Cuba, uno de los tres países de América Latina con más periodistas obligados a exiliarse
La Universidad de Costa Rica alerta en un informe que Cuba figura entre los tres países más represivos para la prensa en América Latina y el Caribe.
MIAMI, Estados Unidos. – Cuba figura entre los países más hostiles para el ejercicio del periodismo en América Latina y el Caribe, según revela el informe Voces desplazadas: Perspectivas del desplazamiento forzado de periodistas y personas defensoras de derechos humanos en América Latina y el Caribe, publicado por la Universidad de Costa Rica este mes.
De acuerdo con el documento, la Isla concentra junto con Venezuela y Nicaragua “el 92,31% del total de casos de periodistas desplazados documentados entre los años 2018 y 2024”. En ese período, se registraron 477 casos en Venezuela, 268 en Nicaragua y 98 en Cuba.
La investigación fue coordinada por el Programa de Libertad de Expresión y Derecho a la Información (Proledi) de la Universidad de Costa Rica, y analiza los factores que impulsan el desplazamiento de periodistas y personas defensoras de derechos humanos en 15 países de la región.
Uno de los hallazgos centrales del informe es que en países como Cuba, Nicaragua y Venezuela “la persecución y la estigmatización es liderada por el Poder Ejecutivo”. Según los investigadores, “los jefes de Estado atacan abiertamente a la prensa independiente, lo que facilita el uso de instituciones estatales para hostigar y criminalizar a la prensa”.
El informe subraya que el desplazamiento forzado en estos contextos responde a patrones diferentes a los de países como México, Guatemala, Honduras o Colombia, donde la violencia de actores no estatales —como el crimen organizado— suele ser la causa principal. En contraste, en Cuba, la represión es de carácter eminentemente estatal.
Sobre los métodos utilizados para reprimir a periodistas en Cuba, el documento detalla que en la Isla “son comunes las visitas de funcionarios públicos que le solicitan directamente al periodista salir del país bajo amenaza de que, si no lo hace, será investigado y eventualmente encarcelado”.
Este tipo de exilio forzado, destaca el informe, ocurre con frecuencia de manera abrupta: “En el caso de periodistas cubanos, nicaragüenses y venezolanos muchas veces no existe ni siquiera una planificación previa de la salida; esta ocurre de forma inmediata y sin condiciones mínimas de seguridad”.
El capítulo dedicado al perfil de las personas desplazadas también señala que, aunque los motivos del exilio pueden variar, en contextos autoritarios como el cubano, “la razón principal es el hostigamiento directo por parte de funcionarios públicos”.
Una de las consecuencias más graves identificadas por los autores es la pérdida de relevos generacionales en el periodismo independiente: “La migración forzada está generando una especie de extinción del periodismo institucional”. En muchos casos, los medios pierden a sus periodistas más experimentados y, con ellos, sus redes de fuentes, sus contactos locales y su capacidad de análisis.
Asimismo, el informe alerta sobre el impacto que el desplazamiento tiene sobre el ecosistema informativo de los países de origen: “La mayoría no logra continuar ejerciendo su labor y esto ha derivado en zonas de silencio y desiertos informativos”.
El documento también describe los desafíos que enfrentan los periodistas en el exilio, entre ellos “la dificultad para sostener los medios, para obtener financiamiento, para conseguir declaraciones, para recibir y verificar información, para validar sus contenidos en nuevas plataformas y para adaptarse a nuevos marcos jurídicos”.
En sus conclusiones, la Universidad de Costa Rica advierte que “urge reconocer el desplazamiento forzado como una grave violación de derechos humanos y adoptar mecanismos de protección, atención y reparación”.
También se exhorta a los Estados receptores a facilitar “el acceso a estatus migratorios seguros” y “la creación de programas de acompañamiento psicosocial y económico para personas desplazadas”.
Finalmente, el documento cierra con un llamado a la acción: “Esperamos que este trabajo contribuya al debate sobre los y las periodistas obligadas al desplazamiento en nuestra región” y que sirva “como un insumo para continuar defendiendo los derechos a la libertad de expresión y de prensa, así como los principios fundamentales de la democracia y los Derechos Humanos”.