Foment aboga por extender el concierto fiscal de Cataluña al resto de CCAA
La patronal catalana se alinea con el Gobierno, avala la financiación singular planteada para Cataluña dentro del marco del acuerdo entre PSC y ERC, y defiende que el pacto puede abrir el camino para que otras comunidades autónomas disfruten de una mejores condiciones en el futuro. «Catalunya ya lideró el cambio durante el mandato del Partido Popular en 1996», recuerda Foment del Treball en un comunicado en el que insiste que el acuerdo fiscal acordado hace 28 años bajo la presidencia de José María Aznar «si bien sorprendieron inicialmente, acabaron por ser aceptadas por el conjunto de comunidades». «Hoy, gestionan una parte importante de los impuestos que recaudan sin que ninguna comunidad quiera recuperar el modelo previo», razona la organización presidida por Josep Sánchez Llibre.
La vicepresidenta primera, María Jesús Montero, está citada a comparecer en el Senado mañana a petición del Partido Popular. La ministra de Hacienda deberá explicar los términos del modelo de financiación propuesto para Cataluña, que durante las últimas semanas ha provocado que todos los gobiernos regionales -incluidos los socialistas- hayan manifestado su rechazo al entender que restará recursos a la caja común de la que se financian todas las CCAA. La portavoz de la Ejecutiva socialista, Esther Peña, dio pistas ayer de los argumentos que utilizará Montero para defender el pacto con ERC. «Cataluña a abierto brecha, ahora los demás (territorios) tiene la posibilidad de lograr más financiación para mejorar los servicios públicos», dijo tras la reunión de los socialistas. Un aspecto al que se suma Foment, que defiende que el objetivo del acuerdo de financiación catalán «es garantizar servicios públicos esenciales de calidad a todos los ciudadanos españoles».
Este será uno de los principales argumentos sobre los que pivotará la comparecencia de la vicepresidenta, que presentará el pacto en Cataluña como la punta de lanza de la reforma de financiación autonómica, que lleva 10 años sin revisarse. «Los ciudadanos no se fijan en quien recauda, lo que quieren son servicios de calidad», anticipó Peña.
No obstante, se adivina una larga negociación. El Gobierno debe -primero- definir una postura que convenza a ERC, que sigue exigiendo la salida de Cataluña del régimen común; después deberá aplacar el descontento territorial generado por el pacto. No solo las filas del propio PSOE se han resentido por lo firmado, otros grupos parlamentarios necesarios para impulsar la norma -como Compromís o el BNG- exigen el mismo trato fiscal para sus comunidades al pactado a cambio de la investidura de Salvador Illa. Por ello, la patronal catalana pide a las fuerzas políticas abrir una negociación transparente, en la que no tengan cabida «las amenazas ni las urgencias».
Un mecanismo transitorio
Consciente del largo proceso que el desarrollo de la reforma del sistema demandará, Foment propone medidas transitorias para corregir las principales deficiencias del actual modelo, hasta que no se acuerde uno nuevo. En concreto, demandan al Ejecutivo aprobar de manera urgente un mecanismo que compense el elevado nivel de deuda autonómica causada por la infrafinanciación a la que siguen sometidas varias regiones españolas. También pide suavizar los criterios de acceso al Fondo de Financiación de Compensación Interterritorial, y revisar el sistema actual de retenciones y entregas a cuenta que realiza el Gobierno.
No obstante, clima político no llama al optimismo. A pesar de que los de Sánchez Llibre piden «lealtad política e institucional» a la futura reforma del sistema, la tensión entre el Ejecutivo y el principal partido de la oposición asciende día tras día. El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha vuelto hoy a afirmar que el modelo de financiación singular para Cataluña esconde un «nuevo pacto con el independentismo que en la práctica pretende acabar con la igualdad de los españoles«. De hecho, Génova ha convocado a todos sus presidentes autonómicos -este viernes- a una reunión de la que se espera una respuesta conjunta contra una norma -que según los cálculos de los populares- «costará a a los españoles 13.000 millones de euros».
De hecho, el PP ha llamado a los barones socialistas críticos con la medida -Aragón, Castilla-La Mancha, Asturias, Extremadura- a fomentar la rebelión de sus diputados en el Congreso de los Diputados. «Son ellos los que tienen en su mano, en gran parte, parar este atropello contra la igualdad de los españoles. Apelamos a todos ello», dijo ayer el portavoz económico popular, Juan Bravo.
