El Gobierno espera el veredicto del Banco de España sobre la ‘incompleta’ reforma del SEPE
La reforma de las políticas activas de empleo de 2023 fue la gran apuesta del Gobierno para impulsar el papel de los servicios públicos para encontrar trabajo a los parados. Pero año y medio después de la entrada en vigor de la Ley de Empleo, la decepción por sus invisibles resultados para los parados no ha hecho sino crecer. En especial se cuestiona que no se haya avanzado en la transformación del SEPE en una nueva Agencia Española de Empleo. Hasta ahora, el Gobierno ha despejado estas dudas tras la complejidad del desarrollo de las medidas, que involucra a las comunidades autónomas. Pero la cosa cambiará con el análisis del Banco de España, que en los próximos meses dará su veredicto sobre si las promesas se han cumplido.
Este examen cobra especial importancia porque se realizará bajo el mandato de José Luis Escrivá. A la espera de conocer el nuevo organigrama del Banco de España, nadie duda que una de las prioridades del nuevo gobernador será impulsar el papel del servicio de estudios de la entidad como analista de las grandes cuestiones de política económica. Los profesionales de la casa apuntan a una de sus principales preocupaciones: la modernización de las políticas activas del mercado de trabajo, lo que incluye a la última, y aún incompleta, reforma de los servicios públicos de empleo. Un aspecto económico por el que el nuevo gobernador ya ha mostrado su preocupación anteriormente y lo ha plasmado en informes oficiales.
Aquellos que conocen a Escrivá y el funcionamiento del Banco recuerdan que el supuesto margen para ‘controlar’ los trabajos analíticos que recogen los Informes Anuales o los boletines es limitado y, de hecho, dudan que esa sea su intención. Al contrario, la apuesta se sitúa en línea con su dilatada trayectoria profesional y lo que ya hizo en su etapa al frente de la Autoridad Fiscal Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF), organismo que ya trató la eficacia de los servicios públicos de empleo.
Aunque la Ley de Empleo ya ha sido analizada por servicios de estudio privados, como Fedea, el peso de un análisis crítico por parte del Banco de España sería difícil de ignorar por el Gobierno. Sobre todo si da la razón a los expertos que consideran que los problemas detectados por la AIReF en 2019 siguen en gran parte sin corregirse. En este punto, hay que recordar que aquel análisis se considera el punto de partido de la reforma del SEPE de 2023.
El papel de Escrivá y la AIReF
Al contrario de lo que ocurre con otras cuestiones, como la reforma de pensiones, durante su etapa como ministro del Gobierno de Pedro Sánchez, Escrivá no fue el responsable político en este ámbito. Ese rol corresponde a la hoy vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz. Por lo tanto no fue encargado de materializar esta reforma, aunque muchos le consideren, de manera indirecta, el ‘ideólogo’ de la misma.
Señalan que el análisis sobre el gasto en políticas activas realizado durante su presidencia de la AIReF, en 2019 (uno de sus últimos grandes informes sobre el control del gasto público antes de ser llamado por Pedro Sánchez) fue precisamente el que el Gobierno utilizaría de ‘plantilla’ para diseñar las modernización de las políticas activas que comprometió con Bruselas en 2021 dentro de Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.
Aquel informe, técnicamente un ‘spending review’ sobre la eficiencia del gasto público en estas partidas (estimado en unos 6.500 millones de euros), recogía numerosas críticas a la gestión de los servicios autonómicos y el SEPE. Así, censuraba la opacidad de los datos estatales y de las comunidades autónomas para evaluar los resultados de sus actuaciones.
Pero también incluía propuestas de mejora, como la necesidad de «implementar herramientas de perfilado y propuestas de itinerarios adecuados» para los desempleados con el objetivo último de prestar el servicio más adecuado y garantizar «la vinculación real de oferta y demanda de empleos«. El entorno del exministro apunta a que Escrivá firmó entonces muy convencido aquel informe que plasma el «desastre» de las políticas activas de empleo.
Una reforma fallida
La propuesta presentada dos años después a Bruselas aseguraba seguir la línea sugerida por la AIReF, a través de la nueva Estrategia Española de Activación para el Empleo 2021-2024 y la Ley de Empleo que entró en vigor en marzo de 2023. Una norma que pivotaba sobre la transformación del SEPE en una Agencia Española de Empleo.
La transición, para la que se dio un plazo de seis meses cumplía la propuesta de Escrivá de reforzar su papel de coordinador de las estrategias para encontrar empleo a los parados en lugar de mero gestor de las prestaciones y subsidio (las conocidas políticas pasivas). Por ello, este paquete de medidas recibió el visto bueno de Bruselas, que autorizó el pago de la parte de fondos ligados al cumplimiento de los compromisos.
Sin embargo, 18 meses después, sigue sin haber novedades sobre la Agencia. El retraso se achacó en un inicio al calendario electoral, pero tras la constitución del nuevo Gobierno de coalición, con el mismo equipo al frente de Trabajo, el silencio sobre el órgano llamado a suceder al SEPE es total.
Tampoco el resto de medidas para mejorar la atención de los parados mediante una nueva cartera común de servicios del sistema nacional de empleo los itinerarios personalizados y la movilización de orientadores profesionales, está dando resultados en la mejora de la eficacia de uno servicios públicos que solo participa en un 3% de las colocaciones, según estimaciones de Fedea. A ello se suma la lentitud de los desarrollos (algunos siguen siguen en fase de borrador).
Los expertos consideran que la falta de resultados se debe a que la reforma se ha visto arrastrada por las derivas burocráticas del Sistema Nacional de Empleo para acabar manteniendo el mismo ‘status quo’, que recibió 6.400 millones en 2024. En este sentido, el problema no es tanto el texto de la Ley de Empleo, como la falta de voluntad (y de herramientas técnicas y legislativas) para ponerlo en macha. Una situación sobre la que las propias comunidades pasan de puntillas, pese a la mayoría de Ejecutivos del PP en la Conferencia Sectorial de Empleo donde se reparte este dinero.
El papel del Banco de España
Hasta ahora el balance del Banco de España sobre la reforma ha sido prudente, aunque por motivos diferentes. En el Informe Anual correspondiente a 2023, publicado el pasado mes de abril, apuntaba a la escasa eficacia de las políticas de empleo en España, pero apuntaba que aún era pronto para valorar si la Ley de Empleo y la conversión del SEPE en Agencia «permitirán resolver las deficiencias que estas políticas han presentado persistentemente en las últimas décadas«.
Es decir, el supervisor ya tiene en su foco esta reforma, pues trataban de «prioridad» una «revisión exhaustiva de las políticas de empleo». Además, lo hace con puntos de vista similares a los del informe de la AIReF impulsado por su nuevo gobernador. Se trata, inciden, en una cuestión de máxima relevancia en el mercado laboral con la mayor tasa de paro de la UE, pero en el que la confianza de los servicios de empleo es negativa.
El hecho de que Escrivá no fuera el responsable, como ministro, de ejecutar la puesta en práctica de esas reformas da un aval adicional para analizar su devenir y si se cumple con los compromisos europeos. Se ahorra así un recelo político que sí acompañará los análisis en materia de pensiones.
Ahora bien, la pregunta es si habrá que esperar al Informe Anual que no se publicará hasta bien entrado 2025 para conocer el veredicto del Banco de España o se adelantará en un informe específico. Ello depende de los cambios en el funcionamiento del servicio de estudios, que en la casa se esperan como un refuerzo de su presencia en el debate económico. En todo caso, apuntan que la idea no es tanto ‘asesorar’ al Gobierno como elevar el volumen de análisis e información disponible no solo para Moncloa, sino para el conjunto de la sociedad española. Será decisión del Ejecutivo tenerla o no en cuenta.
