EE. UU. rescata a los opositores venezolanos refugiados
MADRID, España.- Cinco opositores venezolanos que permanecían refugiados desde marzo de 2024 en la embajada de Argentina en Caracas fueron trasladados a Estados Unidos este 6 de mayo en una operación coordinada por el gobierno estadounidense, según confirmaron autoridades de ese país y medios internacionales.
Los activistas —Magalli Meda, Claudia Macero, Omar González Moreno, Pedro Urruchurtu y Humberto Villalobos— son militantes de Vente Venezuela, el partido liderado por la líder opositora María Corina Machado. Ingresaron a la legación diplomática tras ser acusados por la Fiscalía de Venezuela de conspiración y traición a la patria, en el marco de una oleada de persecución contra colaboradores cercanos de la candidata presidencial inhabilitada.


Durante más de 400 días los opositores permanecieron en la sede diplomática bajo vigilancia constante de las fuerzas de seguridad venezolanas. En julio de 2024, tras la ruptura de relaciones diplomáticas entre Buenos Aires y Caracas, la custodia de la embajada fue asumida por Brasil.
El secretario de Estado de EE. UU., Marco Rubio, calificó la maniobra como un “rescate exitoso”. Por su parte, el gobierno argentino agradeció públicamente la colaboración estadounidense para facilitar la salida de los activistas hacia territorio seguro.
“Tras una precisa operación, todos los rehenes se encuentran ahora a salvo en territorio estadounidense. El régimen ilegítimo de Maduro ha socavado las instituciones venezolanas, violado los derechos humanos y puesto en peligro nuestra seguridad regional”, dijo Rubio, y agradeció a “todo el personal involucrado” en el rescate.
Por su parte, María Corina Machado celebró públicamente la liberación de sus compañeros de partido, a quienes calificó como “héroes de Venezuela”.
Un sexto opositor, Fernando Martínez Mottola, también miembro de Vente Venezuela y parte del grupo original que buscó asilo, se entregó voluntariamente a las autoridades venezolanas en diciembre de 2024. Falleció bajo custodia en febrero de 2025, un hecho que ha sido señalado por organizaciones de derechos humanos como evidencia del riesgo que enfrentaban los demás refugiados.