España es la única gran economía de la UE que mantiene su tasa a banca y energéticas
España es la única gran economía de la Unión Europea que conserva un gravamen propio a los beneficios extraordinarios de la banca y las empresas energéticas, dos años después de la crisis inflacionista que desencadenó la invasión de Rusia a Ucrania. Ni Francia, ni Alemania, ni Italia contemplan ya este tipo de impuestos en sus sistemas fiscales, solamente están vigentes dentro de la Unión en Hungría, Lituania, Eslovaquia y Chequia, y fuera de ella en Reino Unido. Así se desprende un informe elaborado por la organización estadounidense sin ánimo de lucro Tax Foundation.
En marzo de 2022, la Comisión Europea hizo una recomendación a los Veintisiete para que generasen un impuesto temporal sobre los beneficios extraordinarios a través de su programa REPowerEU. Las sugerencias de Bruselas eran claras: «Estas medidas no deberían ser retroactivas, sino que deberían ser técnicamente neutras y permitir a los productores de electricidad cubrir sus costes, proteger las señales del mercado y el precio del carbono a largo plazo», reza el documento oficial.
Por otro lado, en el mes de octubre de 2022, el Consejo Europeo acordó imponer una tasa comunitaria de «contribución solidaria», pero el Gobierno de Pedro Sánchez ya había aplicado su propio gravamen en diciembre de ese mismo año al 1,2% para las empresas energéticas y al 4,8% para las entidades bancarias.
Así, en el ejercicio de 2023 (cuando se empieza a aplicar la tasa), la Agencia Tributaria recaudó 2.908 millones de euros a través de este impuesto, quedándose solo 100 millones por debajo de la previsión de ingresar 3.000 millones que hicieron cuando al anunciar el tributo.
La economista y autora del informe de Tax Foundation, Cristina Enache, explicó a elEconomista.es que España no abolió esta tasa en los plazos marcados por la UE «porque es un impuesto propio, no se adaptó al régimen comunitario». En un principio, estaba previsto que el Ejecutivo de Pedro Sánchez se adaptase a los tiempos acordados en el Consejo Europeo pero, finalmente, prorrogó el gravamen hasta 2024.
Al mismo tiempo, tampoco atendieron a las demandas de las empresas del sector, que solicitaban que el gravamen fuese sobre los beneficios y no hacia los ingresos, ya que consideran que la fórmula actual es consifscatoria.
Fuentes del Ministerio de Economía confirmaron a elEconomista.es que es muy probable que esta tasa se prolongue hasta 2025 y que seguirán la senda del acuerdo de Gobierno de coalición que firmaron con Sumar, en el que se comprometen a hacer que este gravamen sea permanente.
En cuanto a las posibles modificaciones en el tributo, dichas fuentes ministeriales aseguraron que están pendientes de la negociación de los Presupuestos. Sea como fuere, el reglamento de la UE dice claramente que este tipo de tributos sobre los beneficios extraordinarios tienen que ser una medida de carácter temporal en un contexto de coyuntura económica concreta, como era el caso de la inflación desbocada a causa de la guerra. «La situación de la medida debe estar vinculada a una situación de crisis específica», dice el documento remitido por Bruselas a los Estados.
Ineficiencia
Pero los expertos distan mucho de la eficiencia de este tipo de gravámenes. Cristina Enache aseguró que, en el caso de las empresas de energía, «desincentivan la inversión por completo», ya que «penalizan la producción nacional, al gravar también la energía verde y atacar de manera punitiva a ciertas industrias que carecen de una base impositiva sólida». En concreto, tanto el impuesto español como el británico «amenazan», dice, la inversión en renovables.
En el caso del sector bancario, la economista explicó que el problema que tiene es que «los bancos tendrán más dificultades para afrontar futuras crisis porque no tienen capital». Además, tras la firma del acuerdo de Gobierno con Sumar para hacerlo permanente, la banca congeló durante el mes de octubre y noviembre de este año la adquisición de deuda del Estado, y esto «es un problema a futuro», aseveró la experta.
Al mismo tiempo, Cristina Enache hacer referencia a un informe del Parlamento Europeo en el que se concluye que, históricamente, los impuestos sobre los beneficios extraordinarios afectan directamente a la inversión.
En líneas generales, la economista considera que es «muy poco probable» que este tipo de impuestos logren sus objetivos de recaudación.
«Dado que los precios de la energía han disminuido, las autoridades deberían considerar la posibilidad de derogar por completo los impuestos extraordinarios y centrarse en reformas de política fiscal basadas en principios que generen ingresos estables en el tiempo», dijo.
En cambio, desde el Gobierno aseguran que este gravamen «afianza el escudo social». Pero es de esperar que en el seno de la Coalición se vuelva a reabrir el debate sobre este tributo ya que, a mediados de abril, el ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo, propuso convertir esta figura tributaria en temporal «ligada al ciclo de los tipos de interés», en el caso del sector financiero.
El ministro reiteró que se puede hacer flexible para «aprovechar al máximo su potencial» desde el enfoque del equilibrio. Por el momento, desde el departamento de Cuerpo no han dado más detalles al respecto de estos cambios.
