Hungría mantiene su pulso con Bruselas y defiende extender visados a rusos y bielorrusos | Internacional

Cuando se trata de Hungría, la sensación de déjà vu se repite en Bruselas. Que el Gobierno de Viktor Orbán se haya saltado porque sí el plazo fijado por la comisaria de Interior, Ylva Johansson, para responder por su controvertida decisión de ampliar a rusos y bielorrusos su forma más laxa de visado laboral, la denominada tarjeta nacional, no ha sorprendido a nadie. Tampoco lo ha hecho —cuando finalmente ha llegado este miércoles, dos días después de la fecha límite—, su respuesta, en la que rechaza cualquier inquietud europea por las potenciales implicaciones de la medida húngara en materia de seguridad de la Unión en el tercer año de ofensiva rusa en Ucrania.

Es una muestra, otra más, del duro pulso político que Orbán, el más prorruso de los Veintisiete, parece dispuesto a mantener con sus socios comunitarios, incluso durante la actual presidencia de turno húngara de Consejo de la UE.

La presidencia europea húngara lleva ya varios sobresaltos. Sobre todo, por la presunta “misión de paz” que llevó a Orbán a Moscú, Pekín y luego a Mar-a-Lago, la residencia del estadounidense Donald Trump en Florida, en un viaje abiertamente desautorizado por la UE. El 1 de agosto, un mes después de comenzar la presidencia húngara, Johansson envió una dura carta a Budapest exigiendo explicaciones por la medida que facilitará los visados a rusos y bielorrusos.

“Rusia es una amenaza para la seguridad. Necesitamos más vigilancia, no menos. Dar a potenciales espías y saboteadores rusos un acceso fácil a la UE socavaría la seguridad de todos nosotros”, le advirtió la responsable de Interior europea al Gobierno húngaro, que ha torpedeado una y otra vez los esfuerzos de la UE para apoyar a Kiev frente a la ofensiva bélica de Moscú. Ese mismo día se producía el mayor intercambio de prisioneros entre Rusia y Occidente desde la Guerra Fría, que sirvió para demostrar que Moscú sigue intentando —y logrando— infiltrar por cualquier vía a espías en Europa.

En su misiva, Johansson pedía a Budapest explicaciones concretas sobre el programa especial de visados húngaro para “comprobar si es compatible con la legislación europea o si pone en riesgo el funcionamiento de todo el área [Schengen] sin fronteras internas, para sacar las consecuencias apropiadas”. La fecha límite para esa respuesta era el 19 de agosto. Ese día llegó, y pasó, y Budapest seguía sin enviar su contestación, como reconoció la Comisión, que ha confirmado a este periódico que, ahora sí, tiene la respuesta en su poder.

Aunque no era un plazo legal y la Comisión no puede imponer sanción alguna por su incumplimiento, el gesto es interpretado como otro desafío más de un Budapest que no ha dudado en poner zancadillas a sus socios siempre que ha podido en todo lo relacionado con Ucrania, y más allá.

“Ningún riesgo”

Bruselas ha intentado quitarle hierro al asunto. ”Entendemos que la respuesta está siendo preparada, estamos en contacto con las autoridades”, dijo el martes una portavoz comunitaria. Pero Hungría ya tenía lista su argumentación. Solo que no la ofreció a tiempo: 24 horas antes de que se cumpliera el plazo límite, el ministro húngaro de Exteriores, Péter Szijjártó, había asegurado en un mensaje en redes sociales que el programa, que flexibiliza las condiciones de admisión de viajeros y trabajadores invitados procedentes de Rusia y Bielorrusia, no supone ningún riesgo para la zona Schengen, pese a que les permite trabajar en Hungría durante dos años prorrogables sin necesidad de una autorización de seguridad, llevar a sus familias al país y facilita que soliciten la residencia permanente. “Estos individuos siguen teniendo que someterse a comprobaciones para entrar y quedarse en Hungría”, aseguró, mientras que denunciaba la “continuada campaña de mentiras” contra Budapest que achaca a los “colegas bálticos y del norte de Europa (…) cegados por su postura probélica”.

La respuesta oficial la firma ahora el ministro del Interior, Sándor Pintér, y no es muy diferente: “Hungría aplicará las mismas comprobaciones migratorias y de seguridad para las demandas de la tarjeta nacional que en el caso de otros permisos de residencia”, replica a Johansson, según ha anunciado el responsable húngaro de Asuntos Europeos, János Bóka.

La documentación “será emitida de acuerdo con el marco europeo relevante y teniendo en consideración posibles riesgos de seguridad que puedan surgir”, asevera Pintér, que cuestiona que la Comisión ponga en duda unas prácticas que no son nuevas (esa tarjeta nacional ya estaba disponible para ciudadanos de Serbia y Ucrania) y a las que, hasta ahora, subraya, no había puesto pegas. Además, acota Bóka, “solo una fracción de los ciudadanos rusos y bielorrusos residentes en a UE están en Hungría, y Hungría es responsable solo de una fracción de los permisos de residencia emitidos”.

La Comisión no se ha puesto un plazo para analizar la respuesta húngara, aunque ya ha indicado lo que espera aclarar: en tanto que miembro del espacio de libre circulación dentro del territorio comunitario, “Hungría está obligada en todo momento a cumplir las normas Schengen”, recordó la portavoz comunitaria. Y eso significa, recalcó, que “los controles deben de ser muy exhaustivos”, especialmente los de “seguridad”. Aunque Bruselas dice no querer “especular” sobre posibles consecuencias, podría decidir aislar a Hungría del espacio Schengen.

La respuesta húngara llega tarde, aunque a tiempo para que no se vuelva en un nuevo reproche abierto a Budapest de sus socios europeos durante el Consejo de Exteriores que se celebrará en Bruselas la semana que viene. Esta cita ya es, en sí misma, una muestra del hartazgo europeo con Orbán: originalmente iba a ser una reunión informal de los ministros de Exteriores y de Defensa de la UE, el denominado Gymnich, en Budapest, como capital de país que ostenta la presidencia rotatoria europea. Pero las visitas de Orbán a Moscú y Pekín han enfurecido tanto a sus socios europeos que estos no han dudado en empezar a boicotear el semestre húngaro: en vez de Gymnich, el alto representante para Política Exterior de la UE, Josep Borrell, convocó la cita de la semana que viene en la capital belga.

Ya en julio, la Comisión decidió no enviar a ningún comisario a las reuniones de ministros de Justicia e Interior en Budapest, una línea que Bruselas dice que continuará —apoyada por no pocos Estados miembros que tampoco mandan a ministros a las citas húngaras— cuando en septiembre se retome el curso político.

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