Cuerpo anuncia que España retrasará la presentación del plan fiscal a Bruselas al 15 de octubre
La reforma del Pacto de Estabilidad y Crecimiento de la UE establece una cuenta atrás para la entrada en vigor de unas nuevas reglas fiscales a partir de 2025. El horizonte planteado fija varias fechas clave hasta que los países tengan que volver a cumplir con los objetivos de déficit y deuda que se vieron suspendidos tras la pandemia, un momento en el que las circunstancias requerían manga ancha para el gasto. Pero España llegará con retraso al primero de los plazos. Aunque los países debían presentar sus planes fiscales estructurales el 20 de septiembre como fecha límite, el Gobierno retrasará esta entrega a Bruselas hasta el 15 de octubre.
Lo ha confirmado este miércoles el ministro de Economía, Carlos Cuerpo: «España presentará su plan fiscal estructural de acuerdo con lo previsto en la normativa el próximo 15 de octubre, al igual que lo harán la gran mayoría de los Estados miembros». La fecha, que coincide con el plazo límite de entrega del plan presupuestario para 2025, la ha dado en respuesta a la pregunta del PP en el Congreso acerca de si cumpliría con el vencimiento de este viernes 20 de octubre.
El plan fiscal estructural es el primero de los documentos que los países deben presentar a la Comisión Europea para garantizar que cumplirán los límites establecidos por las reglas fiscales, un déficit que no superará niveles del 3% sobre el PIB y del 60% en el caso de la deuda. Estos planes fiscales se configuran a cuatro años, pero son extensibles a siete en caso de que los Gobiernos presenten reformas e inversiones que lo justifiquen.
Cuerpo ha aclarado que el ministerio de Economía trabaja por elaborar un plan que sea «creíble, realista y aterrizado», pero a la vez «ambicioso». Su idea es la de «mantener el elemento de disciplina fiscal que nos ha caracterizado estos años», «de la mano de inversiones y reformas que continúen el proceso de modernización empezado en nuestra economía gracias al Plan de Recuperación». En ese sentido, defendió que las nuevas reglas fiscales «están guiadas por una visión de medio plazo, que permite conjugar consolidación fiscal con defensa de la inversión pública».
España llegará tarde a la primera entrega que los Estados miembro deben hacer antes de la entrada en vigor de las nuevas reglas fiscales. Si bien los objetivos de déficit y deuda no varían respecto a la anterior gobernanza económica, el nuevo marco se fijará en la senda de gasto. En esa hoja de ruta que el Gobierno debe presentar a Bruselas, el Gobierno debe fijar un techo al incremento del gasto anual. El indicador se fijará en el gasto primario neto, y excluirá los intereses de la deuda y otros gastos considerados cíclicos.
Fuentes de la Comisión Europea confirman que se concederá cierta flexibilidad a los países en la entrega de los planes estructurales, de tal manera que la demora no constituye un gran problema para España. Las normas establecen que los Estados miembro y la Comisión pueden acordar ampliar ese plazo por un periodo de tiempo razonable, han informado fuentes comunitarias. En todo caso, Bruselas empezará a evaluar los planes inmediatamente después de su presentación y publicará su evaluación.
