Apelaciones de la corte bloquean los barridos de inmigración de Trump
Un tribunal federal de apelaciones falló el viernes por la noche para defender la orden temporal de un tribunal inferior que bloquea la administración Trump de realizar paradas de inmigración indiscriminadas y arrestos en el sur de California.
Un panel de tres jueces del noveno Tribunal de Apelaciones del Circuito de los Estados Unidos celebró una audiencia el lunes por la tarde en la que el Gobierno Federal le pidió al tribunal que revocara una orden de restricción temporal emitida el 12 de julio por el juez Maame E. Frimpong, argumentando que obstaculizó su aplicación de la ley de inmigración.
Los grupos de defensa de inmigrantes presentaron una demanda el mes pasado acusando al presidente Donald Trump’s Administración de personas de piel marrón sistemáticamente en el sur de California durante la represión de la administración contra la inmigración ilegal. La demanda incluyó a tres inmigrantes detenidos y dos ciudadanos estadounidenses como demandantes.
En su orden, Frimpong dijo que había una «montaña de evidencia» de que las tácticas federales de aplicación de la inmigración estaban violando la constitución. Ella escribió que el gobierno no puede usar factores como la raza o etnia aparente, hablar español o inglés con acento, presencia en un lugar como un patio de remolque o un lavado de autos, o la ocupación de alguien como la única base para sospechas razonables para detener a alguien.
El panel de la corte de apelaciones acordó y cuestionó la necesidad del gobierno de oponerse a una orden que les impidía violar la constitución.
«Si, como sugieren los acusados, no están realizando paradas que carecen de sospechas razonables, apenas pueden afirmar que se dañan irreparablemente por una orden judicial destinada a prevenir un subconjunto de paradas no respaldadas por una sospecha razonable», escribieron los jueces.
Una audiencia para una orden judicial preliminar, que sería una orden judicial más sustancial a medida que avanza la demanda, está programada para septiembre.
La región de Los Ángeles ha sido un campo de batalla con la administración Trump sobre su estrategia de inmigración agresiva que estimuló las protestas y el despliegue de la Guardia Nacional y los Marines durante varias semanas. Los agentes federales han reunido a los inmigrantes sin estatus legal para estar en los EE. UU. Desde los depósitos del hogar, los lavados de autos, las paradas de autobús y las granjas, muchos de los cuales han vivido en el país durante décadas.
Entre los demandantes se encuentra Brian Gavidia, residente de Los Ángeles, quien fue mostrado en un video tomado por un amigo el 13 de junio que fue incautado por agentes federales mientras grita: «¡Nací aquí en los Estados Unidos, East La Bro!»
Quieren «enviarnos de regreso a un mundo donde un ciudadano estadounidense … puede ser atrapado, golpeado contra una cerca y que le quiten su teléfono e identificación solo porque estaba trabajando en un patio de remolque en un vecindario latino», dijo el abogado de la Unión Americana de Libertades Civiles Mohammad Tajsar el lunes a la corte.
El gobierno federal argumentó que no se le había dado suficiente tiempo para recolectar y presentar pruebas en la demanda, dado que se presentó poco antes de las vacaciones del 4 de julio y una audiencia se celebró la semana siguiente.
«Es muy serio decir que múltiples agencias del gobierno federal tienen la política de violar la constitución», dijo el abogado Jacob Roth.
También argumentó que la orden del tribunal inferior era demasiado amplia, y que los defensores de los inmigrantes no presentaron suficientes pruebas para demostrar que el gobierno tenía una política oficial de detener a las personas sin sospechas razonables.
Se refirió a los cuatro factores de raza, idioma, presencia en un lugar y ocupación que se enumeraron en la orden de restricción temporal, diciendo que el tribunal no debería poder prohibir que el gobierno los use en absoluto. También argumentó que la orden no estaba clara sobre lo que está permitido exactamente por la ley.
«Legalmente, creo que es apropiado usar los factores para una sospecha razonable», dijo Roth
Los jueces cuestionaron bruscamente al gobierno sobre sus argumentos.
«Nadie ha sugerido que no puede considerar estos factores en absoluto», dijo la jueza Jennifer Sung.
Sin embargo, esos factores por sí solos solo forman un «perfil amplio» y no satisfacen el estándar de sospecha razonable para detener a alguien, dijo.
Sung, designado por Biden, dijo que en un área como Los Ángeles, donde los latinos representan hasta la mitad de la población, esos factores «no pueden eliminar a aquellos que tienen un estatus indocumentado y aquellos que han documentado un estatus legal».
También preguntó: «¿Cuál es el daño a que le digan que no haga algo que usted afirma que ya no está haciendo?»
La alcaldesa de Los Ángeles, Karen Bass, calificó la decisión del viernes por la noche como una «victoria para el estado de derecho» y dijo que la ciudad protegerá a los residentes del «perfil racial y otras tácticas ilegales» utilizadas por los agentes federales.