Human Rights Watch denuncia abusos contra manifestantes del 11J en prisiones cubanas

MIAMI, Estados Unidos. – A cuatro años de las históricas manifestaciones del 11 de julio de 2021 en Cuba, cientos de manifestantes continúan en prisión y quienes han sido excarcelados relatan haber sufrido golpizas, aislamiento prolongado, condiciones insalubres y restricciones severas tras su excarcelación, denunció Human Rights Watch (HRW) en un informe publicado este viernes.

“Hace cuatro años, el Gobierno cubano desató una estrategia represiva contra miles de cubanos que salieron pacíficamente a las calles para exigir derechos y libertades”, afirmó Juanita Goebertus, directora de la División de las Américas de HRW. “Hoy, cientos permanecen tras las rejas en condiciones deplorables”, agregó.

La organización entrevistó entre marzo y mayo de 2025 a 17 personas que estuvieron detenidas en cárceles como Guanajay, Boniato, Cerámica Roja, Mar Verde, Valle Grande y la Unidad 1580, así como en las prisiones de Guamajal y Matanzas. Los testimonios fueron facilitados por Cubalex, Justicia 11J y Prisoners Defenders.

Abusos físicos y aislamiento como castigo

Los exdetenidos describieron golpizas por parte de los guardias cuando protestaban por las condiciones carcelarias o gritaban consignas contra el Gobierno. También señalaron el uso de posturas de estrés, como “la bicicleta” o “carretilla”, que consistía en obligarlos a correr esposados y con los brazos en alto.

Uno de los entrevistados declaró: “Yo tengo en mi cuerpo marcas que son indelebles. Tengo mi tobillo lleno de hinchazones por los tonfazos que me dieron. En los muslos, marcas de tonfa. Estuve que no podía moverme”.

José Daniel Ferrer, líder de la Unión Patriótica de Cuba (UNPACU), relató múltiples agresiones. En noviembre de 2024 fue golpeado por negarse a ser trasladado a un hospital con brote de tuberculosis: “Estuve sangrando todo el día por la herida”. En diciembre de 2022, tras gritar “Abajo [el gobernante Miguel Díaz-]Canel, abajo la tiranía”, fue pateado por un oficial: “Me fracturó el tabique nasal, estaba sangrando de la nariz”.

Cinco exdetenidos de Guanajay denunciaron que, tras una huelga de hambre en noviembre de 2021, entre 30 y 40 guardias los reprimieron violentamente. Uno de ellos fue lanzado por unas escaleras y arrastrado. “Un médico me dijo que abandonara la huelga para evitar más golpizas”, narró.

Muchos manifestantes dijeron haber sido enviados a “celdas de castigo” por quejarse o intentar organizar protestas. Ferrer afirmó haber estado tres años y cuatro meses consecutivos en aislamiento. Otro exdetenido describió: “Las celdas eran pequeñas, oscuras, sin ventilación. Tenías que pedir agua”.

Falta de alimentación, agua y atención médica

Las condiciones de vida en las prisiones fueron descritas como inhumanas. Los alimentos eran escasos y de mala calidad: “La comida que te dan es inhumana. Tenía gusanos”, dijo un entrevistado. “Si tu familia no te trae comida, te mueres de hambre”, añadió otro.

El acceso al agua potable era también limitado. Ferrer explicó que solo tenía “dos litros de agua al día para todas mis necesidades. El agua tenía sedimentos, había larvas de mosquitos”. Una exreclusa relató: “Casi todas las presas padecen de moniliasis porque el agua es pésima para todo”.

Además, los detenidos sufrían privación del sueño. “Las luces nunca se apagan”, dijo un exrecluso de Guanajay. “Yo tenía una lámpara LED blanca arriba de mis ojos. Las paredes estaban pintadas de blanco y eso te consumía”.

Los testimonios también revelan brotes de enfermedades como dengue, Covid-19, tuberculosis, sarna y diarreas por agua contaminada. “Era un solo baño para 50, 60 personas”, indicó un exdetenido de Mar Verde. “No hay medicinas, no hay medicamentos”, agregó.

En enero de 2025, tras negociaciones entre el Gobierno cubano, el Vaticano y presuntamente Estados Unidos, el régimen anunció la excarcelación de 553 personas, de las cuales unas 200 eran presos políticos, según Cubalex, Justicia 11J y Prisoners Defenders.

Sin embargo, HRW documentó que los excarcelados viven bajo severas restricciones, impuestas de forma verbal y sin respaldo judicial. Estas incluyen prohibiciones para manifestarse, viajar sin permiso, salir de noche o criticar al gobierno. Algunos fueron obligados a aceptar trabajos asignados por el Estado.

“Se acercan [a mí] y me dicen: ‘Oye, no vuelvas a hacerlo, mira lo que te ha pasado’”, relató un entrevistado. Otro describió: “Cuando estoy sentado en la puerta, pasa y me hace fotos. Es la misma persona que ha estado haciendo fotos alrededor de mi casa”.

“Es como estar presa en la calle”, resumió una mujer excarcelada.

Al menos tres de los manifestantes liberados han sido nuevamente encarcelados. El 29 de abril fueron detenidos José Daniel Ferrer y Félix Navarro, ambos líderes opositores. El Tribunal Supremo alegó que Ferrer no asistió a audiencias judiciales y que Navarro salió de su provincia sin autorización.

En junio fue arrestada Donaida Pérez Paseiro, presidenta de la Asociación Yoruba Libre de Cuba, por ausencias a citaciones judiciales. Había utilizado sus redes sociales para pedir la liberación de su esposo, también preso por las protestas del 11J.

Persisten las causas del descontento

Según HRW, las condiciones que motivaron las protestas de 2021 persisten: “Los cubanos siguen padeciendo una grave crisis económica y enfrentan una escasez aguda de alimentos y medicamentos”. Una encuesta de 2024 del Observatorio Cubano de Derechos Humanos reveló que “siete de cada diez cubanos se saltan una comida al día y el 61% tiene dificultades para cubrir sus necesidades básicas”.

La crisis ha generado una ola migratoria masiva. Más de un millón de personas —el 10% de la población cubana— abandonó el país entre 2022 y 2023, según cifras oficiales. Informes independientes sugieren que el número real podría ser aún mayor.

Human Rights Watch instó a los gobiernos de América Latina, Canadá y la Unión Europea a “condenar las detenciones arbitrarias y el acoso del gobierno cubano a manifestantes, periodistas y activistas”, y a “expresar su preocupación por las violaciones de derechos humanos y la grave situación humanitaria en el país”. Además, pidió “aumentar el apoyo a las organizaciones de derechos humanos y periodistas independientes en Cuba”.