Congresistas cubanoamericanos podrían presionar por una solución para los I-220A, dice abogado
MIAMI, Estados Unidos. – El abogado de inmigración Willy Allen aseguró en una entrevista con CiberCuba que los congresistas cubanoamericanos de Florida, María Elvira Salazar, Carlos Giménez y Mario Díaz-Balart, podrían actuar para resolver la situación de los cubanos con formulario I-220A, quienes han comenzado a ser detenidos en el Centro de Inmigración de Miramar (Broward) al acudir a sus citas con el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés).
“Está en sus manos”, afirmó Allen, quien además destacó que la solución es “administrativa” y depende de la “voluntad política” de la secretaria del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés), Kristi Noem. “La secretaria de Seguridad Nacional tiene el poder para determinar que la I-220A es una entrada legal para el Ajuste Cubano y está basado en leyes y memorandos que existían anteriormente sobre la entrada de los cubanos”, agregó.
El abogado alertó que, a su juicio, Noem podría retrasar su decisión hasta conocer el fallo del juez que estudia una demanda sobre los inmigrantes con formulario I-220A, previsto para octubre. En este contexto, según Allen, los congresistas cubanoamericanos podrían ejercer presión política, pero duda de que lo hagan debido a su alineación con Donald Trump.
A pesar de las críticas previas de Allen hacia María Elvira Salazar, el abogado reconoció que la congresista es la única que ha mantenido su atención en el problema de los inmigrantes con I-220A. Salazar ha anunciado que presentará una propuesta de ley en el Congreso para concederles parole y permitirles acogerse a la Ley de Ajuste Cubano. Sin embargo, Allen sostiene que la legislación no es necesaria, ya que “en teoría, a la Ley de Ajuste Cubano pueden acogerse todos los cubanos que son inspeccionados, entrevistados y admitidos en Estados Unidos y esto es algo que se cumple en el caso de los I-220A”.
Las demoras en la resolución del problema han generado incertidumbre entre los afectados, especialmente tras la detención de al menos 18 cubanos con I-220A la semana pasada en Miramar. Mientras Salazar ha pedido tiempo argumentando que la nueva administración de Trump aún está en sus primeros 100 días, Allen insiste en que la solución podría tomarse “de un plumazo”, en referencia a la expresión utilizada por la congresista para criticar la inacción del exsecretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas.
Allen recordó que la figura migratoria del I-220A fue creada durante el primer mandato de Trump y que encontrarle una solución legal no debería ser un problema en esta segunda administración.
Ante la incertidumbre, el abogado aconsejó a los cubanos con I-220A que cumplan con sus citas en inmigración, de ser posible acompañados de un abogado, ya que faltar puede agravar su situación legal. “Si bien quienes acuden se arriesgan a ser detenidos, no acudir empeora la cosa”, advirtió. En caso de arresto, aclaró que es posible obtener la libertad bajo fianza, con montos que oscilan entre los 3.000 y los 12.000 dólares.
Sobre la posibilidad de viajar a Cuba, Allen recomendó prudencia y esperar a que “las aguas vuelvan a su cauce”, ya que la Administración Trump busca aumentar las deportaciones y podría reforzar las medidas en los próximos meses.