viernes, abril 4, 2025
Política

El plan de inmigración en votación podría empeorar la escasez de trabajadores


Empresas de Arizona quieren acción sobre inmigración

PHOENIX — La inmigración es un principal tema electoral en todo el país, pero pocos lugares lo sienten más que Arizona, el único estado indeciso a lo largo de la frontera sur y hogar de una de las contiendas que podrían hacer o deshacer el control del Senado.

Las empresas de Arizona dicen que la escasez de trabajadores amenaza con retrasar proyectos en industrias como la construcción, la hotelería y la agricultura, y que sin cambios en el sistema federal de inmigración, la economía podría enfrentar un golpe devastador.

Alrededor del 16,2% de la fuerza laboral de Arizona está compuesta por inmigrantes, según un Estudio de 2022 del Consejo Estadounidense de Inmigración. Mientras tanto, el estado también enfrenta una escasez de empleos, 197.000 en junio, según el Oficina de Estadísticas Laborales.

Mónica Villalobos, presidenta y directora ejecutiva de la Cámara de Comercio Hispana de Arizona, dijo que la falta de mano de obra está generando impactos económicos mayores, como en los precios de la vivienda.

«Tenemos varios miembros que están en la industria de la construcción que no pueden encontrar trabajadores para completar los proyectos», dijo. «Y cuando no pueden completar los proyectos, eso significa que hay falta de viviendas».

La inmigración también ha estado en el centro de atención en la competitiva carrera por el Senado entre el representante demócrata Rubén Gallego y la republicana Kari Lake, ex presentadora de noticias y candidata republicana a gobernadora de Arizona en 2022. La carrera es para ocupar el escaño que dejó la senadora independiente Kyrsten Sinema.

El candidato demócrata al Senado por Arizona, el representante estadounidense Rubén Gallego, habla durante una conferencia de prensa sobre la frontera entre Arizona y México en el Departamento del Sheriff del condado de Santa Cruz en Nogales, Arizona, el 18 de marzo de 2024.

Rebeca Noble | Reuters

Si bien el Congreso ha luchado por aprobar reformas migratorias, Sinema y un grupo bipartidista de senadores lo hicieron presentar un proyecto de ley queentre otras cosas, habría permisos de trabajo muy ampliados a los inmigrantes. La presión política finalmente hizo que el proyecto de ley fracasara en una votación de procedimiento.

Michael Infanzon, cabildero del Alianza Empresarial del Estado del Cañónafirmó que el actual sistema de inmigración legal es un «fiasco absoluto» tanto para las empresas que necesitan empleados como para los trabajadores.

«Imagínate si quisieras ir de Maryland a Virginia y te tomara tres años conseguir los trámites para ir de Maryland a Virginia a trabajar durante seis meses», le dijo a CNBC en una entrevista. «¿Vas a seguir haciendo eso o vas a saltar la frontera para hacerlo y luego regresarás?»

Gallego dijo que apoya la legislación bipartidista. También ha pedido agregar más agentes de la Patrulla Fronteriza y hacer más eficiente el comercio transfronterizo.

«Me he centrado en garantizar que nuestros puertos de entrada tengan la tecnología y la mano de obra avanzadas para manejar el comercio transfronterizo del que depende nuestro país», dijo en una declaración a CNBC.

El candidato a Fiscal General de Arizona, Abe Hamadeh, el candidato republicano al Senado de Arizona, Blake Masters, la candidata republicana a gobernador Kari Lake y el candidato a Secretario de Estado, Mark Finchem, celebran una conferencia de prensa mientras recorren la zona fronteriza entre Arizona y México, el 4 de noviembre de 2022.

Kevin Dietsch | Imágenes falsas

Lake es un firme partidario del candidato presidencial republicano, el ex presidente Donald Trump, quien está haciendo campaña para emprender el mayor deportación nacional en la historia de Estados Unidosutilizando a la Guardia Nacional para ayudar a encontrar a quienes se encuentran ilegalmente en el país. Lake le dijo a CNBC que la escasez de trabajadores se debía a que las escuelas no preparaban a los estudiantes para el mercado laboral y que la solución era mejorar las escuelas.

«Me enferma que tengamos millones de personas cruzando nuestra frontera a unas tres horas de aquí y consiguiendo empleos por encima de nuestros graduados de la escuela secundaria y la universidad», dijo en una entrevista en su oficina. Alrededor de un tercio de los inmigrantes nacidos en el extranjero en el estado no terminaron la escuela secundaria, según el Consejo Estadounidense de Inmigración.

John Graham, presidente y director ejecutivo de la empresa de desarrollo Sunbelt Holdings, dijo que Estados Unidos no tiene la fuerza laboral para cubrir puestos de trabajo en industrias como la construcción y la agricultura.

«El problema es que estas personas no están quitando el trabajo de otra persona», dijo, cerca de un hotel que su empresa está construyendo en el centro de Phoenix. «Son empleos que absolutamente debemos tener, y no hay sustituto para ellos si hubiera algún tipo de pérdida significativa de mano de obra».

Graham es miembro de la junta del Consejo Estadounidense de Empresas e Inmigración, que envió al presidente Joe Biden una carta en abril pidiéndole «ampliar una categoría especial de permisos de inmigración para personas que puedan ocupar puestos donde existe escasez de mano de obra».

Además de elegir a su próximo senador, los habitantes de Arizona votarán sobre una propuesta que, de ser aprobada, podría permitir a la policía estatal y local arrestar a no ciudadanos que cruzaron la frontera ilegalmente si tuvieran una causa probable.

Las propuestas duales de una deportación masiva y permitir que las autoridades locales arresten a aquellos que se encuentran en el país ilegalmente podrían tener un efecto paralizador no sólo en los inmigrantes que están en el país legalmente sino también en las empresas que buscan mudarse a Arizona, dijo Graham.

La medida electoral evoca una ley estatal de 2010 eso también convertía el estar en el país ilegalmente en un delito de Estado. Además, la ley declaró ilegal contratar o transportar a sabiendas a inmigrantes no autorizados, y tipificó como delito no portar documentos de inmigración.
La ley condujo a la discriminación racial y a una disminución en el número de trabajadores en el estado. Un estudio realizado por el Instituto del Gran Cañón encontró que la medida electoral de 2024 podría costar $325 millones anualmente si se implementa.

Graham dijo que la ley anterior «definitivamente creó un estigma empresarial para nuestro estado cuando se cancelaron las convenciones».

«Básicamente éramos un caso atípico con muchos negocios en todo el país debido a eso», dijo.



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