ICLEP contó casi dos violaciones a la libertad de expresión diarias en enero de 2025
MIAMI, Estados Unidos. – El Instituto Cubano por la Libertad de Expresión y Prensa (ICLEP) registró un total de 58 violaciones a la libertad de expresión y de prensa en Cuba durante el primer mes de 2025, según su más reciente informe. Las principales víctimas fueron ciudadanos sin afiliación a organizaciones disidentes, activistas y presos políticos.
De acuerdo con la metodología del ICLEP, 47 de estas violaciones estuvieron relacionadas con la libertad de expresión y 11 con la libertad de prensa. Además, se documentaron 23 ataques, amenazas y agresiones psicológicas, 15 usos abusivos del poder estatal, 10 detenciones arbitrarias, 4 restricciones en el espacio digital, tres reclusiones y tres agresiones físicas.
Las provincias con mayor incidencia de estos hechos fueron La Habana (19), Villa Clara (10), Guantánamo (8), Mayabeque (7) y Las Tunas (6). Como ha denunciado el ICLEP en reiteradas ocasiones, “la Seguridad del Estado y la Policía Nacional Revolucionaria (PNR) continúan siendo los principales órganos represores”. Con respecto a enero, el informe señaló una mayor incidencia del sistema penitenciario en las agresiones contra presos políticos.
El documento destaca casos como el de Alexander Fábregas, quien tras su juicio por “propaganda contra el orden constitucional” fue llevado a una celda de castigo por gritar consignas antigubernamentales. Asimismo, Onaikel Infante Abreu recibió una sentencia de ocho años de cárcel bajo la misma acusación.
El ICLEP también alertó sobre la falta de acceso de presos políticos a asistencia religiosa, la incomunicación de algunos durante enero y la negativa de pases reglamentarios a detenidos del 11J, como Leonel Tristá García y Nosley Lázaro Domínguez Linares. En el caso de Edilberto Arzuaga Alcalá, se denunció que fue amenazado e intentaron obligarlo a firmar un documento en el que renunciaba a sus posturas políticas. Al negarse, fue trasladado a una prisión de máxima seguridad.
Las excarcelaciones realizadas entre el 15 y el 20 de enero, en el marco de un acuerdo entre el Gobierno cubano y el expresidente estadounidense Joe Biden con la mediación del Vaticano, también fueron utilizadas como un mecanismo de control. Según el ICLEP, a Lisdiani Rodríguez Isaac, Donaida Pérez Paseiro y Arianna López Roque “las amenazaron en el momento de su excarcelación con volver a prisión si escribían en redes sociales o se comunicaban con la prensa independiente y opositores”.
En cuanto a la censura y represión digital, el informe menciona que Félix Daniel Pérez Ruiz y Cristhian de Jesús Peña Aguilera fueron condenados a cinco y cuatro años de cárcel, respectivamente, por publicaciones en redes sociales consideradas “propaganda contra el orden constitucional”. También se denunciaron casos de periodistas perseguidos, como Niober García Fournier, quien fue acusado de “usurpación de capacidad legal” y posteriormente regulado, prohibiéndosele la salida del país por supuestos motivos de “seguridad nacional”.
La represión alcanzó a ciudadanos comunes, como el vendedor ambulante Wilber García Mora y el conductor de bicitaxi Edgardo Raúl Manso, quienes fueron multados con 24.000 y 10.000 pesos cubanos, respectivamente, tras aparecer en un reportaje del medio independiente ADN Cuba. También se registraron episodios de censura cultural, como la cancelación de dos presentaciones del espectáculo Cabalgando por el aire del actor y dramaturgo cubano Jorge Ferrera, así como la imposibilidad de exhibir la obra Campesinos felices 1938-2024 en la sede del Museo de la Disidencia en Cuba.
El ICLEP concluyó que “la represión contra la libertad de expresión y de prensa en Cuba es sistemática y estructural”, señalando que en 2024 se documentaron 790 violaciones, un incremento del 59,92% con respecto a 2023. Según el organismo, las cifras de enero reflejan una tendencia al alza en la represión gubernamental, lo que sugiere que 2025 podría estar marcado por un nuevo aumento en las violaciones a estos derechos fundamentales.