Hija de Alejandro Gil denuncia ataques e insiste en un juicio público
Hija del exministro afirma que su reclamo no es político y exige transparencia en el proceso judicial que se sigue contra su padre.
MDRID, España.- Laura María Gil González, hija del exministro de Economía y Planificación Alejandro Gil Fernández, volvió a pronunciarse públicamente sobre el proceso judicial que se sigue contra su padre en Cuba y reiteró que el juicio debe ser público, con acceso a la ciudadanía y a la prensa. Su declaración surge tras la más reciente emisión del programa oficialista Con Filo, espacio dedicado a desacreditar voces críticas y que en esta ocasión abordó el caso.
En su mensaje, publicado en Facebook, Gil González señaló que la emisión reconoció, aunque de forma indirecta, la necesidad de no emitir criterios sin pruebas en un proceso penal. Sin embargo, denunció que desde entonces ha recibido ataques personales y descalificaciones, incluyendo ser llamada “traidora”, algo que describió como un intento de castigarla por defender a su padre.
La joven recordó que desde su primer pronunciamiento ha solicitado que el proceso sea transparente y sujeto al debido proceso, aclarando que su reclamo no busca beneficios políticos ni apoyo de campañas externas, sino que exista imparcialidad. Afirmó que su demanda de un juicio público está basada en el propio discurso oficial sobre transparencia: si la información vinculada al caso fuera un secreto de Estado, dijo, “ni siquiera habría que mencionarlo”.
Gil Fernández fue destituido en febrero de 2024 y recientemente presentado por la Fiscalía General de la República como implicado en una causa que incluye delitos económicos y presuntos hechos relacionados con la seguridad del Estado. El caso se encuentra radicado en la Sala de los Delitos contra la Seguridad del Estado del Tribunal Supremo Popular. Hasta hoy, las autoridades no han ofrecido detalles claros sobre las pruebas, el alcance de la acusación o la fecha de juicio.
La familia sostiene que el exministro no aceptará cargos que no sean demostrados. Su hija insiste en que exigir rendición de cuentas y garantías procesales es un derecho de cualquier ciudadano, y rechazó que se utilicen esos reclamos para atacarla o para intentar vincularla a agendas políticas ajenas.