Caso Ayotzinapa: diez años en busca de verdad y justicia para los 43 desaparecidos
A diez años de la Desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa.el clamor de las familias sigue siendo “vivos los queremos”. La lucha por saber qué ocurrió con los jóvenes estudiantes la noche del 26 de septiembre de 2014 ha llevado a sus familiares —convertidos en activistas y defensores de los derechos humanos a causa de la tragedia— a presionar al Presidente Andrés Manuel López Obrador por la falta de avances significativos en la investigación, días antes de que concluya su sexenio.
El 26 de septiembre, los alumnos de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos viajaron a Iguala, al sur del Estado de Guerrero, con la intención de retener autobuses para poder trasladarse días después a Ciudad de México, donde participarían en la marcha y otras actividades. conmemorativas por la represion del 2 de octubre de 1968. Mientras salían de Iguala, los cinco autobuses con normalistas (dos en los que viajaban, más otros tres que tomaron en la terminal tras una trifulca) fueron interceptados en distintos puntos por policías municipales, federales y sus socios del crimen organizado. En la emboscada murieron tres estudiantes y tres personas ajenas al contingente. Uno de los normalistas heridos sigue en estado vegetativo tras los disparos de los policías. Aquellos que fueron obligados a bajar de los vehículos, en total 43 estudiantes de la Normal de Ayotzinapa, fueron detenidos y hasta hoy siguen desaparecidos.
Tomás Zerón, entonces director de la Agencia de Investigación Criminal de la Fiscalía federal, fue quien lideró las investigaciones del caso bajo la Administración de Enrique Peña Nieto. De acuerdo a la versión del Estado, los policías de Iguala y Cocula se asociaron y entregaron a los muchachos al grupo criminal Guerreros Unidos. El Gobierno aseguró que ellos fueron quienes los asesinaron y presuntamente se deshicieron de ellos incinerándolos en un basurero cercano al río San Juan. Esta línea de tiempo de los hechos pasó a ser conocida como “la verdad histórica”pero los padres y forenses coincidieron con que la investigación carecía de fundamentos científicos y se calificó como un intento de las autoridades para cerrar el caso apresuradamente. Fue el hallazgo de un fragmento óseo de Christian Rodríguez en el sitio conocido como “la barranca de la Carnicería” lo que finalmente comprobó la manipulación de los hechos por parte de la Fiscalía. En esta década solamente se han recuperado tres trozos de hueso de tres jóvenes.
Ante la incertidumbre, se pusieron en marcha diversas pesquisas por parte del gobierno de López Obrador y organismos independientes a través de la Unidad Especial de Investigación y Litigación para el caso Ayotzinapa (UEILCA), la Comisión para la Verdad Ayotzinapa (COVAJ) y el Grupo. Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI). En su último informeel organismo señaló que la documentación entregada por las fuerzas armadas era limitada, y que se habían reservado información importante sobre el ataque y los días posteriores.
En el último año de su administración, la relación entre el mandatario y los familiares se ha fracturado principalmente por su respaldo al ejército. Si bien se han realizado decenas de detenciones, incluyendo las de miembros del cuerpo castrense, la versión del gobierno es que no existe (o no se ha encontrado) más evidencia de inteligencia que sea relevante para el caso. Ahora la búsqueda de los 43 recae en la sucesora de López Obrador, Claudia Sheinbaum, quien ya tuvo su primera reunión con los padres para reiterar su compromiso para que finalmente se haga justicia.
El tercer y último informe de la comisión presidencial del caso Ayotzinapa enfatizaron el aumento de las búsquedas en municipios cercanos a Iguala, pero no revela nueva información sobre el desfile de los normalistas.
Las vidas de las madres y padres de los 43 estudiantes se vieron trastocadas por la tragedia. En esta década algunos ya han fallecido, otros pocos han abandonado el caso, pero la lucha sigue y los que quedan no permitirán que el gobierno entrante olvide la noche del 26 de septiembre.
Uno de los principales colaboradores en la investigación, Gildardo López Astudillo, alias ‘El Gil’, fue detenido por la fiscalía por un viejo cargo de delincuencia organizada. Las autoridades han afirmado que no ha mostrado voluntad de seguir cooperando en el caso.
Documentos internos del ejército señalan que Erick Román Fernández, un cacique del área de Apetlanca, trabajaba con los Guerreros Unidos, el grupo criminal responsable del ataque a los 43.
Tras las elecciones presidenciales, la administración de López Obrador entregó a las familias 15 expedientes castrenses de los 800 que se habían solicitado. El resto se los han reservado por seguridad nacional.
La muerte de un normalista de Ayotzinapa en un retén policial en marzo puso bajo la mira a la administración de López Obrador, quien pidió a los padres de los 43 “no caer en provocaciones”.
El estancamiento en la investigación ha provocado tensiones con el gobierno, por lo que un grupo de normalistas de Ayotzinapa protestó afuera del Palacio Nacional, mientras el presidente ofrecía su conferencia matutina.
Desde su exilio en Israel, el exdirector de la Agencia de Investigación Criminal nego haber torturado a uno de los implicados en la matanza de los estudiantes y aseguró ser víctima de una persecución política.
En medio de las críticas por su gestión al frente de las comisiones de la verdad de Ayotzinapa y la Guerra Sucia, Alejandro Encinas insinuó que faltan por entregar documentos importantes del ejército.
La orden del tribunal pone un freno al ocultamiento castrense, situación que ha denunciado insistentemente estos meses el GIEI.
El Gobierno ha señalado a un general de participar activamente en el ataque contra los estudiantes normalistas.
A Jesús Murillo Karam se le imputaron los cargos de desaparición forzada, tortura y obstrucción a la justicia por el caso de los jóvenes.
Los expertos han explicado que al menos 12 marinos acudieron al basurero el 27 de octubre de 2014, un mes después del ataque.
Hasta ahora se ignoraba que la Secretaría de la Defensa (Sedena) había monitoreado a Guerreros Unidos durante o después del ataque.
La Fiscalía muestra por primera vez el escenario donde se encontraron restos de dos de los estudiantes normalistas desaparecidos en 2014.
Se ha revelado que uno de los restos hallados en noviembre, en un lugar diferente del basurero de Cocula, pertenece a Christian Rodríguez, uno de los 43.
Los nombres de los 43 estudiantes desaparecidos volvieron a sonar por los megáfonos de la escuela normal rural de Ayotzinapa, en la que debía ser su ceremonia de graduación.
Un informe recopila, verifica y analiza las violaciones a derechos humanos cometidas en la etapa de la pesquisa, de septiembre de 2014 a enero de 2016.
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