El concierto catalán aboca a Moncloa a subir el IVA de los productos básicos
El concierto fiscal que persigue ERC –a través de su pacto con el PSC– generaría un coste cercano a los 2.100 millones de euros anuales para el sistema de financiación, y una pérdida de recaudación de unos 22.000 millones, según las más recientes estimaciones. Para compensar el roto en las cuentas, Moncloa se verá obligada a acompañar el proyecto de Presupuestos de un ambicioso paquete de medidas fiscales. Entre el catálogo de opciones que se presentan ya como ineludibles, si se quiere evitar la bancarrota del sistema, se encuentra la eliminación total de los dos tipos reducidos del IVA, lo que generaría unos ingresos tributarios de «en torno a los 15.000 millones de euros», según estima el catedrático Desiderio Romero Jordán, en su último artículo firmado para Funcas. Esa medida tendrá un indudable efecto en productos básicos de consumo, en especial en el ámbito alimentario, como pone de manifiesto el documento de la Fundación.
La reforma del IVA lleva años rondando al Gobierno sin que se atreva a acometerla. Sin embargo, el shock que provocará la salida de Cataluña del régimen de financiación común obligaría a Moncloa a no posponerla más, según expertos como Jordán.
En mayo de 2021, la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, reconoció estar estudiando la posibilidad de simplificar el tributo, suprimiendo los dos tipos inferiores. Un año después, el equipo de expertos a los que encargó el libro blanco para la reforma fiscal avaló esta opción. El Comité apostó por una supresión gradual de los tipos reducido y superreducido, lo que podría elevar la recaudación hasta los 17.100 millones de euros. También puso sobre la mesa la posibilidad rebajar el tipo general del 21% a un tipo único del 15,4%, tal y como demandó en su día el Ejecutivo Comunitario.
Los tipos reducidos se aplican actualmente a alimentos como la leche, el queso y los huevos, medicamentos de uso humano, prótesis, viviendas de protección oficial o vehículos para personas con movilidad reducida.
No es la única vía con la que el Gobierno podría taponar la pérdida de ingresos derivados de la salida de Cataluña del régimen fiscal común. Hacienda cuenta con margen para elevar los dos últimos tramos del IRPF, que gravan los rendimientos superiores a los 60.000 euros. Fedea insistió hace semanas en que la cesión de la gestión del 100% de los impuestos a la Generalitat obligaría al Ejecutivo a elevar un 29,5% el tramo estatal del impuesto sobre la renta, fruto del vacío que dejaría la marcha de Cataluña del sistema actual. Por el contrario, si no se abre una vía extraordinaria de ingresos, el resto de CCAA dejaría de recibir un 10,7% de la financiación, lo que desgastaría los servicios públicos. El golpe sería mayor si otras regiones reclaman un modelo similar. Según De la Fuente, solo si Madrid y Baleares siguen los pasos de Cataluña y reclaman la gestión de la totalidad de los tributos, el Estado perdería 37.500 millones de euros adicionales en ingresos tributarios. El coste podría ascender hasta los 62.000 millones si la medida se extiende por la totalidad de las comunidades del régimen común.
Todo dependerá de los detalles de la aplicación del acuerdo con ERC -que siguen sin revelarse- y del desarrollo de la reforma del modelo de financiación autonómica, que Sánchez ha comenzado ya a discutir de forma bilateral con los presidentes regionales. Con la información disponible, todo apunta -según Fedea- hacia un trasvase anual de entre 6.600 y 13.200 millones de euros desde la caja común del Estado hacia la Hacienda catalana, lo que elevaría la financiación homogénea de la Generalitat entre un 25% y un 50%. «Si ninguna comunidad puede perder financiación, el Estado tendrá que ajustar a la baja su gasto, reduciendo las prestaciones de su competencia, como las pensiones o la defensa, o aumentar, ahora o en el futuro, la presión fiscal», insiste Ángel de la Fuente.
La apuesta por la vía intermedia
El debate sobre el IVA va, sin embargo, más allá de Cataluña. La Comisión Europea publicó –a finales del pasado marzo– un informe sobre las vulnerabilidades de la economía española. En él, los de von der Leyen recomendaban combinar la retirada de los dos tipos inferiores del IVA, con una subida de los impuestos verdes por valor de 15.000 millones, y la retirada de los beneficios fiscales aprobados hasta la fecha. Hacienda respondió al documento con la aprobación del tipo mínimo al 15% en Sociedades y la prórroga de los gravámenes extraordinarios a la banca, energéticas y Grandes Fortunas. Sin embargo, el impacto de estos tres ajustes fiscales sobre la recaudación es limitado, y Bruselas espera una reforma más sólida.
Anunciada ya la retirada escalonada de las principales medidas de auxilio fiscal, el Gobierno debe seguir cumpliendo el guion trazado por la autoridad europea. Para hacerlo, Moncloa podría optar por una opción intermedia y suprimir solo el tipo reducido del IVA (del 10%), dejando el resto intacto. Esto sumaría 11.775 millones de euros a la recaudación, según los expertos tributarios. Llegado el caso, el libro blanco de la reforma tributaria recomienda al Ejecutivo el articular un sistema para compensar el efecto de la subida de los precios para aquellos hogares con menor renta, a través de ayudas directas o beneficios fiscales quirúrgicos destinados a las rentas bajas. Sumar lleva tiempo poniendo sobre la mesa algunas, como la fijación de un tope para los precios de la cesta básica de la compra, algo que el ala socialista del Gobierno descarta.
No obstante, la irrupción de la crisis de la inflación despejó la idea, que ahora –con un IPC adelantado al 1,5%– podría volver a entrar en el imaginario de Hacienda. De hecho, tanto Fedea como el Consejo General de Economistas (CGE) consideran necesario incluir la simplificación del IVA dentro de la reforma fiscal que la Comisión Europea demanda, a cambio del desembolso de lo que queda de los Next Generation. Ambas entidades llevan meses reclamando la supresión de los tipos reducidos y del sistema de módulos, primando los impuestos medioambientales que contribuyan a la transición energética, y poniendo el acento en la lucha contra el fraude fiscal.
Sin embargo, simplificar el IVA tendría importantes efectos sobre el consumo, en un momento en el que la economía espera apoyarse sobre él para seguir creciendo en el medio plazo. Al previsible encarecimiento de los productos básicos incluidos en los tipos reducidos, se suma el que podría generarse sobre la vivienda, también gravada al 10%.
La constante tensión que sufre el mercado inmobiliario desaconseja acometer la medida, siempre que no venga acompañada de medidas de compensación, al menos transitorias. La compraventa de vivienda –que cotiza al tipo reducido– sufriría un incremento adicional en su coste. Mientras Ejecutivo y PP rivalizan a través de medidas para reducir el precio a través de la intervención del mercado o el aumento de la oferta, una subida del IVA endurecería –aún más– las posibilidades de acceder a una vivienda. Lo mismo ocurriría con el transporte de viajeros, los servicios de hostelería o las obras de renovación de inmuebles. El impacto será mayor en el precio de medicamentos, o en productos y servicios destinados a personas con discapacidad o movilidad reducida; todos ellos gravados al tipo superreducido del 4%. Aun así, en términos generales, los expertos aseguran que el beneficio fiscal que otorgan los dos tipos reducidos favorece más a los ciudadanos con más recursos, «el 55% de la ganancia fiscal que representan los tipos reducidos se concentra en el 40% de los hogares más ricos», apunta el equipo liderado por Jesús Ruiz-Huerta.
España, el segundo país de la UE que más productos grava a tipos reducidos
España aplica tipos reducidos o superreducidos a 33 categorías de productos, cifra solo superada por los 35 de Italia. En la Unión Europea, salvo Dinamarca, que tiene un único tipo impositivo del 25%, todos los países tienen varios tipos reducidos. Según la AIReF, España grava con tipos impositivos claramente más reducidos que sus socios europeos la alimentación, salud, ocio y cultura y restauración (especialmente, en el suministro de bebidas alcohólicas), que representan una parte sustancial del gasto de los hogares; mientras que las diferencias con otros países no son tan relevantes en hostelería y transporte. Las últimas estimaciones –elaboradas por López Laborda, Marín y Onrubia en 2018– cuantifican el coste recaudatorio medio en 17.100 millones de euros, solo para los hogares: 5.300 millones por la aplicación del tipo del 4%, y 11.800 millones, del 10%.
