La COP29 busca poner orden en el mercado global de bonos de carbono
La Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP29) ha aprobado un nuevo marco para regular el mercado internacional de bonos de carbono. La medida pretende dirigir recursos a las acciones climáticas de los países en desarrollo. La ratificación de estas normas estaba pendiente desde hace una década.
Los mercados de carbono se contemplaron por primera vez en el artículo 6 del Acuerdo de París. La disposición establece la creación de un mecanismo que permita a las naciones establecer acuerdos con sus pares para alcanzar los objetivos de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) y apoyar el desarrollo sostenible. La Organización de las Naciones Unidas ha estado trabajando en este pendiente desde 2015.
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Los bonos de carbono buscan financiar iniciativas y proyectos que prometan disminuir la cantidad contaminantes atmosféricos. Cada crédito equivale a eliminar o contener una tonelada de dióxido de carbono (CO2) para evitar que ingrese a la atmósfera. Las nuevas reglas están diseñadas para controlar principalmente las actividades al respecto de los países con más recursos, que suelen ser los más contaminantes. Estas economías han intentado compensar su huella ambiental con la compra de certificados de disminución de emisiones en un entorno poco regulado.
Los criterios adoptados en la COP29 estandarizan la metodología para calcular el número de títulos que puede producir cada proyecto. Además establece un protocolo en caso de que el CO2 almacenado se pierda. Yalchin Rafiyev, principal negociador de la COP29, afirma que “esta será una herramienta que cambiará las reglas del juego para dirigir recursos al mundo en desarrollo y nos ayudará a ahorrar hasta 250,000 millones de dólares al año en la implementación de nuestros planes climáticos”.
Algunos gobiernos han detectado irregularidades en el mercado de carbono y han implementado políticas para garantizar que las transacciones verdes cumplan su propósito. Uno de los casos más destacados es el de la Unión Europea. Una investigación de las consultoras Investico y Follow The Money descubrió que el 43% de los fondos de inversión sostenible en el bloque destinan parte de su capital a empresas de combustibles fósiles. La mayoría de estas instituciones colectivas dedican hasta un 6% de sus subvenciones a compañías que generan ingresos a través del carbón, petróleo y gas. La cifra es equivalente a 6,700 millones de euros.
La Autoridad Europea de Valores y Mercados (ESMA, por sus siglas en inglés) instituyó el Reglamento de Divulgación en materia de finanzas sostenibles (SFDR) para contrarrestar la situación. El instrumento solicita a los fondos evidenciar el nivel de sostenibilidad de sus inversiones. Pese a ello, no fija un monto máximo para las inversiones que los fondos verdes pueden hacer en entidades relacionadas con industrias consideradas como altamente contaminantes. La Comisión Europea está examinando el reglamento para abordar estas deficiencias. El reglamento aprobado en la COP29 es el primero que busca atender situaciones similares a nivel mundial.
La COP29 pone foco en los mercados de carbono
En línea similar, el Consejo de Normas Extra-Financieras Internacionales (ISSB) anunció que 30 países planean imponer a las organizaciones privadas cánones globales contables sobre el clima. Estas reglas fueron creadas por el ISSB y estandarizar los métodos que utilizan las firmas para revelar los riesgos del cambio climático al que están expuestos sus negocios. También homologan la manera en la que se contabilizan las emisiones de GEI que las entidades empresariales inyectan al medio ambiente.
Emmanuel Faber, responsable del ISSB, reveló durante su participación en la COP29 que 16 Estados, incluidos Brasil, Australia, Bangladesh, Singapur, Taiwán, Nigeria y Turquía, están a punto de concluir el proceso paras adoptar la plataforma normativa. Agregó que 14 naciones más como Canadá, México, Kenia, Reino Unido, Japón, Corea del Sur y China han iniciado los trámites para hacerlo. “La mitad de estos 30 países son emergentes y están en pleno desarrollo. La acelerada adopción de nuestras normas supone un cambio fundamental. Se observan claras evoluciones en el consenso político en todas partes”, celebró en una declaración retomada por la agencia AFP.
El régimen de la ISSB permite a los inversores acceder a datos fiables para evaluar el nivel de exposición al cambio climático que tienen las empresas en las que invierten. Al tipificar la contabilidad de carbono y contemplar emisiones directas e indirectas, tiene potencial de verificar con mayor rigor las medidas proambientales de las compañías.
“Las cadenas de valor son globales y ciertos países necesitan con urgencia capital [para cumplir sus objetivos climáticos]. Cuando acogen nuestro modelo regulatorio, lo hacen porque piensan que podrán atraer capital”, concluye Faber.