposición de nuevas tarifas por parte de ETECSA, que dificultaron aún más el acceso a internet y desencadenaron paros universitarios inéditos desde el inicio del régimen revolucionario.
Uno de los eventos más relevantes del periodo fue la excarcelación, entre enero y marzo de 2025, de unas 202 personas presas por motivos políticos, como resultado de un proceso mediado por el Vaticano. No obstante, Justicia 11J advierte que estas liberaciones ocurrieron sin garantías legales ni reconocimiento del carácter político de las detenciones. Cuatro personas fueron reencarceladas poco después, incluidas tres presas de conciencia reconocidas por Amnistía Internacional.
“Estas liberaciones sin garantías fueron una farsa: nadie quedó realmente libre si el régimen conserva la llave de la celda”, denunció Rodríguez.
Durante el periodo también se registraron cuatro muertes bajo custodia estatal de personas detenidas por participar en protestas, lo que refuerza las denuncias sobre condiciones penitenciarias inhumanas y negligentes en la isla.
El informe concluye con un llamado urgente a la comunidad internacional para que refuerce su presión diplomática y apoyo a la sociedad civil cubana. Entre sus recomendaciones, exige al Estado cubano la liberación inmediata e incondicional de todas las personas detenidas por motivos políticos, la prohibición de la represión, la reforma del sistema penitenciario y la garantía del derecho a la reunión pacífica