El régimen cubano reprime cualquier expresión de descontento con terror
MADRID, España.- El Observatorio Cubano de Derechos Humanos (OCDH) presentó su informe mensual correspondiente a agosto, en el que documenta al menos 152 acciones represivas por parte del régimen de la Isla. El informe, publicado este 4 de septiembre, señala que 14 de estas acciones fueron detenciones arbitrarias, mientras que las 138 restantes incluyen abusos como amenazas, citaciones y hostigamiento policial. Asimismo, se reportaron 81 denuncias realizadas por presos políticos y sus familiares, lo que refleja la crítica situación de los derechos humanos en las cárceles del país.
Uno de los hechos más trágicos señalados en el informe es el suicidio de Yosandri Mulet Almarales, manifestante del 11J. Mulet, quien cumplía una condena de diez años de prisión por su participación en las protestas del 11 de julio de 2021 (11J) en el barrio de La Güinera, se quitó la vida durante un permiso penitenciario.
“El principal instrumento de terror en Cuba es la cárcel”, condenó el OCDH, y subrayó que la situación de los presos políticos sigue siendo alarmante. La organización denuncia que no solo se les niega el derecho a un juicio justo, sino que además son sometidos a condiciones carcelarias inhumanas.
El informe documenta el hostigamiento contra exprisioneros políticos. Carlos Michael Morales fue amenazado por la policía política con ser encarcelado nuevamente si no abandonaba su activismo y aceptaba trabajar para el Estado. Samuel Pupo Martínez, también exprisionero político, recibió advertencias de que podría enfrentar un nuevo proceso penal y hasta 10 años de prisión por el delito de “propaganda contra el orden constitucional”, debido a sus opiniones políticas expresadas en redes sociales. Además, Wilber Aguilar Bravo, padre del preso político Walnier Aguilar, fue objeto de vigilancia policial constante cerca de su vivienda.
El informe correspondiente a julio del Centro de Documentación de Prisiones Cubanas había mostrado un panorama alarmante sobre la situación de los derechos humanos en las cárceles del país. Durante ese mes, se registraron 130 denuncias de violaciones en 40 cárceles de 14 provincias, que afectaron a 94 reclusos, entre ellos un número significativo de presos políticos. Estas denuncias incluyen hostigamiento, deficiente atención médica, golpizas, torturas y traslados forzados.
De acuerdo con la ONG Prisioners Defenders, al cierre de julio de 2024 había 1.119 prisioneros políticos y de conciencia en Cuba. Según la organización, en los últimos 12 meses, el número de presos políticos ha aumentado en 160 personas, lo que representa un promedio de más de 13 nuevos encarcelados al mes.
Ante este escenario, el OCDH acusó al régimen cubano de “silenciar el activismo político, las protestas y cualquier expresión de descontento mediante el uso del terror, la prisión y el exilio, en vez de buscar soluciones a las violaciones que se cometen diariamente contra los ciudadanos de la Isla”.
La organización concluye que el clima represivo ha generado temor y cautela entre la ciudadanía, lo que responde a los objetivos del Gobierno y refleja el costo de la represión en Cuba.