La Corte Suprema de EE. UU. revisará demandas históricas por bienes confiscados en Cuba
Las causas, impulsadas por Exxon Mobil y Havana Docks Corporation, podrían abrir la puerta a nuevas reclamaciones contra el régimen cubano bajo la Ley Helms-Burton.
MADRID, España.- La Corte Suprema de Estados Unidos aceptó revisar dos casos que podrían sentar un precedente judicial en las reclamaciones por bienes confiscados en Cuba tras la llegada al poder de Fidel Castro. Las demandas, presentadas por Exxon Mobil Corporation y Havana Docks Corporation, se apoyan en el Título III de la Ley Helms-Burton, que permite a ciudadanos y empresas estadounidenses reclamar compensaciones por propiedades expropiadas por el régimen cubano sin indemnización.
El primer caso enfrenta a Exxon Mobil con las empresas estatales CUPET (Cuba Petróleo) y CIMEX, a las que la petrolera acusa de beneficiarse de activos que le fueron confiscados a finales de los años 50, incluyendo la refinería “Ñico López” y más de un centenar de estaciones de servicio. Exxon busca una compensación por daños estimados en unos 72 millones de dólares, una cifra que con intereses acumulados podría elevarse a miles de millones.
El segundo caso fue presentado por Havana Docks Corporation, propietaria original de los muelles del puerto de La Habana, nacionalizados tras la revolución. La empresa demanda a varias compañías de cruceros —entre ellas Carnival Corporation, Royal Caribbean, Norwegian Cruise Line y MSC Cruises— por haber utilizado esas instalaciones entre 2015 y 2019 sin autorización ni compensación. Las navieras sostienen que el contrato original con Havana Docks expiró en 2004, por lo que niegan haber incurrido en violación alguna.
El Departamento de Justicia de EE. UU. respaldó la revisión de ambos casos, alegando un “interés imperioso” en garantizar que los ciudadanos estadounidenses afectados por expropiaciones en Cuba reciban una compensación justa. Por su parte, las entidades cubanas CIMEX y CUPET advirtieron que un fallo adverso podría tener “implicaciones globales” y sentar un precedente con consecuencias diplomáticas y económicas.
La Ley Helms-Burton, aprobada en 1996, había permanecido inactiva durante más de dos décadas debido a suspensiones presidenciales consecutivas, hasta que Donald Trump levantó esas restricciones en 2019, el mismo año en que se presentaron las actuales demandas. Desde entonces, varias compañías estadounidenses han iniciado procesos similares, aunque pocos han llegado tan lejos en el sistema judicial.
Según cifras del Gobierno estadounidense, más de 5.900 personas y empresas tienen reclamaciones certificadas contra el Estado cubano por un valor superior a 1.900 millones de dólares, sin contar intereses. La decisión que adopte la Corte Suprema podría reactivar muchas de esas demandas y redefinir el alcance de la política de Washington hacia La Habana en materia de derechos de propiedad y compensaciones históricas.