España y Portugal crean un comité conjunto para determinar las causas del apagón masivo
Las autoridades gubernamentales de España y Portugal anunciaron la creación de un equipo conjunto de seguimiento para determinar las causas del apagón sin precedentes que dejó sin suministro eléctrico a la península ibérica durante varias horas el pasado lunes.
La medida fue comunicada tras una reunión entre la ministra española para la Transición Ecológica, Sara Aagesen, y la secretaria portuguesa de Medio Ambiente y Energía, María da Graça Carvalho. En un comunicado de prensa, difundido por diversas agencias de noticias, se confirmó que el comité contará con la participación de altos funcionarios del área energética de ambos países, con el objetivo de agilizar las investigaciones correspondientes.
Eduardo Prieto, director de Servicios a la Operación de Red Eléctrica, indicó que el restablecimiento total del servicio eléctrico en España podría tardar entre seis y 10 horas.
Aagesen precisó que el convenio “no solo considera un intercambio de datos, sino también la colaboración para identificar el incidente, su causa, y sobre todo, establecer las medidas necesarias para evitar que vuelva a repetirse”. Por su parte, Da Graça Carvalho explicó que las autoridades portuguesas mantendrán suspendidos los intercambios comerciales de electricidad “por precaución” y hasta que se esclarezca de forma definitiva el origen del corte.
Ambas funcionarias también acordaron que España y Portugal trabajarán de manera coordinada en la elaboración de los informes que deben presentar ante organismos europeos como el ENTSO-E y la Comisión Europea. Anunciaron que la próxima semana celebrarán una videollamada con el fin de “intensificar los contactos gubernamentales al máximo nivel”.
Pérdidas económicas por el apagón en España
Hasta ahora, no se ha emitido información oficial sobre el origen del llamado “cero energético” en la península, un evento que, según expertos, es excepcional y poco común, aunque forma parte de los mecanismos de seguridad del sistema eléctrico. En días recientes, Red Eléctrica, la empresa pública española responsable de operar la red de transmisión, descartó preliminarmente que el apagón se debiera a un ciberataque, un fallo humano o condiciones meteorológicas inusuales. La compañía indicó que el incidente podría haberse originado en dos episodios de “desconexión de generación”, posiblemente relacionados con la volatilidad inherente a las fuentes renovables.
Pedro Sánchez, presidente del Gobierno español, negó que el elevado uso de energías limpias o la débil conexión con la red eléctrica europea hayan sido las causas principales del fallo. “Nuestro sistema ha operado con normalidad en múltiples ocasiones. No se trató de un exceso de renovables ni de un problema de cobertura. Lo ocurrido no debe repetirse jamás”, afirmó. El mandatario sugirió que la interrupción pudo deberse a una gestión inadecuada del flujo eléctrico. Por su parte, Luís Montenegro, primer ministro de Portugal, declaró recientemente que “todo apunta” a que el apagón se originó en territorio español, aunque evitó pronunciarse sobre los motivos específicos.
En medio de la incertidumbre, economistas comenzaron a esbozar las primeras estimaciones sobre el impacto económico del apagón en la economía española. Según medios locales, la Asociación de Trabajadores Autónomos (ATA) calcula que las pérdidas podrían ascender a 1,300 millones de euros, “con especial afectación en la hostelería y el comercio”. A su vez, la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE) estima que los daños alcanzarían los 1,500 millones de dólares, lo que representaría una reducción de 0.1 puntos en el Producto Interno Bruto del país.
María Jesús Montero, primera vicepresidenta del Gobierno español, declaró en rueda de prensa este viernes que las autoridades se han comprometido a “llegar hasta el fondo, llegar hasta la verdad” sobre las causas del corte eléctrico. Aseguró que la administración hará públicos todos los hallazgos que surjan de las investigaciones. Subrayó que, en torno al incidente, existen múltiples intereses en juego, por lo que es fundamental distinguir entre el interés general, que el Gobierno busca salvaguardar, y los intereses particulares de empresas privadas o estatales. “Todas las declaraciones deben analizarse con cautela. Hay muchas indemnizaciones en disputa. Las compañías intentan defender su posición. [Es responsabilidad del Gobierno] llegar a la verdad para saber qué ocurrió y, en su caso, depurar responsabilidades”, concluyó.