El consumo de alimentos ultraprocesados daña todos los órganos vitales del cuerpo, según estudio
El concepto de ultraprocesados, su impacto en la salud y la propia clasificación Nova no han alcanzado consenso y han generado un intenso debate. En declaraciones retomadas por el portal SMC España, Jordan Beaumont, profesor de Alimentación y Nutrición en la Universidad de Sheffield Hallam, considera que “atribuir al procesamiento el peso fundamental de los efectos de la dieta sobre la salud humana es un enfoque excesivamente simplista”. Añade que el artículo se apoya en “evidencia relativamente débil”, derivada principalmente de estudios observacionales y revisiones narrativas. “Los autores asumen que los alimentos ultraprocesados son intrínsecamente perjudiciales por su nivel y tipo de procesamiento. [Sin embargo], existe poca evidencia robusta y de alta calidad que lo demuestre de manera concluyente”.
Por su parte, Jules Griffin, director del Instituto Rowett de la Universidad de Aberdeen, quien no participó en el estudio, señala también en SMC España que no todos los ultraprocesados deben considerarse nocivos. Explica que existen procesos industriales que pueden aportar beneficios, como la fortificación del pan con ácido fólico. No obstante, reconoce que “pese a estas reservas, es urgente entender cómo el procesamiento de alimentos a gran escala influye en nuestra salud y por qué los ultraprocesados tienen un impacto tan significativo en el riesgo de desarrollar enfermedades crónicas”.
Consumo de alimentos ultraprocesados a la alza
Los autores admiten la necesidad de realizar ensayos clínicos de largo plazo y profundizar en los matices de la alimentación contemporánea, incluidos los subgrupos de productos con diferentes valores nutricionales. Aun así, sostienen que la evidencia disponible es suficiente para considerar el consumo de UPF como un asunto central en la agenda sanitaria global.
El análisis subraya que, en muchos países de altos ingresos, los ultraprocesados representan cerca del 50% de las compras alimentarias de los hogares, y su presencia crece con rapidez en naciones de ingresos bajos y medios. Detalla que, en España, la proporción energética aportada por estos productos casi se triplicó en tres décadas, al pasar de 11 a 31.7%. Una tendencia similar se observa en México y Argentina, con incrementos del 10 al 23% y del 19 al 29%, respectivamente.
Un número creciente de países, incluido México, ha adoptado marcos legales para desalentar el consumo de productos procesados y favorecer la reformulación industrial. Sin embargo, de acuerdo con el segundo artículo de la serie, estas medidas han sido insuficientes.
Por ello, los especialistas proponen un conjunto de acciones para reducir la producción, comercialización y consumo de ultraprocesados. Entre ellas, piden que el etiquetado incluya información clara sobre los ingredientes que indican si un producto es ultraprocesado; restringir su publicidad; aumentar los impuestos a los productos poco saludables; limitar el espacio que ocupan en los estantes; prohibir su venta y consumo en escuelas y centros de salud; y garantizar la disponibilidad y asequibilidad de alimentos nutritivos.
Todas estas medidas, advierte The Lancet, deberán complementarse con marcos regulatorios que limiten “el poder político de la industria de los ultraprocesados”. Monteiro señala que el tercer artículo identifica a las corporaciones transnacionales como el principal obstáculo para establecer políticas efectivas de prevención de enfermedades vinculadas al consumo de estos productos. Las ganancias de los UPF “se generan mediante el uso de ingredientes muy baratos —almidones, azúcares, aceites, grasas, proteínas aisladas y aditivos— que imitan alimentos reales y resultan atractivos por su conveniencia y, en ocasiones, por sus precios”, afirma.
La editorial de The Lancet indica que este modelo no solo impulsa el crecimiento continuo del sector, sino que financia las acciones políticas de las empresas para frenar los intentos de regulación. “El desafío requiere una respuesta global, coordinada y con recursos suficientes, que incluya políticas integrales y complementarias orientadas a contrarrestar las prácticas empresariales perjudiciales y romper el dominio de la industria de los UPF sobre los sistemas alimentarios”, concluyen los autores.