ahora concentran todo el poder
MIAMI, Estados Unidos. – La Asamblea Nacional de Nicaragua consumó este jueves la aprobación definitiva de una reforma constitucional que consolida un poder sin precedentes en manos del presidente Daniel Ortega y de la vicepresidenta Rosario Murillo, que ahora se convierten en copresidentes. La medida, que se desarrolló en dos legislaturas, ha suscitado fuertes cuestionamientos por parte de la ONU, la Organización de Estados Americanos (OEA), Estados Unidos y de la oposición interna nicaragüense.
De acuerdo con la agencias de noticias EFE, los diputados reformaron 148 de los 198 artículos de la Constitución y derogaron otros 37, entre ellos el que prohibía expresamente la tortura. El cambio, que prolonga de cinco a seis años el período presidencial, introduce la figura de “copresidente” y otorga a Ortega y a Murillo la facultad de “coordinar” los ahora llamados “órganos” del Estado, en sustitución del tradicional término “poderes”. De esta forma, el Ejecutivo pasa a supervisar directamente las funciones legislativas, judiciales, electorales y de control, incluidas la Fiscalía de Cuentas y otros entes autónomos.
“Hemos concluido un trabajo de reformar nuestra Constitución Política plasmando nuestra realidad actual”, aseguró en pleno el jefe de la bancada sandinista, Edwin Castro, quien defendió la iniciativa al señalar que toda Carta Magna debe adaptarse a la “realidad social”. Asimismo, añadió que la reforma “deja claro que el soberano, el dueño del poder, es el pueblo”, aunque opositores y organismos internacionales ven en ella la anulación del equilibrio democrático.
Una de las novedades más críticas es la posibilidad de nombrar a un copresidente y una copresidenta, quienes ejercerán por seis años y podrán designar vicepresidentes sin necesidad de pasar por la elección popular. También se suman como símbolo patrio la bandera del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), partido en el poder desde 2007.
La reforma constitucional legaliza, además, la apatridia y crea “fuerzas militares de reserva patriótica” y “policía voluntaria”, figuras que los detractores identifican como grupos paramilitares afines al oficialismo. Ortega ha elogiado en repetidas ocasiones este tipo de agrupaciones, a las que reconoce como factor clave para “restaurar la paz” tras la ola de protestas de 2018. Para diversos organismos de derechos humanos, sin embargo, dichas estructuras habrían operado en alianza con la Policía Nacional para reprimir manifestaciones de la sociedad civil.
Otro punto controvertido radica en el rol del Estado respecto a los medios de comunicación. La enmienda permite vigilar para que estos “no se encuentren sometidos a intereses extranjeros” ni difundan “noticias falsas” que, según el criterio oficial, atenten contra los derechos de la ciudadanía. Observadores internacionales temen que dicha facultad se convierta en un mecanismo de censura contra la prensa independiente.
Según el nuevo texto, el jefe de Estado podrá ordenar directamente la intervención de las Fuerzas Armadas en respaldo de la Policía Nacional cuando se considere amenazada la “estabilidad de la República”. De igual modo, se reafirma el mando supremo de la Presidencia sobre el Ejército, la Policía y el Ministerio del Interior.
Daniel Ortega, de 79 años, gobierna Nicaragua desde 2017 en conjunto con su esposa y vicepresidenta, Rosario Murillo, luego de varios mandatos previos marcados por denuncias de fraude electoral y represión de la disidencia. Desde 2007, Ortega ha impulsado diversas modificaciones a la Constitución, incluida una que le habilita la reelección indefinida. Para la oposición, estas reformas más recientes representan el paso final hacia un “Estado revolucionario” sin separación de poderes ni garantías básicas para la población.