El derecho a reparar: la batalla contra la obsolescencia programada
“El actual modelo de consumo, propagado por las empresas fabricantes de tecnología, va en un sentido no solamente inverso a los avances en otros países, sino al planeta,» dijo Iván Martínez, de la Red en Defensa de los Derechos Digitales (R3D). «Es insostenible, tanto por el uso de algunos elementos escasos, como en la altísima generación de desechos electrónicos”.
Francia fue uno de los primeros países en abordar el problema de la contaminación por residuos electrónicos al crear, en 2020, el ‘Índice de Reparabilidad’, una etiqueta con cinco categorías que ayuda al consumidor a elegir entre una diversidad de productos electrónicos. Aquel mismo año, el Parlamento Europeo aprobó una ley que establece reglas comunes para promover la reparación de bienes, el llamado “derecho a reparar”, que busca aumentar la vida útil de los dispositivos electrónicos en al menos 10 años. La ley entró en vigor en julio del año pasado.
Back Market e iFixit se están asociando para animar a los consumidores a mantener sus teléfonos en servicio durante al menos cinco años, y así presionar a los fabricantes para que extiendan el soporte de los smartphones a 10 años.
En Estados Unidos, Joe Biden firmó en 2021 una orden ejecutiva que obligaría a las empresas estadounidenses a permitir que los consumidores puedan reparar sus dispositivos sin necesidad de tener que recurrir a técnicos autorizados por una marca. Sin embargo, al llegar Donald Trump a la Casa Blanca en 2025, canceló esta y otras órdenes relacionadas a la mejora de la eficiencia energética en aparatos electrodomésticos.
En México, en julio de 2020, en el marco del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), se intentó aprobar una serie de reformas a la Ley Federal del Derecho de Autor y al Código Penal Federal que criminalizan cualquier tipo de modificación a los aparatos con una propiedad intelectual activa. Esta medida beneficiaba solamente a una de las partes involucradas: los fabricantes.
“Tanto los legisladores como el Estado han sido omisos en establecer un balance entre las industrias que fabrican los aparatos y las personas que los consumen. Se le da una visión desproporcionada a los fabricantes, una potestad en la que pueden dirigir a su antojo las reparaciones y el mercado de piezas sin considerar otros derechos que deberían tener los consumidores, porque es una relación simbiótica», comentó Martínez, también coordinador de Creative Commons México. «Una no existe sin la otra, fabricantes no existen sin consumidores”.
No obstante los esfuerzos de R3D a través del movimiento ‘Ni censura ni candados’, y de otras movilizaciones de la sociedad civil, la iniciativa se aprobó con algunos cambios que, lejos de proteger al consumidor, establecen que los candados digitales de los dispositivos tecnológicos no podrán ser modificados por terceros.
“Se especificaron algunas áreas seguras, pero quedó bastante ambiguo, y esto abre la puerta a que las personas que desean hacer investigación alrededor del funcionamiento de los aparatos para poder generar piezas genéricas o reparar, sean perseguidas”, señaló Martínez.
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Deshazte de los dispositivos viejos, rotos y sin usar, incluso de los cables Lightning, sin comprometer al ambiente y contribuir al problema de los residuos electrónicos.
No es moda, es derecho
“La cultura en México siempre ha sido de reciclar, reutilizar, de ingeniárselas, sin embargo, sí necesitamos algo con el que el consumidor pueda ir y reclamar el producto, o mínimo que haya un espacio donde puedas ir a repararlo”, comenta la maestra en diseño e innovación, Ana Jimena Fernández.
Algunas propuestas se han visto en ciudades europeas donde existen tiendas de artículos de segunda mano que promueven la reparación. Por un lado están los cafés de reparación (Repair Cafés), clubes ciudadanos de reparación, y por el otro, hay empresas como ReBuy, líder europeo en el mercado de productos electrónicos de segunda mano. Algunos gobiernos también han hecho su parte al subvencionar el 50% del costo de la reparación de diversos artículos a través del Bono Nacional de Reparación, como los de Berlín o Viena. En la misma línea, el gobierno sueco bajó el impuesto al valor agregado a piezas de recambio.