Gobierno de Matanzas ordena «erradicar» a personas «deambulantes»
MIAMI, Estados Unidos. — En una directiva difundida este 28 de abril por el Grupo de Comunicación Social del Gobierno Provincial, la gobernadora de Matanzas, Marieta Poey Zamora, instó a la “creación inmediata de grupos multisectoriales” para enfrentar el incremento de personas en situación de calle en la provincia, a quienes denominó como “personas con conducta deambulante”.
La funcionaria llamó a “actuar de inmediato, sin pérdida de tiempo” y ordenó que se localice, controle, traslade y “recepcione” a estas personas en “centros temporales” creados para tal fin. Dichos centros, según Poey Zamora, deben ofrecer condiciones mínimas de avituallamiento, atención médica, alimentación, higiene y actividades de esparcimiento.
La gobernadora evitó referirse a las causas económicas y estructurales que han empujado a cientos de cubanos a vivir en las calles y redujo el fenómeno al terreno de la “conducta” individual, asociándolo incluso con delitos. “Los grupos multisectoriales en cada demarcación crearán centros adecuados para recibirlos. Se eliminarán también a quienes asedian al turismo y penalizarán el empleo de niños y adolescentes en labores estatales y privadas”, señala la nota oficial.
Poey Zamora insistió en que “debe lograrse una correcta clasificación de cada caso para su posterior destino” y abogó por la reintegración familiar como solución principal. “Urge hablar con padres, hermanos, hijos, esposas (o), etc., para que los acojan de nuevo y los cuiden”, declaró, subrayando que, de ser necesario, se brindará “apoyo económico estatal”.
La política gubernamental, sin embargo, no aborda las condiciones que llevan a cientos de cubanos a mendigar, malvivir en portales y ruinas, ni menciona la precariedad de los servicios sociales, la falta de empleo, el colapso del sistema de salud mental o el aumento de la pobreza y la exclusión como consecuencias directas de la crisis económica.
En lugar de una estrategia integral para combatir la mendicidad, el enfoque prioriza el control y el internamiento. “Es nuestro deber ayudarlos y buscar la solución de forma individual”, sostuvo la gobernadora, que también pidió que todos los sectores —desde Salud y Trabajo hasta la Fiscalía y las organizaciones de masas— se sumen a esta campaña.
Por su parte, Lázaro González Valera, director provincial de Trabajo y Seguridad Social en Matanzas, aclaró que las medidas están respaldadas por “leyes y decretos” y que algunas conductas serán penalizadas, especialmente el “asedio sistemático a turistas” y la explotación infantil. “La ley es una”, advirtió, refiriéndose tanto al sector estatal como privado.
Aunque el discurso oficial se reviste de “sensibilidad” y “humanismo”, el plan anunciado refleja una estrategia punitiva más que social, orientada a ocultar la pobreza en áreas visibles al turismo y a reafirmar el control estatal sobre cuerpos marginales. Como ha sido habitual, el régimen cubano evita referirse a la miseria como fenómeno estructural y niega el fracaso del modelo económico como origen de la exclusión.