Fedea aboga por respetar el principio de ordinalidad en la reforma de la financiación autonómica
Fedea toma la delantera en el debate sobre la financiación autonómica. El think tank dirigido por Ángel de la Fuente se ha mostrado muy crítico con el acuerdo suscrito entre PSC y ERC para crear una suerte de concierto fiscal para Cataluña similar al que rige en el País Vasco. Por ello, ha abierto un «proceso de reflexión» para poner sobre la mesa una propuesta alternativa de reforma del sistema de financiación.
Fedea llevará a cabo este empeño de la mano de la Fundación Internacional Olof Palme (FIOP), «una entidad próxima al PSC», como la califica el centro de estudios. Esta fundación está liderada por una dirigente histórica del socialismo catalán, Anna Balletbò.
En una rueda de prensa, Fedea informó ayer de que este debate se materializará en una jornada de discusión, que se celebrará el próximo enero, y una colección de documentos de trabajo que se publicarán en las semanas anteriores y posteriores a la jornada.
«El objetivo es fomentar un debate franco, ordenado y con vocación constructiva entre especialistas en hacienda pública partidarios y detractores de la propuesta del PSC y ERC, con la esperanza de identificar posibles elementos de consenso que hagan posible una reforma pactada del sistema de financiación autonómica que mejore su diseño y funcionamiento», explicó el think tank.
Pese a la voluntad de abordar el debate de forma integradora, De la Fuente puso los puntos sobre las íeas en algunas cuestiones. Así, el economista rebatió la tesis de la infrafinanciación de Cataluña de la que parte el acuerdo PSC-ERC para justificar la salida de la comunidad del régimen común. «Cataluña siempre ha estado en torno a la media de financiación por habitante ajustado a igual esfuerzo fiscal», detalló.
De hecho, la comunidad catalana se sitúa ligeramente por encima de la media, concretamente un 0,9%. En cambio, Murcia, Andalucía, Castilla-La Mancha y Comunidad Valenciana no quedan por detrás del promedio.
Además, De la Fuente arguyó que ningún cambio del sistema debería comprometer ni el principio de solidaridad interterritorial ni la autonomía de la Administración central. Sin embargo, el especialista sí defendió el controvertido principio de ordinalidad siempre que se mida per cápita y de forma ajustada.
Los cuatro «ingredientes» de Fedea
Frente al modelo PSC-ERC, que Fedea caracteriza como el «inicio de una deriva confederal», la entidad enumera cuatro ejes –«ingredientes», en sus palabras– para consensuar una reforma de la financiación que contente a todos los territorios: una administración tributaria única estructurada a través de un consorcio a 16 en lugar de 15 consorcios a dos; el respeto de la ordinalidad por habitante ajustado; una nivelación muy elevada pero no total, y la conversión de las cláusulas de statu quo en compensaciones transitorias que permitan realizar los cambios necesarios en la distribución territorial de los recursos públicos en un tiempo razonable.
El ‘embrión’ de la propuesta
De su lado, Balletbò subrayó que la actual iniciativa enlaza con un ejercicio anterior de reflexión coordinado entre ambas entidades. Se trata de la edición de los Encuentros de S’Agaró celebrados entre 2015 y 2016 en diversas ciudades españolas.
Aquella ocasión puso en común los puntos de vista de expertos fiscalistas que ya vislumbraban la necesidad de impulsar una actualización de la financiación autonómica basada en la autonomía de ingreso y la corresponsabilidad fiscal de los territorios.
En el encuentro informativo también intervino Miguel Ángel García Díaz (URJC y FEDEA), que presentó el primer trabajo de la nueva serie de documentos, en el que se recoge de forma detallada el importante papel que juega la Administración Central para garantizar la suficiencia y la equidad en todo el estado, de manera que todos los ciudadanos puedan disponer de un nivel parecido de servicios públicos cuando realizan un esfuerzo fiscal similar.
La pérdida de una parte significativa de sus ingresos como consecuencia de la extensión del régimen de concierto económico a Cataluña reduciría su capacidad para cumplir esas tareas, generando un grave perjuicio, en especial, a los residentes de los territorios con menor renta.
