Fedea sugiere que el último acuerdo en pensiones eleva el coste del sistema público
El ‘think tank’ de economía aplicada, Fedea, sugier que los últimos cambios pactados entre Gobierno, patronal y sindicatos sobre pensiones, especialmente en lo que afecta a la jubilación demorada y activa, pueden terminar suponiendo un mayor coste para el sistema. En un análisis publicado este lunes sobre el último pacto en pensiones, Fedea apunta que «existen muchas dudas» de que las nuevas medidas no vayan a generar un mayor coste para el sistema respecto a la situación previa.
La ministra de Seguridad Social, Elma Saiz, comunicó el acuerdo al Pacto de Toledo a comienzos de septiembre y confía ahora en labrar el apoyo de los grupos parlamentarios que actualmente no tiene cerrados. El desarrollo normativo podría incluir una memoria económica que contenga la información financiera y el impacto económico de la reforma, aunque se desconoce hasta la fecha.
Fedea recuerda que el acuerdo aborda cuestiones que quedaron pendientes de la última reforma relacionadas con el acceso a la jubilación, su compatibilidad con el trabajo remunerado y el papel de las mutuas en la gestión de la incapacidad temporal. En concreto, y sobre los cambios para incentivar el diferimiento de la edad de jubilación, Fedea cree que no va a generar ahorros al sistema de pensiones sobre la situación actual sino que «más bien, los podría aumentar», según el investigador Miguel Ángel García.
Asimismo, señalan la parte positiva de la medida aunque la reforma en su conjunto les parece «insuficiente» al mantener «trabas innecesarias» para compatibilizar el trabajo remunerado con la pensión al limitar la jornada que se puede reducir. También cuestiona que no se haya aprovechado la ocasión para establecer «condiciones atractivas» para las empresas y señala la eliminación de los costes de despido para los trabajadores que continúen trabajando más allá de la edad legal de jubilación o la posibilidad de renegociar sus salarios y otras condiciones laborales.
Sobre los cambios en el contrato relevo, cree que pueden deteriorar la equidad en el trato de los trabajadores de las pequeñas y medianas empresas. En cuanto al papel de las mutuas colaboradoras, añade que podría suponer «ciertas ganancias en la eficiencia» de la gestión de la incapacidad temporal, pero ve «improbable» que pueda reducir significativamente el intenso crecimiento del gasto en esta prestación.
