El FMI advierte de que la violencia en América Latina reduce hasta en un 3,5% el PIB regional | Economía

El crimen organizado y la violencia en América Latina suponen un último para el desarrollo económico de la región. El Fondo Monetario Internacional (FMI) ha alertado este lunes, a través de un informe, de que la operación de grupos delictivos generan pérdidas equivalentes al 3,5% del Producto Interno Bruto (PIB) latinoamericano. El organismo afirma tajantemente que la presencia de bandas y pandillas es especialmente costosa para estos países porque eleva la inestabilidad macroeconómica, la desigualdad y los problemas de gobernanza. “El crimen disminuye la productividad laboral, los altos costos de seguridad reducen la probabilidad de que las empresas inviertan en innovación y las pequeñas empresas son las más vulnerables a los efectos nocivos del crimen”, refiere el documento.

Con apenas el 8% de la población mundial, América Latina y el Caribe registra un tercio de los homicidios del mundo. Los grupos delictivos organizados y las pandillas están vinculados al 50% de los asesinatos en América Latina, más del doble del promedio mundial. “Existe evidencia creciente de grupos transnacionales de narcotráfico organizados que están expandiendo sus operaciones a la minería ilegal de oro, la tala y el tráfico de vida silvestre en la cuenca del Amazonas. Las actividades ilícitas a menudo implican delitos convergentes, como corrupción, extorsión, fraude, lavado de dinero, asalto violento o violencia sexual”, indica estudio.

El FMI asegura que la reducción en la tasa de homicidios de América Latina y el Caribe impulsaría el crecimiento del PIB hasta en un 30% de la región, a través de una mayor acumulación de capital y productividad total de los factores. La disminución de la violencia de género también aumentaría el empleo entre las mujeres. “La seguridad se mejora fomentando un entorno de estabilidad económica, con políticas de educación, protección social y seguros bien diseñados, que contengan la pobreza, el desempleo y las desigualdades. Las políticas que mejoran la educación de alta calidad y las oportunidades laborales para los jóvenes pueden debilitar el reclutamiento de organizaciones criminales al aumentar las recompensas por la educación y el empleo”, zanja la institución.

Las ondas expansivas de los efectos del crimen organizado alcanzan desde el ciudadano de a pie hasta las grandes empresas. Un 30% de las compañías de la región perciben a la delincuencia como su problema clave, y los costos directos —el valor de las pérdidas debido al delito y el gasto de las empresas en seguridad— se estiman en alrededor del 7% de sus ventas anuales. El análisis muestra además que el tamaño de la empresa es importante. Las pequeñas empresas enfrentan pérdidas relativamente mayores debido a la delincuencia y gastan relativamente más en seguridad. Los costos directos de la morosidad como porcentaje de las ventas anuales son casi el doble para las pequeñas empresas, un 7,8%, mientras que para las grandes empresas solo supone un 4,1%. “El impacto regresivo del delito también podría empujar a las pequeñas empresas hacia el sector informal”, precisa el documento.

El FMI ha desgranado, también, el impacto económico del crimen organizado en México. El organismo señala que, en el país, las redes criminales están profundamente vinculadas al tráfico de drogas y la extorsión. Al poner el foco en la segunda economía de América Latina, solo detrás de Brasil, el FMI señala que la presencia de bandas criminales en México reduce la actividad económica, los ingresos y la educación al obstaculizar la movilidad de la población. La presencia de las bandas delictivas en México se concentran en algunos Estados del norte del país, como Baja California, así como en el Bajío y centro de México, de acuerdo con un mapa elaborado por el organismo, a partir de datos oficiales.

“Las redes vinculadas al narcotráfico continúan adaptándose a la evolución de la demanda, lo que se refleja en el aumento reciente de las exportaciones de fentanilo. Es probable que la impunidad facilite las operaciones de los grupos criminales, ya que solo uno de cada cinco casos se denuncia ante la policía en México. En aproximadamente dos tercios de los casos no denunciados, la razón para no denunciarlos refleja la falta de confianza”, indica el estudio. Como en otros países de América Latina, el órgano multilateral advierte una fuerte percepción de impunidad y corrupción al interior de las corporaciones de seguridad, misma que inhibe que los crímenes lleguen a denuncias. Además, señala que en pese a que los desembolsos del Gobierno para garantizar la seguridad, a través del Ejército y de la creación de nuevas corporaciones como la Guardia Civil, estos recursos no se han traducido necesariamente en una erradicación de los crímenes más graves como el homicidio.

El organismo multilateral refiere que, pese a que existe un cuantioso desembolso en el Poder judicial en los países de América Latina y el Caribe, la capacidad de los tribunales para castigar los delitos sigue siendo débil. La cooperación policial y judicial en los distintos niveles de gobierno es clave, especialmente cuando el crimen organizado es omnipresente ya menudo corrompe a las instituciones gubernamentales. El FMI indica que, pese a los avances logrados en diversas reformas penales y legales, los jueces y magistrados de la región demuestran un rezago en su capacidad para procesar y castigar ampliamente los delitos graves. “Por cada 10 víctimas de homicidio, 8 sospechosos son condenados en Europa, alrededor de 6 en Asia, pero solo 2 en los países del hemisferio occidental”, ejemplifica.

Dadas las complejidades y los efectos indirectos de la violenciael FMI insta a una cooperación más sólida entre los gobiernos, las instituciones financieras internacionales, las agencias de la ONU, la academia y la sociedad civil de América Latina. “El fortalecimiento de la cooperación internacional contra las drogas ilícitas, el tráfico de armas y el lavado de dinero mediante la mejora del intercambio de inteligencia y la coordinación de operaciones conjuntas también ayudaría a reducir la rentabilidad del crimen organizado y la accesibilidad a las armas de fuego”, concluye.