AI denuncia represión, crisis social y abusos a derechos humanos en Cuba durante 2024
MIAMI, Estados Unidos. — El informe de Amnistía Internacional (AI) sobre la situación de los derechos humanos en Cuba durante 2024 revela un panorama alarmante de crisis humanitaria, represión estatal y discriminación sistemática contra sectores vulnerables de la población. Según la organización, el año estuvo marcado por la reducción de servicios sociales, el empeoramiento de las condiciones de vida y un incremento en las medidas represivas contra voces críticas.
“La población tenía dificultades para acceder a los alimentos y los medicamentos”, advierte el documento, que además señala que se impusieron “nuevas restricciones a la libertad de expresión” y que continuaron “la detención arbitraria y la criminalización de activistas, defensores y defensoras de los derechos humanos, periodistas y manifestantes”.
Amnistía Internacional indicó que las reformas jurídicas adoptadas por el régimen limitaron el crecimiento de las nuevas formas privadas de economía, lo cual restringió el acceso a bienes y servicios básicos y redujo las oportunidades económicas para amplios sectores sociales. “Se modificó la política económica y se redujeron los servicios sociales, lo que afectó a la población vulnerable, especialmente la de más de 65 años”, subraya el texto.
Entre los efectos más tangibles, el informe denuncia la disminución de la ración subsidiada de pan y el colapso de las farmacias por la escasez de medicamentos. “En septiembre, el Gobierno disminuyó la ración subsidiada de pan debido a la escasez de ingredientes”, mientras que “las autoridades reconocían que había una escasez importante de suministros en las farmacias”, según informes oficiales citados por Amnistía.
El colapso energético fue otro elemento clave del deterioro social. “Muchas partes del país permanecieron hasta 96 horas sin energía eléctrica, lo que afectó gravemente a millones de personas”, indica el informe, que también señala cómo esta situación perjudicó directamente a los servicios educativos y de salud.
En materia de libertades civiles, la entrada en vigor de la Ley de Comunicación Social en octubre acentuó el cerco a la disidencia. Según Amnistía, las autoridades “seguían calificando de ‘criminales, mercenarios y agentes extranjeros’ a activistas y periodistas”, y al menos 20 personas denunciaron el decomiso de teléfonos móviles y ordenadores portátiles, así como amenazas de enjuiciamiento penal.
La represión no se limitó a lo simbólico: durante el año, al menos 109 personas fueron detenidas por participar en protestas, y varios activistas y periodistas fueron sometidos a arrestos domiciliarios, vigilancia y hostigamiento. Entre los casos más notorios, el informe menciona el de la académica Alina Bárbara López, detenida de forma violenta en junio, y el de Berta Soler, líder de las Damas de Blanco, quien fue detenida arbitrariamente en múltiples ocasiones.
La situación en las prisiones cubanas también fue objeto de preocupación. La organización denunció “condiciones de reclusión inhumanas”, incluyendo malos tratos, privación de atención médica y reclusión prolongada en régimen de aislamiento. “El preso de conciencia y líder opositor José Daniel Ferrer pasó meses recluido en régimen de aislamiento (…) en diciembre, se declaró en huelga de hambre”, detalla el informe. Solo tras esta protesta se le permitió recibir visitas y fue trasladado a una celda común.
Amnistía también subrayó los altos niveles de discriminación estructural. “Las mujeres, las personas LGBTI y las afrodescendientes (…) seguían soportando discriminación por motivos políticos y religiosos”. Aunque el Gobierno cubano aprobó un sistema nacional de seguimiento a la violencia de género, el femicidio aún no está tipificado como delito específico.
En cuanto al exilio forzado, Amnistía documentó la excarcelación de presos políticos a cambio de su salida de la Isla. Uno de los casos mencionados fue el del periodista Yuri Valle Roca, condenado por “propaganda enemiga”, quien fue liberado en junio bajo la condición de abandonar el país.
Finalmente, el informe denuncia que las autoridades cubanas continúan utilizando los cortes de internet, las multas arbitrarias y la imposición de salidas forzosas del país como mecanismos para silenciar a la disidencia. “Persistía la represión reiterada de activistas (…) incluida la prohibición de abandonar el país y, al contrario, el exilio forzado”, concluye el documento.