Moncloa mantiene techo de gasto pese a las exigencias del concierto fiscal catalán
El Gobierno insiste cimentar el proyecto de Presupuestos para 2025 en el techo de gasto récord, de 199.171 millones de euros, que -junto a la senda de estabilidad- no consiguió el aval del Congreso hace ya un mes y medio. Sin embargo, el ambicioso planteamiento del Ejecutivo se topa con las exigencias financieras que demandará el pacto fiscal acordado con ERC a cambio de la investidura de Salvador Illa. La cesión del 100% de los tributos a la Generalitat reclamará que el Estado aplique un recorte del 17,8% del gasto público en el escenario más extremo, según calcula Fedea. En los supuestos en los que el traspaso de competencias sea más reducido, el ajuste del desembolso público nunca caerá del 5,34% anual. En todo caso, el compromiso catalán amenaza con hacer mella en el nivel de ejecución presupuestaria, en el caso de que Pedro Sánchez consiga impulsar la senda fiscal y -después- sacar adelante las Cuentas para 2025 en la Cámara Baja.
El presidente podría -no obstante- compensar la contrapartida catalana a través de un incremento extraordinario de los ingresos, forzando un alza del tramo estatal del IRPF del 49,16%. El impacto sería menor, si el jefe del Ejecutivo consigue limar el acuerdo fiscal. Según estima el director de Fedea, Ángel de la Fuente, una cesión del 60% de los tributos a Cataluña, reclamaría un recorte de gasto del 10,68% o un alza en el impuesto sobre la renta del 29,50%.
A ello, se añade el coste que la red de compromisos que el presidente arrastra con los independentistas desde noviembre de 2023. Entre ellos, se encuentra la quita de la deuda de Cataluña con Estado contraída a través del Fondo de Liquidez Autonómico (FLA), y que restará 15.000 millones de euros a los ingresos de la Administración central. La factura podría superar los 35.000 millones, en el caso de el Gobierno decida condonar el pasivo al resto de regiones endeudadas, algo que parece ya descartado, tras el rechazo de los barones populares a acogerse al mecanismo.
No es la única obligación que espera a las puertas de Moncloa. El traspaso integral de los servicios ferroviarios de Rodalies al Govern, devorará otros 500 millones de euros. Un complejo rompecabezas que -además- debe convencer a la Comisión Europea, que sigue esperando el documento en el que se plasme el compromiso de gasto que garantice el cumplimiento de las reglas europeos.
Cabe recordar, que el presidente del Gobierno anunció hace días que prepara una subida de impuestos «a quienes tienen dinero en el banco para vivir cien vidas«. El ministerio de Hacienda siguen sin concretar a través de que figuras se prepara ese incremento de la presión fiscal sobre las rentas más altas, que se espera que acompañe al proyecto de Presupuestos, que la vicepresidenta primera, María Jesús Montero, podría presentar ante el Congreso de los Diputados durante las primeras semanas del próximo mes de octubre, con la intención de impulsarlas antes del 31 de diciembre.
El Estado asume el ajuste fiscal en solitario
Además, la senda de estabilidad planteada para los próximos tres años, también comprometerá el gasto público. En ella, el Estado se compromete a dar mayor margen presupuestario a las CCAA y Ayuntamientos, y a asumir en solitario todo el ajuste del déficit necesario para reducirlo al 2,5% en 2025, al 2,1% un año después, y al 1,8% en 2027. Según el ministerio de Hacienda, la Administración central deberá acometer un recorte del 0,8% del PIB en el desequilibrio de las cuentas durante los próximos tres años.
El esfuerzo puede ser mayor si buscamos en las previsiones de disciplina fiscal publicadas por la AIReF. El organismo pronostica que las comunidades autónomas cerrarán 2024 con un déficit del 0,3%, dos décimas por encima de lo que marcan los objetivos de estabilidad para este año. Un descuadre en las cuentas que tendrá un impacto de 3.000 millones de euros, y que deberá ser -también- compensado por el Estado. De hecho, el elevado déficit que arrastran regiones como la Comunidad de Valencia o la Región de Murcia, amenaza con seguir desestabilizando los objetivos fiscales marcados para los próximos años.
Todo dependerá de lo que ocurra en el Congreso de los Diputados. La senda de estabilidad que el Ejecutivo planea llevar al Pleno en una semana, no cuenta -todavía- con los apoyos necesarios como para salir adelante. Junts, que dejó caer los objetivos el pasado 23 de julio, exigió al ministerio de Hacienda elevar -aun más- el margen fiscal para las autonomías para cambiar su voto. No obstante, la vicepresidenta primera ha decido mantener los números que fracasaron hace un mes y medio.
«El Gobierno va a presentar los Presupuestos, ya sea con la senda aprobada hoy o con la senda vigente», ha dicho María Jesús Montero, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministro en el que se revalidaron los planes presupuestarios. A pesar de que todo depende de los de Carles Puigdemont, Moncloa ha tratado hoy de trasladar toda la presión hacia los de Alberto Núñez Feijóo. «Si el Partido Popular y otros grupos votan en contra de esta senda y es rechazada, estarán obligando a las CCAA a hacer un ajuste de 6.600 millones de euros y de 4.950 millones a Ayuntamientos«, advirtió la titular de Hacienda, que reprochó al líder popular, que sus barones se abstuvieron en la primera votación de la senda de estabilidad que se produjo en el seno del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) del 15 de julio.
