Alarma la posible cancelación o pausa de las excarcelaciones
MIAMI, Estados Unidos. – A un mes del anuncio de excarcelaciones por parte del régimen cubano, cientos de personas continúan en prisión, y las irregularidades en el proceso han generado preocupación entre organizaciones defensoras de derechos humanos. Este lunes, Amnistía Internacional denunció en un comunicado la falta de transparencia y la ausencia de garantías de libertad plena para los excarcelados.
El 14 de enero, el régimen cubano anunció la excarcelación de 553 personas “en el espíritu del Jubileo Ordinario de 2025” tras conversaciones con el papa Francisco. Sin embargo, Ana Piquer, directora para las Américas de Amnistía Internacional, afirmó: “El proceso de excarcelaciones ha estado lleno de irregularidades y falta de transparencia estatal. Las autoridades cubanas no han hecho un reconocimiento de la existencia de personas detenidas por razones políticas”.
Hasta la fecha, organizaciones de derechos humanos han verificado la liberación de 171 personas, muchas de ellas relacionadas con las protestas del 11 de julio de 2021. Sin embargo, figuras reconocidas como Luis Manuel Otero Alcántara, Maykel Castillo (Maykel Osorbo), Loreto Hernández, Roberto Pérez Fonseca y Saylí Navarro siguen en prisión. “Ellos y todas las personas detenidas solo por levantar su voz deben ser puestos en libertad”, subrayó Piquer.
Las excarcelaciones han estado marcadas por la incertidumbre y el temor a nuevas represalias. “Cientos de familias han vivido entre la angustia y la esperanza, pendientes de una llamada telefónica o notificación, sin ningún criterio o elemento que les permita saber si sus familiares van a ser liberados”, denunció Piquer.
Según Amnistía Internacional, muchos liberados han recibido libertad condicional sin explicaciones sobre su situación legal, lo que les deja en un estado de vulnerabilidad.
Además, la organización Justicia 11J confirmó que al menos 172 personas fueron excarceladas, y otras nueve vieron modificados los beneficios legales que habían recibido anteriormente. La mayoría había sido acusada de “desórdenes públicos”, “desacato” y “atentado”, delitos que, según Amnistía, “tradicionalmente han sido utilizados por las autoridades cubanas para castigar la protesta pacífica y la libertad de expresión”.
Casos emblemáticos reflejan la persistente represión. El preso de conciencia Pedro Albert Sánchez fue excarcelado bajo licencia extrapenal en noviembre de 2024, pero se le informó que debía aceptar un cambio a libertad condicional o enfrentaría el regreso a prisión. Posteriormente, fue detenido e interrogado por visitar la sede de las Damas de Blanco. Otro caso es el de Donaida Pérez Paseiro, quien denunció que su esposo, el preso de conciencia Loreto Hernández, ha sido presionado con la promesa de liberación solo si ella renuncia a su activismo.
El líder opositor José Daniel Ferrer García, excarcelado el 16 de enero tras más de tres años en prisión, también ha sido objeto de represión. “Desde entonces, personas allegadas han sido amenazadas por visitarlo o han sufrido cortes del servicio de internet en los teléfonos celulares que le han prestado”, denunció Amnistía Internacional.
Las excarcelaciones parecen haberse detenido desde el 21 de enero, coincidiendo con la decisión de la Administración de Donald Trump de derogar las medidas de Biden que incluían la salida de Cuba de la lista de países patrocinadores del terrorismo. “Alarma la posible cancelación o pausa de las excarcelaciones, que parecería mostrar que las personas presas por razones políticas han sido una vez más utilizadas de manera deshumanizante, como fichas de cambio en un juego político, sin que sus vidas, su integridad física y sus derechos sean tomados en cuenta”, advirtió Piquer.
Ante esta situación, Amnistía Internacional reiteró su llamado al Gobierno cubano para liberar a todos los presos políticos sin condiciones. “Mientras estas excarcelaciones ocurrían, activistas políticos y defensores de derechos humanos han sido arbitrariamente detenidos y han sufrido acoso y hostigamiento por su labor. El Gobierno cubano debe derogar las leyes represivas y cesar estas prácticas sistemáticas de represión contra la disidencia”, concluyó Piquer.