Andalucía, Galicia y Canarias, las CCAA más dañadas por el pacto fiscal catalán
Andalucía, Canarias, y Galicia están abocadas a recortes en su gasto público de hasta 6.100 millones anuales en el caso de que entre en vigor el concierto fiscal catalán. Estas tres autonomías son los territorios más afectados por la aplicación del llamado principio de ordinalidad que Cataluña quiere que marque la pauta en el sistema de financiación de régimen común. No obstante, dicho principio aboca a ajustes de este tipo a todas las comunidades, de mayor o menor cuantía, con las únicas excepciones de la propia Cataluña, Madrid y Baleares.
Para entender el alcance de este criterio de distribución, debe recordarse que el acuerdo de investidura entre el PSC y ERC no solo plantea la transferencia a la Agencia Tributaria catalana de la recaudación y gestión del 100% de los tributos generados en esa autonomía. Una vez, hecha esa cesión, la Generalitat demanda que su aportación al conjunto del Estado, más una cuota de solidaridad con el resto de las autonomías, se calcule siempre bajo la premisa de respetar el principio de ordinalidad.
Este baremo exige que haya completa coherencia entre los ingresos tributarios de cada territorio, que determinan lo que puede aportar al sistema de financiación, y los recursos que recibe del Estado. Traducido al lenguaje más usual del nacionalismo catalán, no es tolerable que, si se ordenan las autonomías de mayor a menor según sus ingresos, Cataluña ocupe el segundo lugar después de Madrid pero, al mismo tiempo, se encuentre a la cola en la clasificación según la cantidad que recibe anualmente en concepto de financiación del Estado.
Actualmente, no hay rastro alguno de ordinalidad en el funcionamiento del sistema de financiación. Sobre todo, como demuestran los datos más recientes de Fedea, el desequilibrio más frecuente radica en que hay un alto número de autonomías que reciben un volumen de financiación efectiva del Estado que sobrepasa, con mucho, la cuantía que se recauda por impuestos en ese territorio.
Las mayores diferencias
La diferencia se aprecia, sobre todo, en los cálculos per cápita, pero también en términos absolutos. En el caso de Andalucía la diferencia, a favor de la financiación procedente del Estado, es de 6.100 millones. La propia de Canarias supera los 4.100 millones y, en el caso de Galicia, se encuentra en 2.987 millones, seguida por Castilla y León con 2.370 millones.
Corregir esta situación, según manda el principio de ordinalidad, solo deja abiertos dos caminos: o bien los Gobierno regionales de estos territorios se ven abocados a subir impuestos o bien es el Estado el que toma la iniciativa y reduce las liquidaciones que libera en cada uno de estos territorios. En este caso, los Ejecutivos autonómicos verán muy mermados sus recursos y tendrán que recortar su gasto hasta el nivel que les permiten sus ingresos propios, ayudados, aunque en cuantía limitada, por el complemento derivados de los mecanismos de solidaridad. El impacto en los servicios públicos que ofrecen a sus ciudadanos sería de una gran magnitud
El criterio de ordinalidad, por tanto, despierta un debate muy espinoso, por lo que no puede extrañar que nunca se haya plasmado, negro sobre blanco, en la Ley Orgánica de Financiación Autonómica. No ocurre así con los mecanismos de reparto de recursos entre regiones que aplican Alemania o Canadá, cuyas Constituciones sí que establecen disposiciones que velan por que un Estado de la federación o un Land aporte recursos a sus homólogos por encima de un determinado nivel.
Por qué se quiebra la ordinalidad
Es cierto, no obstante, que sobre todo en el caso alemán se pueden establecer matices ya que hay protocolos paralelos que posibilitan que los Estados del Este, todavía muy lastrados por la herencia económica previa a la reunificación, reciban ayudas extra procedentes de territorios ricos como Hesse o Baviera.
Si, no obstante, en el caso español la ordinalidad se transgrede como no ocurre en casi ningún otro sistema fiscal se debe, según los expertos consultados, a la voluntad de los legisladores de que los desequilibrios fueran temporales y se corrigieran con el tiempo. En otras palabras, se esperaba que los recursos extra recibidos, durante décadas, por las comunidades autónomas más pobres sirvieran para que cubrieran las diferencias, con el tiempo, respecto a las que se sitúan en vanguardia. Es la misma lógica que se aplica, a escala comunitaria, con los fondos de cohesión y los países del sur y el norte de la Unión Europea. Ahora bien, en el caso de las comunidades autónomas, en muchos casos no se ha dado esa situación y persisten las diferencias que explican que el principio de ordinalidad no se aplique.
El debate entre las autonomías continúa abierto y así se demostrará en el cónclave de líderes regionales del PP que tendrá lugar este viernes. Sobre la mesa, estarán otros aspectos igualmente polémicos del acuerdo sobre PSC y Esquerra., cómo el coste que tendrá el concierto fiscal catalán y cómo se financiará. Fedea también cuenta con cálculos en este sentido y estima que la recaudación por IRPF a escala estatal tendría que crecer cerca de un 30%.
