Cuatro ministerios decidirán qué sectores accederán a la jubilación anticipada a partir de 52 años
El Ministerio de Seguridad Social está desarrollando el proyecto de real decreto con el que prevé regular el acceso a la nueva jubilación anticipada en las ocupaciones con mayor peligrosidad, penosidad, toxicidad o insalubridad. Los coeficientes que están por definir en un próximo reglamento acortarán la edad de jubilación de los interesados: asalariados, autónomos y trabajadores del sector público. Durante los próximos meses, la Administración deberá elaborar una serie de informes para que cuatro ministerios elijan a los sectores que podrán optar a jubilarse a partir de los 52 años, como ocurre en el caso de los mineros, el personal de vuelo o los trabajadores del mar.
La ministra del ramo, Elma Saiz, deberá nombrar en el plazo de tres meses desde la publicación del decreto a los representantes de cuatro ministerios que formarán parte de la denominada Comisión de Evaluación: las carteras de Seguridad Social, Trabajo, Función Pública y Hacienda, acompañadas de miembros de los agentes sociales, deberán hacer frente al aluvión de solicitudes previstas en el propio texto.
El grupo recibirá una serie de informes sobre el impacto del requerimiento físico o psíquico de cada ocupación en los índices de morbilidad o siniestralidad, así como las secuelas que ocasionen estos trabajos llevados a cabo por empleados por cuenta ajena, autónomos y también en el sector público. La norma distingue, de esta forma, entre los puestos con elevada mortalidad a partir de determinada edad y aquellos que producen esos efectos a expensas de la edad.
El reconocimiento a la jubilación anticipada desde los 52 años ya se aplica a diversos grupos laborales, como los trabajadores mineros, el personal de vuelo en trabajos aéreos, empleados ferroviarios, artistas taurinos, bomberos públicos, miembros de cuerpos policiales como la Ertzaintza, Policía Local, Mossos d’Esquadra y la Policía Foral de Navarra.
Varios colectivos profesionales, como las camareras de piso –denominadas ‘kellys’–, las cuidadoras o los conductores profesionales han estado presentes en los meses de negociación como posibles sectores que podrán sumarse a los nueve que ya optan al retiro anticipado y se beneficiarán de los coeficientes reductores de la edad de jubilación, un adelanto que determinará un reglamento previsto para su desarrollo el próximo año.
No será un ‘puente de plata’
En todo caso, es importante señalar que la nueva jubilación anticipada no será una generalidad. El procedimiento deberá arrancar con la solicitud y justificación de las circunstancias objetivas por las organizaciones empresariales y sindicales en el caso de los asalariados y los autónomos. En los empleados públicos, el sindicato más representativo será quien deba presentar la solicitud y los informes pertinentes. Aunque la Seguridad Social podrá actuar de oficio a petición de algunas de las partes, explica la norma a la que ha tenido acceso elEconomista.es.
El reglamento de coeficientes reductores que prepara el Ministerio de Seguridad Social recogerá, previsiblemente, diferentes adelantos según el impacto de la peligrosidad, penosidad, toxicidad o insalubridad de cada sector, así como los indicadores objetivos sobre bajas o mortalidad. No será un puente de plata hacia la jubilación masiva de miles de trabajadores antes de los 65 o 67 años. El Ejecutivo tendrá un año a partir de la aprobación del decreto para elaborar este reglamento, que se revisará cada diez años.
El beneficiado deberá acreditar un periodo mínimo de actividad en el sector y sólo podrá acceder a la jubilación anticipada en el caso de no poder recolocarse en un puesto alternativo. Por tanto, no será una vía libre para todos los trabajadores que los sectores que tengan la puerta abierta a la modalidad anticipada desde un mínimo de 52 años.
Para asumir el coste, el trabajador y la empresa verán aparejada una cotización social adicional que compense los años de adelanto «con la finalidad de mantener el equilibrio financiero del sistema». La Seguridad Social considera suficiente los retoques que hagan en cotizaciones sociales por contingencias comunes (que será específico en cada colectivo) para que la reforma tenga un impacto neutro y no deba financiarse a través de impuestos u otras partidas.
Únicamente proyectan un coste administrativo de 163.739 euros derivado de la tramitación del «elevado» número de solicitudes que esperan en un plazo ajustado de tiempo, según la memoria económica que acompaña al proyecto de real decreto.
El texto ha dejado pendiente un análisis sobre los colectivos que ya se benefician de la jubilación anticipada, una selección de sectores que ha creado situaciones anómalas: están los Mossos, pero no la Policía Nacional o la Guardia Civil; también se excluye a los bomberos y trabajadores ferroviarios en el sector privado, y no a sus iguales del sector público. El decreto no habla de la esperanza de vida media tras la jubilación, un elemento que los actuarios consideran clave para determinar el aumento de las cotizaciones durante la vida laboral.
