Cuba Siglo 21 culpa a Díaz-Canel de «la peor crisis financiera» de la historia de Cuba Cubanet
La ONG subraya que el gobernante cubano «se ha sometido como un títere a los intereses de GAESA».
MIAMI, Estados Unidos. – Un nuevo dosier del laboratorio de pensamiento Cuba Siglo 21, con sede en Madrid, responsabiliza directamente al conglomerado militar GAESA y al gobernante Miguel Díaz-Canel de haber llevado a Cuba “a la peor crisis financiera de su historia”, a través del control opaco de la mayor parte de la economía, el saqueo de los ingresos de las misiones médicas en el exterior y decisiones que han disparado la inflación y la pobreza en la Isla.
El estudio, titulado “GAESA: Estado ladrón” y firmado por el economista Emilio Morales, presidente de la consultora Havana Consulting Group y vicepresidente de Cuba Siglo 21, sostiene que “bajo la etiqueta del socialismo, una oligarquía militar controla más del 70 % de la economía y el 95 % de las finanzas nacionales, mientras el gobierno civil actúa como un simple títere”.
A juicio del informe, “el Gobierno que dirige Miguel Díaz-Canel en la práctica no tiene control de las finanzas del país” y el Banco Central de Cuba “está completamente subordinado y sometido a los intereses de GAESA”.
Inflación récord y desplome del peso
El dosier arranca describiendo una escalada inflacionaria sin precedentes. El 19 de octubre pasado, el mercado informal cubano registró una cotización de 472 pesos cubanos por dólar y 525 por euro, según el medio digital elToque, cifras que el informe presenta como símbolo de una economía “hundida” y de una pobreza en aumento.
Morales identifica como causas inmediatas la “escasez de dólares en la Isla”, provocada por “la reducción drástica de las remesas y el profundo declive de la llegada de turistas internacionales”, así como la caída de la producción nacional de bienes, incluido el sector agroalimentario. A ello se suma “el aumento considerable de la deuda externa, la pérdida de líneas de créditos por incumplir los pagos con los deudores y la prácticamente nula inversión extranjera en el país”.
Sin embargo, el autor insiste en que “la verdadera génesis de la crisis financiera” es el “control hegemónico” de GAESA sobre las finanzas del país, la supeditación del Gobierno a ese grupo empresarial y la ausencia de un plan real de reformas económicas. El informe describe a un ejecutivo “empantanado en la improvisación, la mediocridad y el atrincheramiento ideológico”, lo que habría desembocado en “el quiebre del sistema financiero” y en “el brutal aumento de los precios de productos y servicios que son vitales para la población”.
GAESA, dueño de todo
El dosier atribuye a GAESA y a la cúpula gobernante la responsabilidad de una serie de decisiones económicas que aceleraron la inflación y la devaluación del peso cubano: la creación de las tiendas en Moneda Libremente Convertible (MLC), la llamada “Tarea de Ordenamiento”, la prohibición de depositar dólares en efectivo en los bancos cubanos y la implementación de un nuevo mercado cambiario estatal.
Estas medidas, aplicadas “a la conveniencia e intereses lucrativos de los oligarcas de GAESA”, habrían dejado sin recursos al propio Estado, y provocado el “desmoronamiento” de sectores estratégicos como la industria alimentaria, el sistema energético, la red de transporte, los servicios de salud, la industria azucarera, el abasto de agua potable y la educación, “por falta de recursos financieros y la ausencia de una política inversionista consecuente con las verdaderas necesidades y prioridades estratégicas del país”.
El informe subraya que GAESA “no es auditable por la Contraloría General de la República ni por ninguna otra institución económica o política de Cuba, ni siquiera por las Fuerzas Armadas a las que nominalmente aparece adscrita”, lo que, según Morales, acentúa la falta de transparencia y de controles institucionales sobre el conglomerado militar.
Díaz-Canel, “zar de la explosión inflacionaria”
El análisis dedica un apartado a Miguel Díaz-Canel, al que califica como “el zar de la explosión inflacionaria”. Según los datos que aporta, cuando fue designado presidente, el dólar se cotizaba a 1 por 24 pesos cubanos (CUP) y el 19 de octubre de este año alcanzó 1 por 472 CUP en el mercado informal, lo que implica “un aumento de 1.966,66 % en el número de CUP por dólar”.
“El presidente ha sido incapaz de poner orden financiero y de establecer transparencia en el manejo de las finanzas del país. Se ha sometido como un títere a los intereses de GAESA”, asegura el texto, que califica la gestión del equipo de gobierno que dirige Díaz-Canel como “un gran fracaso”.
La “Tarea de Ordenamiento” es presentada como un “desastre”, implementado “en medio de una de las peores crisis” de liquidez, exportaciones y turismo, además de la pandemia de COVID-19 y la caída de las remesas. Una semana después de su entrada en vigor, el 1 de enero de 2021, el dólar ya se cotizaba a 50 CUP en el mercado informal, señala el documento.
El aumento salarial ligado a esa reforma, sin liberalización de las fuerzas productivas ni reforma de precios, se describe como un “demoledor error estratégico” que disparó el costo de alimentos, electricidad, transporte, telefonía y otros servicios, por encima de la capacidad adquisitiva de la población.
Morales vincula directamente la “Tarea de Ordenamiento” con “el aumento de la frustración popular” y con un “inusitado movimiento de protestas públicas” que tuvo su punto culminante el 11 de julio de 2021, cuando “miles de cubanos se lanzaron a las calles a pedir libertad y fin del comunismo”. El informe afirma que esas protestas “fueron brutalmente reprimidas por orden de Miguel Díaz-Canel”.
El dosier también sostiene que “la inversión extranjera en la Isla está totalmente estancada”. Cuba, afirma, “se ha convertido en uno de los mercados de más alto riesgo de inversión en el mundo”.
El texto describe una economía “descapitalizada”, con una industria azucarera “prácticamente destruida” hasta el punto de que el país importa azúcar, y con una infraestructura energética en crisis, que genera un déficit de electricidad que oscila entre el 45 y el 60 % de la demanda diaria y provoca apagones prolongados.
Morales señala además un “bloqueo interno” que impediría el desarrollo de un verdadero sector privado: los ciudadanos no pueden crear empresas libremente, sino solo con autorización estatal, y las que logran funcionar dependen de empresas estatales para importar y exportar, incluso cuando tienen cuentas en dólares. “En fin, todo un truco para no permitir la existencia de un verdadero sector privado”, resume el informe.
Aunque el informe sostiene que el origen de la crisis es principalmente interno, también dedica espacio al impacto de las sanciones de Estados Unidos. El autor recuerda que, entre 2004 y 2018, 13 entidades financieras recibieron multas por un monto total de 14.002 millones de dólares por realizar transacciones con empresas cubanas, con un promedio anual de algo más de 1.000 millones.
El autor subraya además el “efecto persuasivo” del Título III de la ley Helms-Burton, activado por Washington, que ha “bloqueado con mucha efectividad las inversiones en el país” y ha convertido invertir en la isla en “un acto suicida para los inversores”, al exponerlos a demandas por propiedades nacionalizadas.
El desfalco al sistema de salud
Uno de los capítulos más duros del dosier se centra en lo que denomina “el desfalco financiero de GAESA a la salud pública”. Morales describe un “sofisticado mecanismo” mediante el cual todos los ingresos generados por los contratos de personal médico y paramédico en el exterior, gestionados por la Comercializadora de Servicios Médicos S.A. (MINSAP) y por ANTEX S.A. (estructura de GAESA), se transfieren al Banco Financiero Internacional (BFI S.A.), entidad bancaria perteneciente a GAESA.
En su cálculo, realizado “a partir de las estadísticas publicadas por el Gobierno cubano a través de la Oficina Nacional de Estadísticas e Información (ONEI)”, el autor estima que entre 2008 y 2022 las exportaciones de servicios médicos generaron 108.530,7 millones de dólares. De esa cifra, el 30 % (30.693,2 millones) habría ido a parar a los salarios de los trabajadores de la salud y el 70 % restante, unos 69.866,4 millones, habría sido embolsado por GAESA.
El informe se pregunta: “Si el Gobierno cubano gastó en construcción de hoteles 24.200 millones de dólares, en salud 1.700 millones de dólares (o sea, un total de 25.900 millones en esos dos gastos) y a los médicos le pagaron 30.700 millones de dólares, queda un ‘excedente’ nada despreciable de 43.800l millones. ¿Cuál fue el destino de este ‘excedente’?”.
Morales califica este esquema como “un acto deplorable de violación de los derechos laborales y humanos de los trabajadores cubanos de la salud” y “un acto de hostilidad y sometimiento esclavo a la población cubana en pleno siglo XXI”.
El autor sostiene que este desfalco “le ha costado cientos de miles de vida a la población cubana”, especialmente durante la pandemia de COVID-19, debido a la falta de medicamentos, oxígeno y equipos, mientras se priorizaba la construcción hotelera.
En sus conclusiones, el dosier afirma que la economía cubana “se encuentra empantanada en la peor crisis financiera de su historia” y que “los máximos responsables” no son el embargo ni las sanciones de Estados Unidos, sino GAESA y el gobernante Miguel Díaz-Canel.
“La impunidad con que GAESA ha manejado las finanzas del país” y “la pasividad de Miguel Díaz-Canel como presidente” habrían llevado a Cuba a “una especie de anarquía financiera que parece irreversible”.
Asimismo, el informe concluye que la crisis inflacionaria “ha pulverizado los pobres salarios” de trabajadores y pensionados, hasta el punto de que “el salario mensual apenas alcanza para sobrevivir a duras penas una semana”; asegura que el accionar del Gobierno “ha sumido en la pobreza a más de 10 millones de cubanos” y que muchos están condenados “en su mayoría a una comida al día”.
Para Morales, “la única forma de abortar esta crisis financiera que tiene prácticamente paralizado al país y ha sumido a la población en la extrema pobreza es eliminar el sistema de gobernanza que la ha creado”. El cambio que Cuba requiere, concluye, “no es solo una reforma estructural de la economía sino también un cambio político que barra con el sistema de gobernanza actual, que restablezca la democracia en el país y que asegure la separación de poderes y devuelva la libertad política y empresarial a los ciudadanos”.