CIDH urge a no guardar silencio sobre el fraude electoral en Venezuela
MADRID, España.- “El momento en que haya silencio por parte de la comunidad internacional, por parte de los países del sistema interamericano, será demasiado tarde”, advirtió Gloria Monique de Mees, relatora de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para Venezuela, en una entrevista reciente con EFE. Esta contundente declaración refleja la urgencia que la CIDH percibe en mantener la presión sobre el régimen de Nicolás Maduro y evitar que el fraude electoral venezolano quede impune.
De Mees, quien asumió su cargo en enero, destacó que aunque la situación en Venezuela es crítica, aún “hay esperanza” siempre que la comunidad internacional continúe denunciando y actuando frente a las violaciones de derechos humanos y los ataques contra la democracia en el país. Enfatizó que la CIDH seguirá monitoreando la situación y manteniendo su compromiso de apoyo a los defensores de derechos humanos y las organizaciones de la sociedad civil en Venezuela.
La relatora De Mees condenó la validez del reciente fallo del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de Venezuela, controlado por magistrados afines al chavismo, que ratificó la cuestionada victoria de Nicolás Maduro en las elecciones del 28 de julio.
Al respecto señaló que “la validación de resultados electorales está fuera de su mandato y jurisdicción”, pero eso no quita que la CIDH haya sido “muy clara” en sus expectativas sobre el respeto de los derechos políticos del pueblo venezolano.
Además, recordó que la CIDH ya había exigido el restablecimiento del orden democrático en Venezuela, así como la publicación completa de las actas electorales para garantizar la transparencia del proceso.
La falta de transparencia en la divulgación de las actas electorales, apunta De Mees, es “una clara señal” de que se pretende “consolidar el poder del régimen”. Asimismo, reiteró la necesidad de seguir actuando para no permitir que la situación en Venezuela se deteriore aún más.
Finalmente, la CIDH reafirmó su compromiso de continuar con su mandato de monitoreo en Venezuela, instando a la comunidad internacional a no cesar en sus denuncias. De Mees concluyó afirmando que “las acciones de la comunidad internacional pueden tener un gran impacto” en la restauración de la democracia y el Estado de Derecho en Venezuela.
El pasado 22 de agosto el Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela respaldó las afirmaciones de Nicolás Maduro sobre su “victoria” en las elecciones presidenciales del 28 de julio y dijo que las actas de votación publicadas en línea que mostraban que perdió por una aplastante mayoría eran falsas.
Caryslia Rodríguez, presidenta del TSJ, afirmó que, después de la presentación de los actores involucrados en el proceso electoral y la recopilación de los instrumentos de votación, los magistrados certificaron el triunfo chavista de manera “inobjetable”. Las actas siguen sin ser de dominio público.
El alto tribunal venezolano está integrado por leales a Maduro y casi nunca ha fallado en contra del Gobierno. En su comparecencia, la funcionaria chavista expresó que todos los resultados y las actas de votación quedarían en resguardo del TSJ.
El fallo del TSJ fue otro intento de Maduro de acallar las protestas y las críticas internacionales que estallaron tras la votación del 28 de julio, en la que el autoproclamado gobernante buscaba un tercer mandato de seis años.
La sentencia del Tribunal Supremo que certifica los resultados contradice las conclusiones de los expertos de las Naciones Unidas y del Centro Carter que fueron invitados a observar las elecciones y que determinaron que los resultados anunciados por las autoridades carecían de credibilidad.
Tras el fallo del TSJ del pasado jueves, varios líderes de América Latina reaccionaron señalando que esto solo venía a consolidar el fraude electoral. Entre los primeros que subrayaron la importancia de no guardar silencio ni cesar en la defensa de la causa venezolana, resaltando la necesidad de mantener la presión internacional sobre el régimen de Maduro estuvieron el presidente de Chile, Gabriel Boric, el presidente de Uruguay, Luis Lacalle Pou, el canciller uruguayo, Omar Paganini, el expresidente colombiano Iván Duque y el expresidente boliviano Tuto Quiroga.