El PSOE y Junts salvan a Sabadell y a la banca mediana del alza del ‘impuestazo’
El pacto tejido contrarreloj entre el PSOE y Junts para prorrogar el gravamen bancario salva por poco a Sabadell, junto al resto de la banca mediana del recargo más oneroso. La enmienda transaccional impulsada en el pacto de último minuto agrega un último tipo, del 7%, que gravará los ingresos a partir de 5.000 millones de euros, preservando la gradualidad impositiva para facturaciones inferiores que ya se barajaba y oscila entre el 1 y 6%.
La mayor penalización la soportarán, en caso de que esta enmienda transaccional se apruebe el jueves en el Pleno del Congreso, solo tres entidades: CaixaBank, cuya suma de ingresos por margen de intereses y comisiones alcanzó el pasado año los 12.507 millones de euros; Santander, con 9.340 millones en la partida común, y BBVA, cuya cifra ascendió a 7.784 millones. Son estimaciones recabadas de los resultados generados el pasado año por su negocio en España -el gravamen no aplica en la operativa exterior-.
Sabadell sumó por entonces 4.811 millones, al filo de los 5.000 millones, y que este año va camino de rebasarlos. Si se extrapolan sus cuentas de septiembre a finales de 2024 rondarían los 5.089 millones, pero a su favor jugaría la precisión introducida en la enmienda pactada con los de Puigdemont que exige restar 100 millones a la base imponible (sobre la que aplica el gravamen) para estimar la base liquidable, sobre la que rige al final la tasa específica.
Por debajo de la entidad vallesana y a gran distancia quedan el resto de bancos medianos: Bankinter ingresó 2.838 millones entre margen financiero y comisiones; Unicaja, 1.886 millones; Ibercaja, 1.111 millones; Kutxabank, 1.651 millones; Abanca, 1.526 millones, y Cajamar, 1.335 millones.
El gravamen que está en el origen del nuevo tributo y que el Gobierno acuñó con carácter temporal alegando beneficios extraordinarios por una subida de tipos que ahora está a la baja, establecía un tipo único del 4,8% sobre los ingresos. Para su cálculo tenía en cuenta también el margen financiero y las comisiones, pero exonerando a entidades cuya partida conjunta no sumase 800 millones en 2019, lo que eximía en la práctica a la banca extranjera, a las entidades pequeñas y los neobancos. Ahora será universal para banca nacional, sucursales de entidades extranjeras y establecimientos financieros de crédito con un tipo de entre el 1 y 6% que se aplica de manera gradual a medida que los ingresos son más altos, al estilo del IRPF en los ingresos de los particulares.
Grava con un 1% los ingresos hasta 750 millones, con el 3,5% aquellos que excedan dicha cuantía y hasta los 1.500 millones, umbral este último en el que se sitúan la mayoría de entidades. A partir de esa cuantía la tasa escala al 4,8%, aplicable en ingresos hasta 3.000 millones -aquí entrarían los dos grandes y Sabadell-. Desde esta cifra y hasta 5.000 millones el gravamen sube al 6%.
El consejero delegado de CaixaBank, Gonzalo Gortázar, calificó ayer el gravamen como «un impuesto al crédito» porque en lugar de ayudar al crecimiento «va a ser un impedimento». El sector estima que drenará 50.000 millones en capacidad de financiación. Es un «ataque al crecimiento económico y el progreso social», denunció el vicepresidente del Santander España, Juan Manuel Cendoya, en alusión al paquete fiscal que impulsa el Gobierno. Durante su intervención en el Foro Latibex elaboró que no es el mejor ejemplo para atraer inversión extranjera pues considera que «quiebra la seguridad jurídica».
Las patronales AEB y CECA coincidieron en que afectará al crecimiento económico de España, reclamaron procesos normativos ordenados y transparentes que den confianza a los ciudadanos, a los inversores y al mercado y avisaron sobre las consecuencias para el sector porque implica la fragmentación del mercado español, con la diferente aplicación por comunidades autónomas.
