jueves, noviembre 21, 2024
Economía

El gasto en pensiones no se tocará en el recorte de deuda que Moncloa promete a Bruselas


El Gobierno español se ha comprometido con la Comisión Europea a realizar un ajuste fiscal de las cuentas públicas con la vista puesta en el medio plazo. El ministerio de Economía lidera este plan que ha elaborado para que los mayores ingresos fiscales eviten recortes. La senda de reducción del pasivo recoge un descenso de 14,4 puntos en la ratio de la deuda pública sobre el PIB, que pasará del 105% del PIB con el que cerró el pasado ejercicio al 90,6% de 2031, cuando culminará el plan fiscal. No obstante, Moncloa ha excluido a las pensiones de cualquier esfuerzo fiscal a medio plazo en el documento facilitado a Bruselas. Este blindaje provocará que, con tal descenso del pasivo, las pensiones quedarán intactas y no aportarán ni una décima de ahorro durante los próximos ejercicios.

El Gobierno recoge el guante de las previsiones recogidas en el reciente Ageing Report, que incluye la proyección de la Comisión Europea y una propia ficha elaborada por la cartera del ministro Carlos Cuerpo. Economía valora la última reforma de pensiones y sus medidas que incrementarán los ingresos y que contribuirán «a la sostenibilidad fiscal». «Es por ello que la reforma de las pensiones tiene un papel clave en el apartado de reformas e inversiones para la extensión del esfuerzo que acompaña a este Plan Fiscal y Estructural», asegura el informe. España resta al coste por envejecimiento los mayores ingresos generados tras la reforma.

La filosofía del Ejecutivo ‘blinda’ las pensiones, fiando la sostenibilidad del sistema al mayor esfuerzo que deberá realizar la población activa con cotizaciones sociales partiendo de la base de que los ingresos de la actualidad ya no son suficientes para cubrir todo el gasto y el pasivo de la Administración supera los 100.000 millones.

El objetivo del Gobierno es recortar 28,2 puntos el nivel de deuda sobre PIB a largo plazo, en 2041. Aunque las desviaciones pueden producirse teniendo en cuenta el rango con el que se elaboran las previsiones, de momento el Ejecutivo cuenta con que el coste de esta partida tan solo llegará a contribuir con una reducción de deuda de 1,8 puntos sobre el PIB en una época en la que la factura de la Seguridad Social se acerca a su pico más elevado.

Aseguran que la última reforma garantiza la sostenibilidad del sistema al dotar con ingresos adicionales. En concreto, recogen un incremento de los recursos del sistema en cotizaciones sociales por valor del 0,7% del PIB para 2031 -el equivalente a 10.500 millones de euros corrientes de la actualidad- que el Gobierno no incorpora a la regla de gasto hasta el término del plan fiscal y que explica un ligero aumento del gasto neto hasta entonces.

A largo plazo, las medidas de ingresos generarían más de un 1% del PIB en ingresos. Todo ello, derivado de la creación de una sobrecotización sobre los asalariados, el nuevo sistema de cotización por ingresos reales de los autónomos, la subida de las bases máximas de cotización y la cuota solidaria de nueva creación a los salarios altos.

A la vez, evitan cualquier mención de recorte del desembolso de la Seguridad Social que acompañe al esfuerzo que deberán realizar el resto de Administraciones. Hacen referencia directa al denominado Mecanismo de Equidad Intergeneracional (MEI), la cláusula de salvaguarda con la que convención el exministro del ramo, José Luis Escrivá, a Bruselas. Esta cuota adicional la pagan los asalariados sin distinción, e irá destinada a la hucha de las pensiones que más adelante se ‘romperá’ para hacer frente a parte del gasto derivado de la generación del ‘baby boom’.

Citando al propio plan fiscal, esta sobrecotización «evita que los futuros pensionistas vean reducidas drásticamente sus pensiones para compensar el impacto del envejecimiento», como también opinan en la UE para avalar su apoyo. Aunque parecen cerrar la puerta a un recorte del desembolso, el Pacto de Toledo y los agentes sociales sí podrán valorar medidas de ingresos, de gasto o una combinación de ambas si el desembolso de la Seguridad Social se desvía más de lo esperado, un ejercicio que harán cada tres años.

El Informe de Envejecimiento explicó en abril que el desembolso de la Seguridad Social superará el 17% del PIB a mitad de siglo, 6,5 puntos más que lo previsto en 2021 y unos cuatro puntos más que en 2023, donde el Estado destinó el 13% de su PIB a las pensiones contributivas y no contributivas. Medidas como la supresión del Factor de Sostenibilidad y la indexación completa de las pensiones al IPC encarecen el gasto de cara a mitad de siglo y harán que España protagonice el mayor el incremento del gasto de todos los países europeos.

El desajuste entre los ingresos por cotizaciones sociales y el gasto se verá reflejado en un déficit máximo del 3,1% del PIB en la década de 2050, cuando el Gobierno limitaba el saldo fiscal negativo en el 1,5%. El déficit, en línea con el gasto, también se ha visto impregnado de un mayor pesimismo de la institución -de por sí ya pesimista en estos informes, según expertos consultados-, lo cual indica la insuficiente previsión de ingresos a largo plazo.

Si la reforma es insuficiente sobre el papel o no se decidirá el año que viene. El Banco de España opinó el año pasado (sin Escrivá al frente del supervisor), que sí serán necesarias medidas adicionales. La propia auditora pública calculó ajuste que debería planificar el Gobierno sería del 0,8% del PIB, unos 12.000 millones.

El Ageing Report ofrece un marco de referencia para ubicar el balance de gastos e ingresos en pensiones durante las próximas décadas. Este informe era el primer análisis de Bruselas sobre la reforma de pensiones y su medidas. Cabe destacar que la nueva regla de revalorización ligada al IPC y la derogación del Factor de Sostenibilidad, que nunca se llegó a aplicar, aumentarán el gasto público en pensiones (+4.3 puntos de PIB en 2050), si bien el nuevo mecanismo de incentivos para alinear la edad efectiva y la edad legal de jubilación compensará parcialmente este incremento de gasto (-1.7 puntos de PIB en 2050), según siempre la Comisión.

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