el flagelo que Cuba ya no puede ocultar

HOLGUÍN, Cuba. – “He visto a los niños trabajando en las calles, niños de ocho o nueve años vendiendo cualquier cosa, hasta cigarros y fosforeras. Y entonces, ¿esos niños no van a la escuela o qué? Aquí no hay control de nada”, lamenta el holguinero Roberto Pérez, residente en el reparto El Llano, de la ciudad cabecera provincial.

Pero, lo que dice lo podría repetir cualquiera que desande las calles de la ciudad a menudo: el trabajo infantil, un fenómeno que durante décadas el régimen cubano consideró erradicado en el país, hoy es un hecho cotidiano, el indicador más visible de una profunda crisis económica y social que obliga a las familias a tomar decisiones desesperadas, en contraposición de un andamiaje legal que parece existir solo en el papel.

Niños trabajando en el comercio informal ya no sorprenden a los holguineros. Para muchos, es una escena que se repite con frecuencia en distintos lugares de la ciudad de Holguín, motivada por la precariedad familiar.

María Rodríguez, vecina del reparto Villa Nueva, lo vive de cerca en su comunidad. “En mi barrio hay un niño que la propia madre lo manda a vender pan. El pobre muchachito tendrá unos ocho o nueve años”.

Lo que antes podía considerarse un problema de la periferia se ha desplazado al corazón mismo de la urbe holguinera, a la vista de todos. 

Carlos Vega, desde Pueblo Nuevo, describe la normalización de estos casos que, por desgracia, ya no son aislados. “Yo he visto a niños vendiendo ajo, vendiendo maní… Niños de siete u ocho años. Eso es trabajo infantil a la cara de todo el mundo. Y no creas que están por allá lejos, en un reparto escondido, qué va; es en el mismo centro de la ciudad. Y no pasa nada”.

Los niños son el último eslabón de una cadena de comercio informal que abarca todo lo imaginable. “Hoy en día ya uno ve de todo. Yo me he tropezado con muchachos de 15 años para abajo que andan en la calle vendiendo lo que aparezca. Pasan pregonando ajo, cebolla, fongo… de todo”, dice Alberto Fuentes, del reparto Alcides Pino.

Más allá de la venta ambulante existen formas de trabajo infantil más organizadas y ocultas, en condiciones de riesgo y con una clara afectación al rendimiento escolar. La experiencia de Jorge Martínez, del reparto Alex Urquiola, confirma esta tendencia: “Mi esposa es profesora de secundaria y tiene alumnos que trabajan en la guarapera y otros haciendo baldosas. Los niños viven con la mamá divorciada con uno o dos hermanos más y con necesidad económica. La pensión que pasa el padre no alcanza para nada”.

Por su parte, Yanelis Cruz, una madre residente en Pueblo Nuevo, expresa el dolor que muchos sienten, pero pocos dicen: “Yo soy madre y se me parte el alma cuando veo a un niño vendiendo en la calle. Algunos andan en grupitos, pero a la mayoría los ves solos”. 

La “normalización” del problema ha llevado a una suerte de ceguera colectiva ante una realidad demasiado dura de enfrentar. “Al principio uno se escandalizaba, ahora la gente pasa, mira de reojo y sigue en su corre-corre. Yo me entristezco, porque pienso en mis nietos, pero la verdad es que la mayoría de la gente ignora al niño que está vendiendo en la calle y sigue su camino”, dice Beatriz Sarmiento, del reparto El Llano.

Las leyes cubanas son claras, pero su aplicación es prácticamente nula. “La ley ―dice Alberto Fonseca, vecino del reparto Vista Alegre― es como un cuadro bonito colgado en la pared: está ahí para adornar, pero no sirve para nada práctico. ¿Dónde están los trabajadores sociales, la Policía de menores? En la práctica, nadie quiere buscarse un problema con una familia que lo que está es pasando hambre. Es más fácil mirar e ignorar la situación”, asevera este holguinero.

En su artículo 66, la Constitución de la República de Cuba prohíbe “el trabajo de niñas, niños y adolescentes”, y el artículo 86 refuerza la “obligación del Estado, la sociedad y las familias de brindar especial protección a las niñas, niños y adolescentes”.

Por su parte, el Código de Trabajo, en su artículo 26, fija la edad mínima de admisión al empleo en 18 años, con excepciones muy específicas para adolescentes entre 15 y 17 años.

El Código Penal va más allá y, en su artículo 369, establece sanciones para “quien obligue o utilice a una persona para ejecutar un trabajo o prestar un servicio en contra de su voluntad” y considera como agravante que la víctima sea menor de 18 años.

También un nuevo Código de la Niñez, Adolescencias y Juventudes, aún no aprobado, “ratifica que todo trabajo infantil constituye una forma de explotación”, según Cubadebate.

Sin embargo, la percepción general es que la ley es letra muerta, como afirma Elena Batista, del reparto Hilda Torres. “Son los propios padres los que los mandan a vender a sus hijos en la calle. Eso está prohibido, pero aquí eso no se cumple”.

Los motivos detrás de esta desobediencia masiva de la ley no parecen ser, de manera general, la falta de conciencia, sino la crisis económica. La decisión de un padre de enviar a su hijo a la calle es el último recurso en un contexto de bajos salarios y alto costo de la vida por la inflación y un modelo económico que no ofrece alternativas. “Ningún padre en su sano juicio ―dice el holguinero Jorge Luis Aguilera― quiere ver a su hijo en la calle pasando trabajo, pero, cuando en la casa no hay comida, cuando no tienes ni el peso para el pan de la bodega, la cosa cambia. La necesidad es mala y a veces la única opción que queda es que todos, hasta el más chiquito, aporten algo. Es supervivencia”, dice Aguilera.

Los números oficiales, aunque conservadores, presentan un panorama económico crítico. El salario mensual promedio en los primeros seis meses de 2025, según la Oficina Nacional de Estadística e Información (ONEI), rondaba los 6.649 pesos.

Mientras, la inflación interanual es del 15,2%, una estadística reportada por la misma entidad en septiembre pasado. No obstante, el economista Steve Hanke brinda una estimación mucho más critica y sitúa la inflación real en un 39,5%, lo que colocaría al país como la cuarta economía con más inflación del mundo.

Este panorama, definido por la organización Food Monitor Program (FMP) como “policrisis”, tiene efectos directos en los más vulnerables. “Mientras se agrava la policrisis y la emigración vacía comunidades en Cuba, más niños y adolescentes se involucran en trabajos informales (…). FMP avisa del avance de la pobreza multifactorial en el país que facilita la naturalización silenciosa de ejercicios de sobrevivencia infantil”, asegura la ONG.

La vieja consigna de que “en el mundo millones de niños trabajan y ninguno es cubano” ha sido desmentida por la propia prensa oficial. Medios del Partido Comunista de Cuba como los periódicos Sierra Maestra y 26 han publicado sobre el tema. En este último, Juan Miguel Barrios, subdirector de Educación en Las Tunas, tuvo que reconocerlo: “Hace unos días me encontré en la calle a un pequeño vendiendo tamarindos, con su mamá. Eso es trabajo infantil. Si me preguntaran si en Las Tunas se han identificado casos de niños asociados a este flagelo, respondería afirmativamente”.

Y continúa: “Hemos identificado algunos menores inmiscuidos en el corte de pasto en ciertos lugares para que alguien se encargue de venderlo luego y así obtener ingresos. También detectamos otros vinculados con actores que venden productos, especialmente agrícolas, en la calle”.

El escándalo mediático generado por las imágenes de niños durmiendo en los jardines del hotel Muthu en La Habana marcó un punto de giro y obligó a una reacción. El diputado Carlos Miguel Pérez Reyes admitió que el caso evidenciaba “fallas en la articulación de las instituciones y una débil respuesta a los problemas sociales”.

Leticia Martínez Hernández, jefa de prensa de la Presidencia, siguió una reacción  similar y calificó la escena de “inadmisible”.

Se percibe también una estrategia punitiva para individualizar la responsabilidad sobre la desatención de los menores. Ya las autoridades anunciaron procesos en contra de los niños que pernoctaban en los jardines del hotel Muthu.

Pero, para muchos, la solución no está en más leyes ni en un mayor control policial, sino en erradicar la causa base del problema. “Si la solución estuviera en mis manos ―opina el holguinero Rolando Lope―, les daría un trabajo a los padres con un salario que alcance para vivir, no para malvivir”.

Otro holguinero, Ricardo Batista, es pesimista: “Mientras la miseria y la falta de futuro sigan en Cuba, seguiremos viendo a nuestros niños en las calles”, sentencia.